Aprobamos una constitución que implicaba cambios profundos en el desenvolvimiento de la sociedad ecuatoriana. Lo hicimos sin un mayor análisis por parte de la misma y sus representantes, y gracias a la aplanadora gobiernista que entre gallos y medias noches acelero el proceso, atropellando procedimientos e ilegalmente introduciendo cambios de última hora que nunca fueron discutidos en la famosa Asamblea de “Axilas Ventiladas” de Montecristi.

Los errores de esa malhadada constitución los estamos ya pagando todos los ecuatorianos.

Ahora estamos al borde de precipitarnos una vez más, aprobando sin mayor conocimiento o estudio de la sociedad, este famoso Código llamado COOTAD de más de 600 artículos que va a significar la derogatoria de cerca de 15 leyes y el fin del sistema municipalista tal como lo conocemos ahora, y la imposición de una regionalización por parte de tecnócratas de la Semplades que creen tener todas las respuestas a los problemas del Ecuador y anhelan cambiar todo porque hay que “refundar” la República pero basados solo en sus “ilustrados” criterios.

La Regionalizacion es un largo, lento, trabajoso y complejo proceso cultural, socioeconómico, político y, por último, jurídico. Enfatizo esta secuencia pues, siendo importante la variable normativa en dicho proceso, creo que ella no es la determinante del éxito o fracaso del mismo..

En Chile –reciente ejemplo de un proceso de regionalización-, el proceso se inicio en 1950 cuando la CORFO planteó, en los primeros volúmenes de la Geografía Económica de Chile, la conformación de 6 regiones. Entre 1965 y 1967 ODEPLAN elaboró una división territorial de 12 regiones, las cuales estaban formadas por agrupamiento de provincias. Usadas solo para fines de planificación y de organización de ODEPLAN, son oficializadas por el Decreto N° 1.104 de 1969. Entre 1974-1976 se crea una nueva organización político-administrativa, en un proceso denominado de regionalización, dirigido por la Corporación Nacional de la Reforma Administrativa (CONARA), y basada en la propuesta de Regiones de la ODEPLAN. El 10 de julio de 1974, mediante el Decreto Ley Nº 575, se crearon 12 regiones (I al XII) y un área metropolitana (Santiago), sobre la base de las provincias hasta en ese entonces existentes. En 1975, el Decreto Ley Nº 1.230, dividió las regiones en provincias (48 en total) e hizo algunas readecuaciones en las regiones. El Decreto Ley Nº 573 de 1974, que fijó el estatuto del gobierno y administración interior del Estado, dispuso que el gobierno y la administración superiores de cada región residía en un Intendente Regional, nombrado por el poder ejecutivo y de su exclusiva confianza; el Área Metropolitana era dirigida por un Intendente Metropolitano. En 1976, el Área Metropolitana pasó a ser la Región Metropolitana, dividida en tres provincias. Por el Decreto Ley 2.339 de 1979, se otorgó denominación a la Región Metropolitana y a las demás regiones.

La Constitución de 1980 mantuvo la estructura y señaló expresamente, en el artículo 45, que el país se dividía en "trece regiones". En el Capítulo XIII, sobre Gobierno y Administración Interior del Estado, dispuso que el gobierno y la administración superior de cada región residiría en un Intendente, de la exclusiva confianza del Presidente de la República, el que sería asesorado por un Consejo Regional de Desarrollo. En 1991, por la Ley Nº 19.097, se modificó la Constitución respecto al gobierno y administración regional y provincial y a la administración comunal. Entre otros aspectos, se estableció que el gobierno de cada región residiría en el intendente, mientras la administración superior de cada región estaría radicada en un gobierno regional.

Por la Ley Nº 20.050 de 2005, se reformó la Constitución, entre otros muchos aspectos, eliminando la indicación del número de regiones en que se divide el país, posibilitando la creación de nuevas regiones por ley, evitando la necesidad una reforma constitucional para efectuarlo, aunque con rango de orgánica constitucional. Durante los primeros meses del año 2007 se promulgaron sendas leyes que dispusieron la creación de 2 nuevas regiones: la XV Región de Arica y Parinacota, como escisión de la I Región de Tarapacá, cuya capital es Arica y la XIV Región de Los Ríos, como escisión de la X Región de Los Lagos, con capital en Valdivia, que se hicieron efectivas en octubre del mismo año.

De este breve relato podemos inferir que a Chile le ha tomado 60 años llegar a la parte culminante de un proceso de regionalización aceptada por la sociedad pero que aún tiene ciertos cuestionamientos por parte de la misma, sobre todo en el aspecto del nombramiento del Intendente por parte del Presidente de la Republica y no por votación popular. Además es importante destacar que esta regionalización se llevo a cabo durante un férreo régimen dictatorial que ostentaba todos los poderes.

Todo esto para destacar que estos procesos no se pueden imponer, en un régimen democrático, como lo quiere hacer este gobierno con su famoso Código, por mero capricho tecnócrata de teóricos embelesados en sus modelos alejados de la realidad y del sentir nacional.

“La regionalización no es sólo un proceso de división del territorio nacional en nuevas áreas geográficas, denominadas con términos antes desconocidos en nuestro lenguaje técnico. La división geográfica tiene que ser el resultado de anhelos y esfuerzos por un mayor desarrollo humano, el epígono de realidades culturales y de trayectorias históricas, factores los tres nombrados que deben ser preexistentes a la normativa jurídico formal y determinantes de su sustancia y finalidad preceptiva. Tales factores son los que vuelven conveniente o necesaria la regulación jurídica del proceso. La energía movilizadora del proceso radica más en los valores que en la normatividad formal.

La regionalización tampoco es únicamente un proceso de reacción en contra del centralismo de Quito, y el desarrollo de Guayaquil, o sea, de las autoridades, las organizaciones, los hábitos, los recursos y medios existentes o disponibles en la capital del país y en el otro gran conglomerado humano. No se debe concebir la regionalización en términos única o principalmente negativos, quiero decir, de odiosidad o recriminación, de envidia o enfrentamiento, de reproche o crítica a la desmesurada dimensión de las grandes ciudades en todo sentido. Por lo demás, esa actitud negativa tendría que ser reconocido que se halla reproducida, a escala menor, entre las ciudades de una provincia y aquella que, siendo su capital, concentra el Poder público y privado, en beneficio propio y perjuicio del resto.

No es sensato, por consiguiente, quedarse en la mera crítica, en la actitud de rechazo o posición negativa, como he dicho. Lo acertado es propugnar los cambios que permitan lograr, en todo el Ecuador, un claro y sostenido avance de su población en el Desarrollo Humano o Calidad de Vida. Esto, ciertamente, presupone la reasignación de los recursos públicos y privados en favor de las regiones, pero junto a eso conlleva un cambio de mentalidad. Esta mutación consiste en desprenderse de potestades, atribuciones o facultades por las autoridades centrales en favor de las homónimas locales, sean regionales, provinciales o comunales, esfuerzo en el que tiene que involucrarse el sector privado.

Toma tiempo crear las condiciones culturales, económicas, sociales, etc. que haga que los pueblos decidan por su propia voluntad unirse en regiones para buscar el mejoramiento de sus condiciones de vida

La regionalización no es tampoco la reforma únicamente del Estado, entendido este en el sentido Estado-Gobierno y no en cuanto Estado-Sociedad. Por eso, discrepo de quienes identifican la modernización del Estado con la finalidad entera de la regionalización, la cual, y por cierto, es mucho más vasta, profunda y compleja que la readecuación del aparato burocrático del régimen gubernativo.

Sin duda, la regionalización es parte y relevante de la modernización del Estado-Gobierno. Pero agrego al instante que ella abarca, a la vez y, quien sabe, con igual o superior intensidad si pensamos en la democracia, al sistema social o sea, al NO Estado en sus diversas divisiones geográficas y funcionales.

Finalmente expresemos que la regionalización no es un cambio sólo administrativo en el Estado Unitario, dejando centralizadas o concentradas, por lo común en órganos radicados en la capital de la República, todas las demás funciones y los cometidos del Estado.”

Estas pocas reflexiones nos hacen ver lo complejo de un proceso de regionalización y lo conveniente que todos los otros aspectos mencionados sean considerados y allanados antes de llegar a la normativa. Esta Revolución Ciudadana que pregona que la patria ya es de todos está convencida de que con dictar leyes elaboradas por un minúsculo grupo de tecnócratas y aprobadas por una Asamblea sumisa, no deliberante y poco conocedora de aspectos complejos de la sociedad en un enfoque holístico, se resuelven los problemas sociales, culturales, étnicos, políticos y económicos del Ecuador

Con estas consideraciones mi recomendación al Gobierno seria echar al tacho de basura el famoso Código y que, con visión de futuro, siembre la semilla perdurable de una futura regionalización del país para cuando ya estos vientos de centralismo y estatismo se hayan esfumado como todos los intentos vanos de disminuir las libertades de los ciudadanos han fenecido. Dividamos al país en base a lo que la famosa Pachamama nos ha entregado, sigamos la lógica de la naturaleza y utilicemos las Cuencas hidrográfica.

Se puede dividir ahora al país en 8 regiones de planificación basándose en las cuencas y subcuencas hidrográficas que fluyen hacia el Pacífico y hacia la Amazonía y creamos, por motivos de planificación descentralizada, 8 Consejos de Cuenca -a imagen y semejanza de la absurdamente eliminada CEDEGE-. que con el tiempo y la identificación de intereses comunes, se conviertan en las 8 Grandes Regiones descentralizadas del Ecuador.

Concibo la regionalización insertada en el marco de la Modernización del Estado y, a ésta, esencialmente como instrumental de la institucionalización o arraigamiento perdurable de la democracia constitucional. No puede ser este criterio más opuesto al que mantiene el centralista gobierno del Presidente Correa con su afán de acaparar todos los poderes y supervisar todas las actividades de la patria.