En algunas ocasiones he realizado denuncias de lo que ocurre en el sistema portuario y en el aduanero en el país, al momento me encuentro que los viejos problemas atacan recurrentemente ambos sistemas. En la Aduana tenemos la intervención de funcionarios que desconociendo la ley y los convenios internacionales están aplicando indebidamente las leyes, pensando que lo hacen a favor del país o de la corrección, pero debo decirles que una cosa es ser correctos y otra ignorantes (porque ignoran). Me ha llegado información que cuando presenta alguien una declaración de importación, con productos de cualquier marca, están pidiendo la autorización de uso de marca, ¡tremendo absurdo! Solamente se puede proceder a procesar este escudo de propiedad intelectual cuando el supuesto dañado o agraviado, el dueño de la marca o representante autorizado, solicita la retención del producto con el objeto de verificar si esta autorizado el uso de la marca en el Ecuador.
Cuando un producto es vendido por el agente autorizado en otro país, este puede ingresar al Ecuador con todos sus derechos, en caso de que el agente en el país tenga alguna reclamación, deberá hacérsela a quien vendió el producto en el exterior, por cuanto este agotamiento de contrato comercial, releva al comprador de buena fe, que adquiere con la debida factura en la cual consta la identificación del vendedor, el producto que esta adquirido para ser traído al Ecuador, asi debe figurar en la Factura comercial. No puede la Aduana convertirse en protector ad-honorem de las marcas, su labor esta destinada a controlar la aplicación de la normativa tributaria y de las de comercio exterior regladas por los Acuerdos con la Organización Mundial de Comercio. Esta retención del producto va a causarle daño al importador, pero si existe la denuncia se deberá proceder, pero no puede la Aduana sin que medie la denuncia correspondiente retener la carga, eso hace pensar que hay algo raro, o bien desconocimiento o protección indebida de intereses económicos ajenos a la Aduana pero de directo interés del funcionario.
En cuanto a los puertos tengo conocimiento que hay un completo desbalance de la realidad, el Puerto del Estado, esto es, el Puerto de Guayaquil, ha sido regulado con tarifas mas altas que las posibles de aplicar por parte de los puertos particulares, causando un desequilibrio por decir lo menos en cuanto a proyecciones de crecimiento en el negocio portuario, mientras que Autoridad Portuaria de Guayaquil, con su concesionario pierde cada día mas clientes, mas fuerte es el crecimiento de los puertos particulares, muchos de los cuales fueron autorizados como puertos especializados, pero al momento reciben cualquier carga empezando por carga containerizada.
El estado debe entrar a verificar la aplicación de los términos de las concesiones en cada uno de los puertos privados incluso aquellos que le ganaron la pelea jurídica a la APG y no pagaron derechos, arriendo ni participación por algunos años, el caso es que están matando su negocio en beneficio de particulares, muchos que fueron directores de APG ahora son directores o gerentes de los puertos particulares por lo tanto al conocer las fortalezas y debilidades de la matriz, fácilmente pueden encontrar la manera de pelear contra ella y lograr grandes y nada éticas utilidades.
Es importante que se tenga en cuenta que hay de por medio un concierto completo de relaciones que se han plasmado en documentos encaminados a dinamizar el comercio exterior, pero nos encontramos ante estas realidades, la de la Aduana con la aplicación erronea de las bondades de la ley y en APG, un celo absurdo que nos va a llevar a quebrar este servicio tan necesario que tiene absurdos tales como cobrar un tarifario mayor para exportar banano que otros puertos, este no es un puerto especilizado en exportación, pero si se tiene carga, en ese sentido se debe incentivar al exportador, solo con la atención debida en ambos casos podremos avanzar un poco en este duro camino del comercio exterior.
