Se pretende que sólo las provincias “postergadas” puedan recibir la solidaridad, los beneficios y ventajas del estado central que pasará a controlar la economía y los negocios financieros del país, que por su importancia y trascendencia económica pasarán a ser parte de la cosa pública. Así se explica que ciudades y cantones como Guayaquil que lideró el voto autonómico estén excluidos de la posibilidad de ser ciudades o cantones autónomos, pese a contar con población 20 veces mayor que la de ciudades o cantones pequeños, cuyos habitantes en su gran mayoría viven en ciudades como Guayaquil y Quito.
Se confunde mediante una estrategia mediática interminable, para así repetir una mentira, cientos y miles de veces que la autonomía no oficial que promueve Guayaquil es “separatismo” no así la “autonomía descentralizadora” promovida por el oficialismo utilizando una opción administrativa inexistente en la práctica y en la teoría, burlándose del escaso o ningún conocimiento sobre la materia del pueblo ecuatoriano, lo que constituye una burla a su inteligencia que atenta a la verdadera soberanía popular que ahora tanto pretenden defender los legisladores de Montecrisis.
Lo propio ocurre con la concesión de servicios públicos como el agua potable en Guayaquil, que se la califica ahora como privatización, figuras administrativas que son opuestas, ya que en la concesión el Estado conserva la titularidad del recurso o bien administrado y en la privatización son propietarios o titulares los entes privados extraños al Estado.
El Ministerio de Gobierno organismo encargado de la defensa de los ciudadanos en sus más elementales derechos, la paz pública y los derechos humanos, arremete contra indefensos funcionarios de la Superintendencia de Compañías por el delito de defender la legalidad e integridad de una institución técnica que con sus falencias siempre se ha mantenido alejada de la politiquería del gobierno de turno y dedicada a la técnica jurídica en el manejo y control empresarial del sistema societario del país. Los valientes funcionarios de la Superintendencia fueron desalojados de la matriz en Quito por dos piquetes de policías bajo la orden del Ministro de Gobierno, reeditando los crímenes civiles contra los ciudadanos de Dayuna.
Mientras estas agresiones contra el pueblo ecuatoriano persisten, la economía va cuesta abajo en la rodada. La canasta básica familiar se aleja de los hogares ecuatorianos y cada vez es más difícil mantener a una familia en cuanto a su alimentación, manutención, educación. La economía que es responsabilidad absoluta del gobierno, pese a la dolarización adolece del más injusto y lesivo impuesto, la inflación.
La dolarización fue el único paliativo para mantener estable a la economía. El actual gobierno, sus asesores y principales funcionarios, con el Presidente a la cabeza se han manifestado contrarios a la dolarización y para paliar la preocupación de todo aquel que lo ha observado, se limitan a decir que se la mantendrá como un mal necesario. Hasta tanto el gobierno hace todo lo posible para que la dolarización sea sustituida por una moneda emitida directamente por el Estado a título de soberanía monetaria, con el retorno de la emisión inorgánica de dinero y de una inflación diaria mucho mayor a la inflación que hoy se propicia con los productos vitales.
Se habla del escudo patrio, de la inconveniencia del nombre de Dios en la constitución, de la doctrina de muerte a los inocentes en gestación, del matrimonio homosexual, y del derecho al goce marital y de tantas otros temas que esconden la realidad, se está destruyendo la economía nacional so pretexto de eliminar el dólar como moneda de uso corriente y se ha gestado ya un Estado a base a una constitución ya escrita que sólo falta promulgarse por intermedio de sus supuestos gestores en Montecristi inspirada en el dicho popular “yo te ofrezco busca quién te de”.
La campaña electoral que continúa con interminables cadenas oficiales que repiten que nuestra patria es de todos, colombianos y mejicanos de la FARC incluidos, no instruye al pueblo sobre los “avances” del articulado de la constitución que es lo que verdaderamente le interesa. Pronto esta campaña a costa del dinero que si es de todos se verá invadida de dádivas politiqueras de entrega de taxis a los taxistas alineados al partido verde desesperanza a un costo de más de Doscientos cincuenta millones de dólares del pueblo ecuatoriano, de entrega con millonaria subvención al precio de electrodomésticos a los beneficiarios del bono popular, reajuste salarial por orden gubernamental a costa de la empresa privada que pronto quedará reducida a pequeños negocios de esquina por quiebra o cesación de pagos, y cuanta maravilla se disponga por orden de las encuestas y la oportunidad electorera buscando un “sí” del pueblo a una constitución de mal llamados “principios constitucionales” que servirán de pauta para cuanta ley se les pueda ocurrir a los futuros legisladores de la orden de la concha.
El pueblo eligió a los asambleístas como sus mandatarios y éstos se convirtieron en abusivos mandantes. El que otorga un poder a otro para que cumpla un cometido y si el mandatario no lo cumple cabe la revocación del mandato y esta se traducirá en un rotundo NO del pueblo ecuatoriano al gobierno, a su Asamblea Constituyente y al fruto de su abuso, los mal llamados “mandatos” y la propuesta de la nueva constitución.
