Libertad de expresión rumbo a prisión

La libertad de expresión es un tema recurrente en las sociedades que transitan hacia las dictaduras. Deja de serlo y nadie se refiere a ella cuando existe una auténtica democracia o cuando, contrariamente, una dictadura ya se impuso. El temor, en este último caso, se encarga de sepultarlo. Y mientras las dictaduras tienden a desaparecer en el mundo contemporáneo y la libertad de expresión a reafirmarse, el Ecuador sigue quedándose atrás, en la retaguardia del tiempo.

Es casi connatural a nuestra idiosincrasia enfrascarnos en la masoquista lamentación de ser unos tristes pendejos en el concierto internacional, esperanzados en los resultados futboleros como única muestra de nuestras virtualidades.

Las legislaciones modernas prácticamente han acabado con la punición de los excesos presuntamente cometidos por un periodista. Los daños que sus expresiones pudieran causar a terceros, hoy se inscriben dentro del ámbito estrictamente civil. ¿ Por qué ? Porque la libertad de expresión es un bien jurídico superior, inherente a la personalidad humana y constituye un derecho inalienable de quien la ejercita , independientemente de sus contenidos.

Poniendo en la balanza las situaciones planteadas por las opiniones de un periodista con los hipotéticos daños que éste pudiera irrogar a terceros, prevalece la libertad de expresión de aquél. Eso es parte y sostén de una auténtica democracia, que provee a través de su legislación de otros recursos y acciones a quienes se crean damnificados por esos supuestos excesos.

Hay un viejo aforismo que resumo: “ quien pretende salvar a la Patria no viola las leyes”. El caso de Rómulo López es paradigmático de la intolerancia presidencial. López ha pretendido poner al descubierto un embuste que daría lugar a una sinigual torpeza gubernamental. Su intención era salirle al paso y evitarla. Bajo su óptica, quería librar al país de una catástrofe. Pero su intento resultaría ser un delito. Para él no habría libertad de expresión.

El honor de la República estaría en juego. El honor del gobierno habría sufrido un agravio. ¡ Estupideces ! El honor no es institucional ni corporativo. Es un concepto humano y personal, con nombres y apellidos. Pero este gobierno piensa que las críticas son desacreditantes y lesionan “su honor” si alguien señala sus defecciones, ciertas o hipotéticas. De este modo, toda crítica negativa – cualquiera – resultará insultante e injuriosa bajo el rasero autoritario y centralista .

Y así se cometerá el crimen de destruir la libertad de un individuo a pretexto de que está haciendo uso indebido de ella, olvidando que es preferible tolerar a algunos antes que constreñir a todos y que privar de la libertad a un semejante por exponer sus disconformidades, constituye un claro atropello a la sociedad y a la democracia. Al fin y al cabo, la libertad para opinar es, ¡siempre!, la libertad de quien no piensa como el gobernante. Algo que Correa nunca entenderá.

A través de Rómulo López – no hay duda – se quiere escarmentar a todos cuantos cuestionan la labor de este gobierno. ¡A cerrar la boca! es el intimidante mensaje de Cartondelet. Mas, no seremos libres si nuestra conducta debe estar condicionada a la amenaza de un castigo por parte de quienes ejercen. el poder Habrá, sin duda, pusilánimes dispuestos a ceder su libertad esencial para “gozar” de una pequeña seguridad temporal. Pero pronto entenderán que no la han merecido y que sólo habrían contribuido a ensuciar nuestra incipiente y amenazada democracia.

Sostengo que si el gobierno ha mentido, hay que denunciarlo. Que si el gobierno es corrupto, hay que desenmascararlo. Que si el gobierno es atrabiliario , hay que luchar para frenarlo. Es un derecho y un deber ciudadanos que se materializa, en mi caso al menos, con la expresión libre y sin cortapisas.

Temas como el de la dolarización ( impugnada y defendida a la vez por el gobierno), como el de las denunciadas vinculaciones con las terroristas FARC, como el de los penetrantes tentáculos del narcotráfico que éstas lideran , como el de la corrupción manifiesta de algunos funcionarios, como el de la iracundia presidencial que erige barreras en vez de eliminarlas, como el de la obcecada agresión a Guayaquil, como el del despilfarro fiscal, como el de la duplicación y multiplicación de cédulas de identidad, la obsesión gubernamental por emitirlas y el empadronamiento electoral de fallecidos, (que podrían ser utilizados para consumar un fraude electoral) , como el de las flatulencias legislativas , entre otros, no pueden ser omitidos por quienes tienen el derecho a expresarse con libertad .

Si alguien cree que cerrar la boca de los periodistas es la solución adecuada, se equivoca. Porque las palabras que bajo esas represivas circunstancias pronuncien los defensores de su libertad de expresión, cobrarán mayor jerarquía .

El Tribunal Supremo de Justicia de los EE.UU.,, en uno de sus múltiples fallos que privilegian y consolidan la libertad de expresión, afirmó que “ el coste de hablar con libertad no debiera nunca inducir a su desánimo” . Y es célebre el caso de ese cuestionado personaje, editor de la revista “Hustler” , cuya libertad de expresión fue protegida a disgusto por ese mismo Tribunal, como un derecho inmanente a la calidad y condición humanas, más allá y por encima de la descalificación ética del individuo, sujeto en todo caso a sanciones que NUNCA encajarían en el ámbito penal. Ese ámbito dentro del que un gobierno autocrático se mueve a sus anchas cuando logra poner de rodillas a buena parte de la Función Judicial. .

Sólo falta que alguno de los tribunales ad hoc que el gobierno mantiene bajo su férula, resuelva que el único y exclusivo representante de la libertad de expresión en un país cuya revolución dizque está en marcha , es el mismísimo Correa . Hacia allá estaríamos apuntando. Los demás críticos, si no ponen su rodilla en tierra, a la cárcel.