Salvaguardias, Crecimiento económico y Desempleo

A inicios de 2009 la crisis financiera mundial golpeaba los mercados generando recesión económica en la mayoría de los países desarrollados y en vías de desarrollo. La economía ecuatoriana no fue ajena a este suceso y sufría el embate de la crisis a través de tres canales: disminución de nuestras ventas al mundo, disminución de las remesas que enviaban los migrantes y disminución del precio del petróleo.

En aquel momento se preveía que el crecimiento económico que en los dos últimos años había sido impulsado por un elevado gasto público iba a tener una drástica caída, ya que la inversión privada había sido en gran medida desplazada por la pública que depende de los ingresos petroleros, y efectivamente se concreto, ya que en 2009 según organismos internacionales la economía ecuatoriana decreció en 1% y según fuentes oficiales creció 2%. Ante este escenario de bajo crecimiento y disminución de las exportaciones, la política comercial del gobierno introduce salvaguardias con el fin de desincentivar las importaciones y atenuar el déficit comercial.

Esta práctica es coherente y guarda estrecha relación con lo que desde el inicio ha promovido el presidente Correa en temas comerciales: el comercio no debe ser libre sino muy regulado tratando de “proteger” la industria nacional, no a los Tratados de Libre Comercio y los sectores a desarrollarse estarán determinados por la planificación central del gobierno.

Pero que sea coherente con la visión del gobierno no significa que sea lo que Ecuador necesita para lograr crecimiento económico que al final es lo que va a repercutir en un mejor nivel de vida para los ecuatorianos. Si bien el libre comercio no es una condición suficiente para el desarrollo de un país; ya que se necesitan otras condiciones, como un Estado de Derecho donde las reglas claras sean la norma, un sistema tributario que incentive el sector productivo, un sector público eficiente y competitivo, certidumbre sobre el futuro para que llegue inversión de nacionales y extranjeros, etc., si es una condición necesaria.

Sobre esta afirmación lo que más abunda es evidencia que la comprueba, al respecto se puede consultar el Índice de Libertad Económica del Fraser Institute de Canadá (www.fraserinstitute.org), el Índice de Libertad Económica del Heritage Foundation de EE.UU. (www.heritage.org), o el Reporte de Competitividad Global del Foro Económico Mundial (www.weforum.org), donde claramente se muestra la relación directa entre libertad económica y desarrollo económico de los países. Pasado ya un año de la medida se puede evaluar si cumplió o no con las expectativas del gobierno. Entre los argumentos del por qué de la medida el presidente Correa criticó que se destinen US$1.200 millones a la importación de bienes suntuarios, señalaba: “Es una lástima que esos dólares, esos euros que con tanto sudor ganan nuestros emigrantes, ese petróleo que debería servir para futuras generaciones, se desperdicien, se boten por la ventana” Diario El Comercio, lunes diciembre 8 de 2008. Es decir que una de las motivaciones para la implementación de las salvaguardias era que disminuya el consumo de este tipo de productos, pero lo que sucedió fue que los bienes que más disminuyeron su importación fueron los bienes de consumo duraderos (-23,42%) y las importaciones de materias primas (-23,01%); que no precisamente son bienes suntuarios y siendo las materias primas bienes relacionados con la actividad productiva. Mientras que, los bienes de consumo duradero disminuyeron en 21,13%. Por tanto, mal podría afirmarse que la intención de mermar la importación de bienes suntuarios justifica una medida que agrega un elemento adicional para que las importaciones de bienes útiles para el sector productivo disminuyan.

Otro de los argumentos esgrimidos por el presidente Correa fue: “Buscaremos proteger la liquidez del sistema. Si tenemos grandes déficits y el dinero no está entrando, la economía colapsa. Y, obviamente, proteger la dolarización que depende de cuántos dólares haya disponible en la economía” Diario Expreso, jueves 27 de agosto de 2009. Sobre este argumento que es el más popular para justificar las salvaguardias debemos hacer varias puntualizaciones. Comencemos por el tema de la liquidez del sistema y la afirmación de que la economía y la dolarización colapsarían si no hay dólares disponibles: este aserto lleva implícito la creencia de que la economía necesita una “cantidad optima” de dinero, lo cual es muy discutible, pues la cantidad total de dinero en una economía se ajusta a la cantidad total de bienes de dicha economía a través del sistema de precios.

Por ejemplo, si existe una economía donde el total de bienes disponibles son dos camisas y el total de moneda son dos dólares, el precio de cada camisa tendera a ser un dólar por camisa. Si por un factor exógeno a la economía la cantidad de moneda disponible disminuye de dos dólares a un dólar, el precio de cada camisa tenderá a ser un dólar, este proceso automático tiene como precondición la libertad de precios. Ergo, lo relevante en este sentido no es la cantidad de dinero disponible en la economía sino reglas claras y previsibles sobre la libertad de precios. En el caso ecuatoriano precisamente ese es el problema principal, ya que los principales precios de la economía, desde salarios hasta la tasa de interés están regulados y no son flexibles.

En el caso de que la moneda disponible disminuya las empresas disminuyen sus ingresos pues sus ventas (en la mayoría de los casos) si están sujetas a precios libres; mientras que, sus costos si están regulados y son inflexibles a la baja, lo que genera problemas para las empresas que son las que dan empleo. Pero no hay que confundir consecuencia con causa, el problema se origina por el control de precios.

Por otro lado, el gobierno señala que le preocupa la liquidez del sistema y que su meta era impedir que salgan aproximadamente US$1.500 millones, esta cifra palidece cuando observamos que el gobierno entre el 2007 y el 2009 incrementó el gasto público total en más de US$27.000 millones, es decir pasó de US$26.300 millones (24% del PIB) entre 2004 y 2006 a más de US$53.500 millones (35% del PIB), casi US$9.000 millones más cada año. Lo que realmente preocupa luego de encarar estos datos es que a pesar de que el gobierno ha incrementado significativamente el gasto público el crecimiento económico en los últimos tres años ha sido aproximadamente 3%, que es el promedio de los últimos 30 años.

Este crecimiento no alcanza para generar desarrollo. En este sentido el gobierno tiene enfrentar la realidad, las naciones no se desarrollan sólo con gasto público, el gasto público es sólo uno de los motores del desarrollo, pero se necesitan otros que pueden llegar a ser mucho más importantes, como: la inversión privada, la actividad emprendedora, el consumo de los hogares, etc. Es como si tuviésemos un avión de varios motores donde el piloto decide apagar todos menos uno (gasto público).

Dicho motor tiene un máximo de capacidad y usarlo perennemente a plena potencia conlleva el riesgo de que explote. Lo mismo sucede en la economía ecuatoriana que tiene riesgo de colapsar, no tanto por el incremento de las importaciones como por el hecho de desconocer el rol que tiene en el crecimiento económico la actividad privada. En este punto la pregunta que puede aparecer es ¿por qué se han incrementado las importaciones de forma tan significativa? Y la respuesta a esta pregunta la encontramos en la gran cantidad de recursos que introdujo el gobierno a través del gasto público que pudieron canalizarse de dos maneras: Uno, se pudieron destinar a la producción y el empleo dinamizando el sector productivo para luego los ingresos adicionales destinarse a compras del exterior; o, dos, destinarse directamente a importaciones sin dinamizar la economía.

Y precisamente el segundo caso es lo que ha estado sucediendo en el país, principalmente por el mensaje que ha dado la política pública en los últimos años, donde la percepción de viabilidad de las inversiones en el país ha sido dañada. Estas condiciones también se hacen evidentes al ver la balanza comercial petrolera y no petrolera, cuanto mayor el superávit de balanza comercial petrolera mayor el déficit de balanza comercial no petrolera; es decir, cuanto mayor los ingresos adicionales por el petróleo más se gasta en importaciones en lugar de inversión productiva local, y la causa nuevamente la encontramos en el mensaje que envía el gobierno sobre el futuro de la economía ecuatoriana donde el Estado va a ser el principal actor.

Por último, otro de los argumentos para implementar las salvaguardias es que Ecuador pierde competitividad frente a sus competidores debido a la dolarización, pues se señala que el gobierno no puede devaluar para hacer más competitiva nuestras exportaciones. Si este argumento viene del gobierno sería un total contrasentido, ya que la política de este gobierno ha sido redistribución de riqueza de ricos a pobres, y lo que sucede en una devaluación para hacer competitivas las exportaciones es una redistribución de riqueza de pobres a ricos. Ya que son los pobres los que pierden capacidad adquisitiva de sus salarios cuando se devalúa la moneda. Además, si fuese cierto que con las devaluaciones ganamos competitividad y exportamos más, ¿por qué en los últimos diez años de dolarización exportamos más del doble que los diez años precedentes y cuatro veces más que en toda la década del 80 cuando las devaluaciones pauperizaron el poder adquisitivo de los ecuatorianos? Creer que las devaluaciones generan competitividad es una visión de corto plazo y limitada sobre cómo compiten las naciones.

Al final, luego de un año de las salvaguardias, lo que podemos señalar es que lo que generaron fue un incremento importante del desempleo en la actividad comercial debido al cierre de varias empresas o disminución de actividades de otras, lo que se vio reflejado principalmente en Guayaquil, ciudad que concentra en la actividad comercial a uno de sus principales motores de desarrollo; donde el desempleo aumentó en 2009 al 14% doblando el promedio nacional.

En contrapeso a esta consecuencia, sectores que se vieron protegidos por esta medida han incrementado su actividad, pero comparativamente marginal en relación al empleo que se perdió. Y todavía hay que ver si estos sectores realmente pueden subsistir ante competencia. Asimismo, el efecto para el consumidor fue un incremento de precios de los productos gravados y los no gravados; además, de tener menos disponibilidad de productos que comúnmente consumían.

Ninguno de los argumentos que esgrimió el gobierno justifican la salvaguardia, y si la preocupación es el incremento de las importaciones deben de buscar la causa en los enormes recursos que el mismo gobierno introduce a la economía y que por falta de incentivos para la inversión local se desvían hacia las importaciones sin tener ningún efecto positivo en la economía local. La economía y la dolarización no caerán por el incremento de las importaciones sino por la mala política económica que está apagando los motores del crecimiento económico.