El gobierno traspasa el campo petrolero Sacha a Río Napo, compañía mixta de carácter privado, formada por Petroecuador y PDVSA, a pesar del informe negativo de la Comisión Técnica. La ley debió ser acatada y no se debió aplicar la “contratación directa” a una compañía privada.
Más aún, Petroproducción traspasará infraestructura y operaciones a la contratista, lo que constituye el uso indebido de los bienes del Estado. Para que haya peculado debe existir beneficio propio, pero si ése no es el motivo ¿por qué se beneficia a una compañía privada con nuestros mejores activos y sin concurso?
Enarsa ya no será socia de Termopichincha en la compañía Coca Codo Sinclair porque no cuenta con capital para participar en la construcción del proyecto de generación eléctrica y el gobierno comprará las acciones que le correspondían a esta empresa argentina reconociéndole su participación del 30% y también por gastos extras realizados en contratación de técnicos y alquiler de oficinas por dos años en Ecuador. ¿Y no se le dijo constantemente a este gobierno que Enarsa era una compañía de papel? ¿Por qué se le concedió el 30% de acciones entonces? ¿Qué hace la Contraloría y la Fiscalía para terminar con el despilfarro de nuestros recursos favoreciendo a compañías que no están facultadas para realizar los proyectos encomendados o no están facultados por la ley?
Además, al Estado ecuatoriano se lo está comprometiendo con una gran cantidad de juicios en su contra, a nivel nacional e internacional, que en conjunto representan miles de millones de dólares, tanto en casos existentes como por venir como el de Cotundo Minerals que se está preparando en Londres por la expropiación de sus supuestos derechos entregados a Ivanhoe y que ahora toma fuerza nuevamente con las declaraciones del hermano del Presidente acerca del gobierno.
El Fiscal debe parar sus declaraciones en público que tienen más tinte político que técnico. Sus declaraciones lejos de ayudar a nuestro país, le hacen daño por lo notable de su inclinación hacia el gobierno. El Fiscal debe ser imparcial y debe parecerlo también. No debe adelantar criterios ni emitir sus opiniones acerca de los casos que ventila. Hacerlo, es dar una pésima imagen de la justicia de nuestro país y ocasiona más desconfianza con las consecuencias negativas que ésto atrae.
