Reflexión económica: comentarios a las medidas económicas del 26 de agosto

La situación económica que los ecuatorianos experimentamos día a día en nuestras actividades normales; comprando bienes y servicios, produciendo o trabajando para alguna institución pública o privada, evidencia claramente la dificultad de generar riqueza y si queremos ser más explícitos podemos utilizar una frase del argot popular, “la dificultad de llevar el pan de cada día al hogar”.

En estas circunstancias, el gobierno nacional presentó un paquete de medidas económicas, que tienen como objetivo: proteger la dolarización, preservando la liquidez en el sistema y canalizando el ahorro público a la inversión; disminuir la evasión tributaria, a través de incentivos a los sectores productivos y estimulando la demanda interna de los hogares.

Estas medidas son en definitiva, una respuesta oportuna al proceso de declive significativo en la actividad económica que la economía ecuatoriana ha venido sufriendo y que es perceptible en indicadores como: las tasas de variación en el Producto Interno Bruto, en la rama de Industrias Manufactureras (excluye refinación de petróleo) de 8.1 en el 2008 a 1.7 en el 2009; y en la rama del Comercio al por mayor y al por menor de 6.5 en el 2008 a 1.4 en el 2009; en la tasa de desempleo que en junio del 2008 era 6.4 y en junio del 2009 es 8.34; y en el estancamiento de los depósitos bancarios (datos tomados del INEC y BCE). Y son tan oportunas que corresponden desde el punto de vista económico al concepto de políticas anticíclicas, que se estarían tomando en el inicio de una fase recesiva que podría afectar a nuestra economía.

El primer objetivo de proteger la dolarización a través del mantenimiento de la liquidez, utilizando como parámetro el coeficiente de liquidez doméstico ya ha rendido frutos advirtiendo la necesidad de inyectar recursos frescos a la economía. La repatriación de 600.000 millones de dólares entre mayo y junio, sirvió para palear la escasez de dinero en el mercado. Hubiéramos preferido que el mecanismo para dicha repatriación de dinero fuera a través de incentivos a la inversión en nuestro país, sin embargo el formato que utiliza el gobierno de castigar con una mayor tasa impositiva (2% al impuesto de salida de divisas) a aquellos sujetos económicos que ante el riesgo que perciben del país, prefieren llevar a otros mercados financieros su dinero, corresponde a un estilo particular pero que en definitiva a representado ingresos a la economía ecuatoriana. Vale la pena que los capitalistas evalúen la conveniencia de seguir pagando este impuesto.

La franja de 500 dólares por transacción muestra la sensibilidad del gobierno ante operaciones que los sujetos económicos realizan enviando dinero al exterior y que no corresponden a una actitud de desconfianza en el país, considero que los diferentes sectores económicos pueden elevar sus propuestas al gobierno nacional en los casos en que sea actividad propia de su negocio el envío de dinero al exterior. Independientemente, que para el caso de los importadores se determina como contraparte a este impuesto a la salida de capitales, la disminución de aranceles a un importante número de partidas, tipo materia prima, etc. Habría que evaluar cuantitativamente en cada sector de la economía el resultado neto para establecer en qué medida el gobierno debería implementar excepciones.

En cuanto a la canalización del ahorro público a la inversión se establece la inversión doméstica de la llamada reserva internacional de libre disponibilidad. El concepto de una reserva monetaria en un sistema de dolarización corresponde más a un esquema de prudencia financiera que a una necesidad puramente técnica y la misma debe ser administrada bajo parámetros de seguridad, de liquidez y de rendimientos. En cuanto a los fondos que alimenta esta reserva consideramos que los que corresponden al IESS no deben ser considerados fondos públicos por cuanto sus verdaderos dueños son los afiliados y no el estado, los fondos que corresponde a los municipios, consejos provinciales, deberán ser administrados de acuerdo a la ley y a las necesidades de estas entidades que son autónomas, pero los que corresponden al estado si se justifica plenamente que sean inyectados en la economía como dinero fresco que tenga un efecto multiplicador, pero que los mismos sean canalizados hacia inversiones con muy bajo riesgo y que especialmente contribuyan a infraestructura productiva.

El fijar tasas de interés pasiva máxima para depósitos públicos, es una medida que se venía esperando desde hace mucho tiempo, pues era conocido por todos que el propio estado estiraba el techo de la tasa de interés activa en el mercado financiero lo cual contribuía a encarecer el precio del dinero en todo el sistema. Se espera que los criterios bajo los cuales se fijen estas tasas contribuyan realmente a normalizar el sistema de tasas de interés en el país.

La viabilización de inversiones de recursos públicos en la banca privada utilizando la banca pública es parte de la necesidad que teníamos en el país del fortalecimiento de la cooperación y coordinación básica que debía existir entre el sector público en general y la banca privada, más aún cuando según el Ministerio de Finanzas “El crédito del sector público representa el 11% del total de crédito entregado; por su parte, la banca operativa privada otorga alrededor del 71% del crédito total; un rubro estimado en 9% corresponde al crédito otorgado por el sistema cooperativo regulado por la Superintendencia de Bancos; mientras que alrededor de un 9% es cubierto por créditos entregados por Sociedades Financieras, Mutualistas y Tarjetas de Crédito.”. Siendo así, el canalizar a través de la banca pública importantes cantidades de recursos financieros, es la herramienta que tiene el gobierno para inyectar dinero a la economía pero la alta participación en el mercado crediticio de las instituciones financieras privadas, las hacen socios indispensables para la implementación con éxito de dicha medida.

El mal hábito de no pagar impuestos en nuestro país es una realidad indiscutible por eso son comprensibles la imposición de un impuesto mínimo en base al anticipo del impuesto a la renta y el grabar por igual ingresos laborales e ingresos de capital; este último afectando a las clases más pudientes del país. Pero es que son asombrosos los datos sobre la concentración del ingreso per cápita en nuestro país, porque si los comparamos con otros países nos daremos cuenta de la distorsion terrible que existe. El 20% más rico en el Ecuador recibe el 58% del ingreso per cápita mientras que el EEUU el 20% más alto concentra el 44,6%. En el Ecuador el 20% más pobre concentra el 3.4% del ingreso per cápita, mientras que en los EEUU el 4.4% del ingreso per cápita. Estas cifras darán cuenta de la injusta distribución del ingreso en el Ecuador producto del sistema económico que se ha implementado en las últimas décadas y que definitivamente su estructura porcentual deberá moverse en base a criterios más equitativos y proporcionales.

La estimulación de la demanda interna de los hogares a través de medidas como el pago prorrateado de los fondos de reserva, el pago de salarios de funcionarios públicos, la reducción de tarifas de servicios financieros en el mantenimiento y transacciones con tarjeta de crédito y la regulación de las tarifas financieras en operaciones de establecimientos comerciales, son medidas creativas e interesantes pero considero que requerirán una mayor profundización de los programas de implementación y un trabajo asociado con las entidades financieras privadas y las empresas comerciales para que se cumpla el objetivo de “maximizar la velocidad del dinero y disminuir los requerimientos de masa monetaria e incentivar el uso de dineros plásticos”.

En conclusión, las medidas económicas, tal como han sido anunciadas, corresponden a una visión moderna de estructurar la política económica del país, se adecuan a la realidad nacional y pretenden desde un punto de vista, eso si fiscalista, reaccionar al declive que la economía ecuatoriana ha tenido en estos últimos tiempos. Estaremos a la espera de que en la implementación de las medidas anunciadas no se distorsionen los objetivos planteados inicialmente, puesto que las mismas merecen ser pulidas en función de los criterios que he vertido y muchos más que seguramente la sociedad ecuatoriana sabrá expresar.