Periodistas y terrorismo.

Desde el inicio de su gobierno elegido para propugnar el cambio de la vieja política y la sustitución de los intereses privados por los de la colectividad en la acción estatal, el presidente Rafael Correa mostró la hilacha de la intolerancia, el autoritarismo, la soberbia y el uso de la represión para ahogar toda forma de crítica o de protesta.

Los viejos “dueños del país” fueron suplantados el 15 de enero de 2007 por un propietario único e indiscutible: Rafael Correa Delgado, sostenido en su egolatría de Coloso de Rodas por los cargadores de la silla imperial: el Politburó de Alianza País, integrado por obsecuentes beneficiarios de la explotación de la hacienda pública.

El desenlace de la instauración de una monarquía en un país con tradición republicana era lógico: Correa iba a chocar con el periodismo crítico que se resistía a alinearse en la postura adulatoria y encubridora, tan ansiada por los dictadores.

Todo el Ecuador conoce la historia. Periodistas sacados a la fuerza de las ruedas de prensa, otros ultrajados de palabra y obra, los más incluidos en una generalización nacida de la bellaquería oficial: “bestias humanas”. El matón que insulta cuando está protegido por chalecos antibalas y las sofisticadas armas de su guardia pretoriana, no ha respetado ni a las damas. “Gorda horrorosa”, “asalariada de Nebot”, “vocera infame de la oposición” son algunos de los epítetos del bizarro gobernante que propone el “cambio” a sangre y fuego.

El drama vivido por el país, uno de cuyos capítulos más siniestros se dio cuando el gobierno se propuso captar el Congreso y luego decapitarlo, originó un severo editorial del diario La Hora titulado “Vandalismo oficial” en el que se atribuía al Gobierno la intención de incentivar la crisis de aquel momento y “aumentar la confrontación para pescar a río revuelto”.

“Esta política que sale definitivamente de la Presidencia de la República y que pretende gobernar con tumultos, piedras y palos es vergonzosa para el primer mandatario que se ufana de ser un hombre civilizado y respetuoso de las opiniones de los demás. La fuerza pública será desde hoy la responsable de las bandas armadas que los actores políticos no gubernamentales tendrán necesariamente que conformar frente a la complicidad dolosa de la Policía Nacional, porque ya no es un simple descuido, sino una política del actual gobierno” decía el editorial.

Júpiter tronó como era de esperar. Ordenó a la Fiscalía (su independencia es un cuento) iniciar una investigación contra el director de La Hora y el 10 de mayo de 2007 propuso una denuncia considerando que el editorial se amoldaba a lo dispuesto en el artículo 230 del Código Penal que dice: “El que con amenazas, amagos o injurias, ofendiere al Presidente de la República o al que ejerza la Función Ejecutiva, será reprimido con seis meses a dos años de prisión y multa de ciento a quinientos sucres”.

Correa, quien se proclama demócrata, conciliador y tolerante, acudió a un artículo inexplicablemente no derogado por anteriores Congresos, que fue incorporado a la legislación penal durante las dictaduras militares para evitar que a través de los medios, los ciudadanos se burlaran de los exóticos gobernantes de uniforme.

El 26 de junio de 2008 el circunspecto diario La Nación, de Argentina, publicó un editorial titulado “Patoterismo oficial” que critica el nexo entre funcionarios del gobierno kirchnerista con “oscuros y fornidos personajes cuya función parece ser, además de la de custodiarlos, la de amedrentar, disuadir y también atacar a quienes se manifiestan en contra del Gobierno”.La reacción de la presidencia argentina ha sido la de tratar de aclarar la acusación, documentada con fotografías, sin pedir a la justicia o a la fiscalía la prisión de los directivos del diario. (ver http://www.lanacion.com/).

Durante un año, en cada discurso oficial (especialmente en los recintos militares o policiales) y en esa especie de “Feria de la Alegría” que son sus comparecencias radiales de los sábados, el presidente Correa ha intentado ubicar a los periodistas críticos de su gestión en el paredón para que sean ajusticiados por el pueblo, culpándolos del fracaso político de su gestión, del desastre económico, del derrumbe de la producción petrolera, de la ineficacia de la rehabilitación vial, de la inflación galopante, del incumplimiento en la rebaja del IVA, en la construcción de 50 mil casas por año y en la puesta en marcha del ferrocarril, del desprestigio internacional por los nexos con las FARC y de los oscuros procesos en la adjudicación de la construcción de una central termoeléctrica y una refinería, por mencionar sólo algunos de los costosos desatinos gubernamentales.

Responsabilizar al periodismo de tener un pacto con el pasado para obstaculizar la labor del régimen no ha sido todo. Correa ha imputado irresponsablemente a los periodistas no alineados con la “Revolución Ciudadana” la comisión de un delito de muy graves repercusiones: terrorismo. Tal como cuando llamó a los militares “traidores a la patria”, Correa no ha presentado ninguna prueba por lo que puede ser enjuiciado por injuria calumniosa grave.

La última vez que insultó a los periodistas fue en la sesión solemne por los 184 años de la independencia de Portoviejo. Según El Diario de esa ciudad del 25 de junio de este año “En tono molesto el presidente de la república Rafael Correa dijo (..) que el accionar del gobierno ha sido transparente y pidió a los asistentes no dejarse llevar por ciertos periodistas a los que calificó de terroristas”.

Pero los periodistas no hemos sido los únicos “terroristas” para el concepto neroniano de la política que tiene el primer mandante (no primer mandatario) Rafael Correa. En la larga lista publicada por su larga lengua hay otros “terroristas”. Por ejemplo, el ciudadano Xavier Ordoñez, apresado por los “Tonton Macoutes” de Carondelet por “hacer señas impúdicas” al monarca. También Guadalupe Llori, prefecta de Orellana y los habitantes de Dayuma que protestaron por el incumplimiento de Correa en sus ofertas de vialidad, energía y protección social y que fueron brutalmente reprimidos por el gobierno. Se agregan los mineros artesanales igualmente castigados con brutalidad por los genízaros de Correa.

Para contraste, las FARC no son terroristas para el presidente ecuatoriano. El 5 de octubre de 2006, en entrevista concedida al periodista cubano Ricardo Brown, Correa dijo textualmente al contestar a su interlocutor si las FARC eran terroristas: “Terroristas, no, guerrilleros. El guerrillero pelea una guerra. Los terroristas son los que matan a mansalva y crean terror”.

El presidente del Ecuador se ha esforzado por vender al mundo y al país la idea de que él dirige un régimen progresista, de izquierda nacionalista, antioligárquico, compenetrado con las necesidades sociales y e
nemigo de la represión. La realidad es muy distinta al discurso oficial y está más cerca del terrorismo de Estado de lo que el Primer Mandante pretende atribuir a los periodistas indóciles.

Vivimos tiempos difíciles muy cercanos a lo que en su tiempo significaron los regímenes de Augusto Pinochet o “Papa Doc” Duvalier. Cuando la dictadura de Francisco Franco apretaba el cuello de España y se apoderaba de los medios de comunicación, el ilustre don José Ortega y Gasset definió en pocas palabras lo que ocurría: “En estos tiempos quien no sea como todo el mundo, quien no piense como todo el mundo, corre el riesgo de ser eliminado”.

Así estamos hoy en el Ecuador, queridos conciudadanos.