Feriado por mandato

Resulta ya necio alegar que la Asamblea reiteradamente obra fuera de toda sindéresis  y utilizando el mandato que el pueblo ecuatoriano le confirió en las urnas, lo tuerce a título de acabar con las instituciones existentes.

La minería, rubro explotado de manera rudimentaria por décadas y que no se ha afianzado en el espectro económico como una de las fuentes primarias de ingreso por tratarse de un recurso natural invalorable que permitiría desarrollar una actividad más para el siempre empobrecido pueblo, ahora ha recibido los embates de la Asamblea y con ello los  inversionistas nacionales y extranjeros que han incursionado en esta actividad ven destruida su inversión con acciones sin valor en las bolsas del mercado nacional y mundial.

Según el diario El Universo, entre los afectados constan empresas canadienses, país del que no sólo han surgido inversiones mineras sino de otro tipo como la obra del aeropuerto de Quito, tan debatida como necesaria para nuestra capital.

Es insólito que una actividad extractiva de la que dependen trabajadores ecuatorianos, a título de reformar la institucionalidad del país ha sido declarada extinguida en un ochenta por ciento y sin compensación alguna, de tajo y por un ilegítimo mandato  hasta tanto se promulgue la nueva Ley de Minería y se conforme la nueva empresa minera estatal.

Ningún acto administrativo del Estado que afecte a terceros en cuanto al valor de sus inversiones en el mercado nacional e internacional, por más que así se lo declare, puede estar exento de controversia judicial por reparación de los daños y perjuicios irrogados, y más temprano que tarde vendrán tales reclamos  y seremos los ecuatorianos los que paguemos los perjuicios directos e indirectos que se han generado por una medida inconsulta y antitécnica.

Se pretende sumar a las empresas del Estado como el caso de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, Empresa Nacional de Productos Vitales y tantas otras ya extintas, a la Empresa Nacional Minera que lamentablemente cargará con el peso negativo de los antecedentes de la mala administración del Estado.

Al más puro estilo de Mahuad se ha dispuesto un feriado minero condenando a la desocupación a miles de trabajadores así como a la inanición a decenas de poblaciones que sobreviven con los efectos colaterales de la incipiente actividad minera nacional.

Un Estado no puede ordenar a su pueblo que paralice sus actividades porque los ciudadanos no son burócratas que pueden permanecer inactivos o ser reasignados a otras funciones estatales.  El pueblo ecuatoriano es trabajador y al margen de que las políticas mineras del país sean atentatorias o no al nuevo orden o desorden, por decreto dictatorial no puede ser condenado a la paralización ni por 180 días ni por un solo día.

El botín está a la vista y como se dice aquí, “el señor gobierno” lo que busca es crear un monopolio manejado por la Empresa Nacional Minera y delegar a dedo o bajo concurso la explotación minera pero tal como se ha dado paso a tal estrategia, veo difícil encontrar a nuevos incautos que se sometan a tales concursos para la asignación de concesiones mineras.  Quedará solamente la vía de la ayuda de otros estados como Chile con gran experiencia y tradición minera en la región que asesore y financie a la nueva empresa minera, pero no era necesario paralizar la actividad minera sino controlarla utilizando las leyes existentes y otras que un futuro congreso debía dictar.

De más está decir que el mandato dictatorial no dice de qué van a vivir los trabajadores cesados y las áreas de influencia de la actividad minera,  durante el período que demandará la expedición de la nueva ley y el otorgamiento de las nuevas concesiones o la conformación y habilitación de la  nueva empresa estatal, eso realmente no tiene importancia para los bien alimentados asambleístas.