Falta de visión de los fundadores de Ecuador – Sexta parte

Ecuador no nació con pilares de institucionalidad. No hubo respeto por la propiedad privada; desde el inicio, los bienes de los adversarios de quienes dirigían los destinos de los ecuatorianos, fueron tomados a la fuerza; fue manera de tomar represalias. Hay amplias evidencias de empresarios cuyas propiedades fueron confiscadas, otros arbitrariamente puestos en prisión; otros, asesinados. Los contratos fueron frecuentemente violados, especialmente aquellos relacionados con las actividades económicas.

El Archivo Histórico del Guayas (AHG) se encuentra lleno de documentación de juicios comerciales entre comerciantes, y de personas perjudicadas por el Estado. Entre ellos está el de José Villamil, uno de los patriotas que lucharon para lograr la independencia de Guayaquil. El juicio tiene que ver con dinero que prestó a solicitud del General Sucre para pagar el transporte de tropas: “…hallándose en el Carcajal las tropas de la República sin poder venir a esta a falta de buques pues no había dinero para la habilitación de los que se hallasen en esta ría. En estas circunstancias, a una leve insinuación de los señores generales Sucre y coronel Ibarra y conducido del puro deseo de servir a la República vino en dar el dinero necesario para los adelantos de dichos buques los que desde luego hicieron su viaje conduciendo esas tropas a quienes le debe la libertad del sur de Colombia” Por haber transcurrido más de ocho meses y la deuda superar los 10,000 pesos, importante cantidad de dinero para la época, Villamil propuso que por el erario no tener los recursos, aceptaba recibir como parte de pago la casa donde funcionaba el estanco de aguardiente. En opinión de Villamil “…este edificio es de todo inútil al Estado y se va deteriorando rápidamente que en breve quedará destruido…” y solicitó se procediera a rematar la propiedad siguiendo todas las formalidades. Villamil no fue el único perjudicado. Miguel Ansoátegui se demoró más de 18 años en recuperar parte de un préstamo. Recién en 1830, el Congreso aceptó hacerle un abono de 50,000 pesos.

Otro ejemplo de falta de institucionalidad en el respeto a la propiedad privada y ausencia de cumplimiento de contratos es el siguiente: En 1818, José María Camba demandó a Guillermo de la Cruz, capitán y dueño del bergantín Nuestra señora del Carmen, por reembarcar mercadería de corta vida que no podía salir del puerto debido a una orden del Gobierno porque los corsarios insurgentes estaban cerca de las costas ecuatorianas. La suspensión del viaje por haberse cerrado el puerto por orden superior, no eliminaba la responsabilidad de cancelar el flete de la citada carga, por lo que el embarcador estaba obligado a esperar la apertura del puerto y trasladar la carga pagando nuevamente el flete.

Hay apoyo histórico desde hace más de 700 años que comprueban que la falta de institucionalidad perjudica la actividad económica. En 1283, el rey Eduardo I de Inglaterra sostuvo que como los derechos de propiedad no eran reconocidos a los comerciantes extranjeros, la mayoría de ellos no tenían interés en hacer negocios en su reino, perjudicando así la actividad económica. Antes de él asumir el poder, eran frecuentes las acusaciones de comerciantes flamencos y de otros reinos que protestaban por deudas que no podían cobrar a los compradores ingleses. Como ya en esa época se habían creado los primeros gremios de empresarios, para defenderse, los comerciantes con espíritu de cuerpo, decidían no incursionar en naciones donde no se respetaban los contratos. De esa forma los reyes dejaban de recaudar impuestos.

La institucionalidad también tiene que ver con incentivos que sirven como factores motivadores de las personas, al interactuar entre ellas mismas. Los incentivos motivan a las personas a optimizar sus ideas y comportamiento. Cuando no hay organizaciones que defiendan sus intereses, es natural que los empresarios se sientan desmotivados. Hasta fines del siglo XVIII, los comerciantes guayaquileños no tenían forma de solucionar litigios jurídicos en las relaciones comerciales, por encontrarse el Consulado de Comercio en Lima o Bogotá; en esta institución se ventilaban los juicios se ventilaban y se dictaban sentencias. Cuando se estableció en Guayaquil, se solucionó sólo parcialmente el problema, por ser organización poco ágil y sujeta a actos de corrupción.
Otras instituciones básicas para el despegue económico también estaban ausentes. El sistema financiero formal era inexistente por no haber bancos; existían empresarios acaudalados que prestaron dinero, incluso algunos financiaron las guerras de la Independencia y luego tuvieron que demandar al Estado para cobrar sus créditos. Los importadores no tuvieron líneas de crédito, cuando llegaban las naves a Guayaquil, el capitán, que era responsable de la carga, la ponía a la venta y quien tenía los recursos, la adquiría. Por la permanente crisis de liquidez monetaria, los pagos de los sueldos del sector público se hacían con vales y durante las guerras de la Independencia, las tropas tenían prioridad en recibir el sueldo. Lo más próximo a un Banco en Guayaquil fue Gibbs & Crawley, empresa inglesa que importaba para la venta en la ciudad y como negocio paralelo, prestaba dinero a los comerciantes, incluyendo financiación para las compras a ella.

La falta de institucionalidad también se observó en la confiscación de bienes, de la que ni siquiera el General Antonio José de Sucre se libró. Las autoridades militares de la zona donde su esposa tenía una hacienda ganadera, confiscaron ganado, lo que motivó su protesta frente a Bolívar por el atropello cometido. Juan José Flores reaccionó violentamente alegando que el estado de guerra permitía medidas extraordinarias. Lamentablemente, a cuenta del “estado de guerra”, se cometieron muchos atropellos en las primeras décadas del siglo XIX.