Aquellos guayaquileños que han nacido con posterioridad al 26 de noviembre de 2006, que en número de 11.729 fueron registrados como nacidos en Guayaquil; aquellos infortunados guayaquileños que en número de 7.961 fallecieron en este suelo; y 189.407 ciudadanos ecuatorianos que obtuvieron su cédula de ciudadanía en Guayaquil, bajo el penoso juicio del director nacional del registro civil son apátridas, y la Patria no es de ellos, ni para nacer, morir o vivir.
En forma burda se ha referido a las cédulas de identidad, documento público que se otorga entre otras personas a los iletrados y extranjeros como lo dispone la Ley de Registro Civil y Cedulación, normativa que el director debería conocer.
Desconoce el vocero del gobierno que los documentos públicos otorgados por competente empleado no pueden ser anulados por una simple declaración de prensa o por un “mandato” de un servidor público sino por un juez competente que declare su nulidad absoluta, hecho que genera la nulidad de todos los actos en que dicho ciudadano haya utilizado el documento de cuya anulación se trate.
Todas las elecciones, consultas y votaciones posteriores a noviembre de 2006 resultarían por orden del director nacional de registro civil nulas, de nulidad absoluta, incluyendo su propio nombramiento de Director Nacional de Registro Civil que deviene del poder ejecutivo, porque en tales actos electorales miles de ciudadanos acudieron a las urnas sin documento de identidad válido al decir de la máxima autoridad de la cedulación en el país.
Estos reiterados ataques a los ciudadanos de Guayaquil que han sido calificados de extranjeros o apátridas en su propio país por portar cédulas de ciudadanías autorizadas por el Estado Ecuatoriano bajo delegación de competencias, no son actos aislados ni casuales. Es evidente que el trasfondo de esta nueva argucia gubernamental es para restar votación a la provincia del Guayas en este año electoral.
La torpeza de este nuevo ataque a nuestra ciudad no tiene precedente ni en el propio gobierno actual que pregona la revolución del siglo XXI. Si se pretende anular las actividades del Registro Civil de Guayaquil declarando inexistentes los documentos expedidos por este moderno organismo municipal, se nos obligaría a llevar nuestros archivos de identidad bajo el sistema del siglo XIX mediante el cual nuestras actas de nacimiento, matrimonio, defunción y cedulación volverían a ser pasto de roedores en bodegas que en realidad constituyen procesadoras de basura y no archivos informáticos como los que existen en la corporación municipal de Guayaquil.
La revolución del nuevo siglo está en el Registro Civil de Guayaquil, cuya eficiencia en beneficio de los ecuatorianos que residen en esta ciudad es innegable, a tal punto que el señor Vicepresidente de la República ha debido salir a manifestar que las cédulas expedidas en Guayaquil son válidas en todo el Ecuador desmintiendo al servidor público que sin atender el estado de abandono de su dependencia pretende destruir el progreso del Ecuador a afectando a cientos de miles de ciudadanos que para él “felizmente no son muchos, pero son bastantes de todas maneras”sic.
Con un presidente en campaña electoral permanente los ecuatorianos debemos estar a la expectativa para defender nuestra identidad, nuestro derecho a comparecer a las urnas con nuestros documentos de ciudadanía y a defender nuestras instituciones.
