Luchando contra la corrupción, violentando la Ley

Durante su inacabable campaña electoral, Rafael Correa y su apasionado discurso conquistó a la clase media alta y les vendió un proyecto ideológico-político fundamentado, principalmente, en la convocatoria a una Asamblea Constituyente que redactaría una nueva Constitución Política y, como resultado lógico, transformaría el marco institucional del Estado, terminando definitivamente con la politiquería, la corrupción y toda la inmundicia, propia del sistema imperante, a través de una revolución ciudadana que desvanecería para siempre nuestras frustraciones y desesperanzas;

Sin embargo, ya antes de llegar a Carondelet empezó a cambiar sus propuestas de campaña, tanto en la forma como en el fondo, traicionando su discurso y, lo que es peor, a todos cuantos creyeron en el, pues seguimos enfrascados en una lucha interna estéril, sin motivo o fundamento alguno, que no sea la pueril disputa de intereses particulares, lucha protagonizada por quienes defienden resuelta y enérgicamente los privilegios que brinda un sistema mas parecido a una corte real que a un estado democrático.

Pero, en todo caso, el motivo de este artículo no es volver a hacer un diagnóstico general de nuestra realidad, que no merece ni aguanta más diagnósticos ni discursos,  sino referirme de manera específica a un tema que me parece muy delicado y preocupante.

Una de las principales premisas del proyecto político de Rafael Correa, como ya lo manifesté anteriormente, fue la de desterrar la corrupción en las instituciones del Estado. Pacifictel S.A., en consecuencia, resultaba una de las más necesitadas de limpieza, pues la telefónica ha sido siempre uno de los principales botines políticos de todos los gobiernos que han precedido al de la revolución ciudadana. 

Lucha que es de la más plausible de todas, pues todos sabemos que la telefónica siempre ha sido presa del clientelismo político, invadida de miles de pipones, representantes de los principales partidos políticos, que se han enquistado cual parásitos para lucrar del muy rentable negocio de la corrupción, sin embargo, luego de las primeras gestiones de la actual administración, ya no se escuchan tantos escándalos, lo que resulta en sumo grado ponderable y plausible.

No obstante, en su afán de recuperar las pérdidas producidas por la corrupción que imperaba en la empresa, el Presidente Ejecutivo y su Directorio han decidido tomar correctivos que, si bien no puede llamárselos corruptos porque no lo son, personalmente los considero abusivos en contra de su principal sustento, los cientos de miles de abonados, y definitivamente, alejados de los más elementales principios del Derecho.

Me refiero específicamente al débito por transferencia de línea anulada que aparece en los estados de cuenta de algunos usuarios que, según la telefónica, mantienen valores impagos a su favor, teniendo en buena parte como único fundamento su base de datos, es decir no cuentan con facturas o, por lo menos, con estados de cuenta reales.

Pacifictel, actuando en contra de sus clientes y en contra del Derecho, pretende cobrar deudas que durante más de diez años no ha cobrado, por evidente ineficiencia propia, incluyendo en las facturas de sus usuarios, además del consumo telefónico y recargos de ley, un débito por valores correspondientes a deudas vencidas y, en muchos casos, prescritas, violando lo establecido en el artículo 40 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, creando deudas que legalmente no deberían existir, pues la telefónica, a través de sus funcionarios, a lo largo del tiempo y  violentando su propio reglamento, ha permitido que aquellos usuarios  que mantenían deudas puedan contratar otras líneas telefónicas;

Han dejado de prestar el servicio a las líneas anteriores, pero las han mantenido activas durante varios años, generando facturación por pensión básica e impuestos de ley, sin brindar servicio; no han comercializado aquellas líneas telefónicas, originando un perjuicio enorme a Pacifictel  y a aquellos clientes que no cuentan con una línea porque según la empresa no existen disponibilidad del servicio.

En algunos casos, estas deudas han sido generadas por líneas que no han sido solicitadas por los clientes, lo que hace entendible que muchos de ellos se quejen de no haberse enterado por varios años de la supuesta deuda; y, lo que es peor, no atienden sus justos reclamos  y se encuentran en la incómoda posición de sufrir nuevamente la pérdida de sus líneas telefónicas.

Lo que deberían hacer, de acuerdo con la Ley, es analizar responsable y detalladamente cada caso y demandar civilmente aquellas obligaciones que pueda demandar y aquellas que no, por encontrarse prescritas o por ser producto de la corrupción interna, deberían ser objeto de investigación profusa para encontrar a los responsables dentro de la empresa e iniciar las acciones legales que correspondan.

El Presidente Ejecutivo de Pacifictel, al parecer, no sabe contra que mounstro pelea y terminará perdiendo si no se da cuenta pronto.  Debe recordar que también es su obligación procurar que sus clientes, única fuente legal de sustento de la empresa que dirige, se encuentren protegidos contra atropellos, inequidades, posturas abusivas o engaños.

Espero que le vaya bien en su contienda Economista Guerra, lamentablemente, lo que está haciendo con la mano,  lo está borrando con el codo.   No se puede luchar contra la corrupción violentando la Ley,  es imposible en un Estado de Derecho.