Esa parece ser la tónica real de trasfondo en el asunto del SOAT, pues nuestro Presidente nada dice de funcionarios de su régimen que lo desautorizan y que son participes, con sus actos dilatorios, de uno de los atracos más descarados de los últimos tiempos, que se ha perpetrado contra los ciudadanos ecuatorianos que pagamos el famoso e inflado SOAT.
Ese seguro nació chueco, pues habiendo suficiente estadística sobre accidentes de tránsito, elemento esencial para cualquier seguro, se realizaron cálculos arbitrarios para fijar las tarifas a cobrar, que por cierto hemos visto estaban superinfladas para favorecer a las compañías aseguradoras y sus mecanismos de enriquecimiento vía gastos y reaseguros, aparte de sus utilidades, mientras los demás involucrados en el sistema se las han tenido que arreglar como mejor han podido, unos pagando una prima excesiva, otros recibiendo mal servicio y otros tratando de cobrar.
Cuando se detecta un acto de abuso como el ya claramente establecido con el SOAT, se tiene que rectificar de inmediato y cualquier dilación se convierte en un acto reñido con lo justo y correcto. Que la ley y el reglamento se contradicen… pues antes está el bien y el interés públicos, y teniendo como tiene este Gobierno control total del poder legislativo, bien pueden rectificar de inmediato cualquier ley que esté reñida con lo que sea mejor para los afectados que pagan y reciben el servicio.
La Superintendencia de Bancos continúa actuando como ya nos ha demostrado: En bien y beneficio de los banqueros y aseguradores, mientras se atenta contra los usuarios del sistema al permitirse abusos.
Aún más, se permite la práctica de lucro excesivo, como la multa del 15% mensual por demora en la renovación del seguro. ¡15% mensual – 180% anual! (si no es más, pues parece que aplican interés compuesto y fracción de mes) Eso es usura por donde se lo vea, pero con aval del Gobierno. Y todos son especialistas en lavarse las manos y pasarle la pelotita al vecino, cual buenos Pilatos, con el fin de que el lucro desmedido continúe para los aseguradores y el perjuicio continúe para los usuarios.
Lo que está sucediendo con el SOAT es sintomático de lo que está pasando en todo el país: La corrupción está rampante y es promovida por el mismo Gobierno a través de funcionarios que, o son incompetentes o son beneficiarios de los actos que propician.
Lo triste de todo esto es lo burdo que resultan estos actos reñidos con la moral pública. Esa es la única diferencia entre el pasado y la revolución ciudadana. En el pasado al menos tenían fineza para el lleve, en cambio en la revolución del socialismo del siglo XXI el lleve es descarado, desvergonzado, burdo y hasta tonto, pues los funcionarios responsables se basan en la premisa de que los ciudadanos somos todos idiotas y que no nos vamos a dar cuenta de la forma en que se perjudica a los intereses públicos. Pues sepan que están equivocados. Nos damos perfecta cuenta de lo que hacen, con aval del Gobierno.
