¡Juegos! ¡Apuestas!… Haga la última y deje guachitos

La Junta de Beneficencia de Guayaquil no necesita defensores. Su larga tradición y comprobada eficiencia de servicio y mejora científica, está demasiado evidenciada.

Nace oficialmente en 1 888, luego de un brillante pasado de diferentes nombres. Gente de muchísimo dinero la formó para servir a los demás, las donaciones, aportes, legados, hasta hoy se siguen dando.

Instituyó la Lotería de Guayaquil para el mantenimiento y financiamiento de sus innumerables obras sociales.

Luego, el Estado, recientemente, reconoce su seriedad y cobertura nacional designándola desde entonces la única: a la LOTERÍA NACIONAL que administra la JBG, para que pueda otorgar premios en dinero.

Es decir: Si se pueden efectuar rifas y sorteos de bienes no monetarios cumpliendo con una serie de requisitos de control que fueron establecidos por los Legisladores y el Gobierno por los problemas de incumplimientos y estafas que se daban.

La primera idea de la lotería proviene de los genoveses. En esa República se echaba a la suerte el nombre de cinco senadores. Para el sorteo se metía en una caja cincuenta bolas, cinco de ellas marcadas que eran las de los cargos vacantes.

El público que desconocía el nombre de los senadores hacía apuestas sobre los que pudieran ser los agraciados. Las cuales eran objetos de verdadero agiotaje. Varios banqueros verificaban las operaciones regulares, fundándose una “lotería” por vez primera en 1629 que en pocos años pasó a las naciones vecinas.

Jugar a la lotería y frecuentar casinos, ha llegado a ser uno de los pasatiempos más populares. Cada vez más personas están participando, esperando hacerse millonarios. Sólo recientemente el juego de apuestas ha llegado a ser considerado aceptable socialmente.

El sentimiento público global antes censuraba esta práctica y la palabra “apostar” era una expresión de reproche. Las personas socialmente educadas, quienes mantenían convicciones virtuosas y una buena moralidad, veían el juego de apuestas como inaceptable, inadecuado e incluso un vicio pecaminoso.

Los efectos sociales del juego de apuestas SIN LIMITACIONES han sido considerables. La información actual indica que más del 80% de norteamericanos participa en alguna clase de juego de apuestas (Lesieur, 1993). Los investigadores de la Universidad Johns Hopkins reportaron que el costo social de las apuestas excesivas “figura entre las enfermedades más caras que afligen a la sociedad, aunque cuesta menos curarla” (Politzer, et.al., 1985).

Quede en claro que la Lotería Nacional, de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, TIENE LIMITACIONES, en realidad varias. No así Casinos, maquinitas, Keno (Kino), la Pirámide, Póquer… [¿No se había hablado de eliminarlos? ¿Algún asambleísta interesado?]

A finales de la década de 1980, el Concilio Nacional sobre el Juego Obsesivo de Apuestas estimó que por lo menos ocho millones de apostadores sufren de un desorden adictivo que amenaza sus vidas y las vidas de sus seres queridos (Chamberlain, 1988, p. 37), siendo un millón de ellos adolescentes (Chavira, 1991, p. 78).

Una encuesta hecha por la organización Apostadores Anónimos reportó que el 21% de los participantes no había pensado en el suicidio, el 48% había pensado en el suicidio y el 13% había intentado suicidarse (Frank, et.al., 1991). Según el Hospital Charter de Las Vegas, el índice de suicido entre los apostadores activos (especialmente mujeres) es el más alto de todas las enfermedades (vea Charter Hospital, s.d.).

¿Legislaría favorablemente una persona honesta una actividad altamente adictiva que a menudo resulta en que el participante piense, intente, suicidarse como un fruto beneficioso y bueno para la sociedad? Se puede reconocer fácilmente que este es un fruto podrido que sugeriría que la actividad misma merece un reproche.

Adicionalmente, los expertos han expresado temor por los números crecientes de adolescentes que apuestan. Ellos hacen referencia al juego de apuestas como “la adicción creciente”, y predicen que esto causará a los adolescentes más problemas durante la próxima década que las drogas ilegales (McCabe, 1990, p. 7-D).

El impulso parece estar del lado de aquellos que desean el juego legalizado como una forma de suplementar los ingresos (¿de quién?), pero estos cantones ignoran los costos sociales asociados.

Es significativo, también, el costo económico en que incurren los jugadores mismos. Consideremos solamente las deudas. El jugador promedio termina con grandes pasivos que les puede costar la vida y esto es poco en comparación con otros costos sociales que surgen: abandono o descuido de sus familias, estafa, robo y participación en el crimen organizado.

El entregarle un “subsidio” a la Junta de Beneficencia de Guayaquil, para que en el país todos apuesten, sólo busca absorberla y politizarla.

Recuerdo claramente el ofrecimiento del Presidente Correa: Este año, Ecuador será “país libre de juegos de azar”. Siendo sus borreguitos los principales impulsadores ¿es otro doble discurso?