El cheque es una orden inmediata de pago que dispone con su firma el titular de la cuenta corriente, para beneficiar a una persona determinada.
La Corte Constitucional, según el artículo 429 de la Constitución de Montecristi, es el máximo organismo de control, interpretación y de administración de justicia constitucional.
El 12 de enero de 2011 los representantes legales con poder de librar dentro de la Cervecería Nacional CN S. A., giraron un cheque contra los fondos disponibles que la empresa mantiene en su cuenta corriente anotada el Bando del Pacífico. El monto fue de quinientos mil dólares americanos. El beneficiario fue el señor Alfredo Larrea Jijón.
¿Cómo un cheque puede vincular a la Corte Constitucional ad hoc y a la Cervecería Nacional? Ya lo vamos a ver.
De acuerdo a la página web de la Corte Constitucional ad hoc, el cargo de secretario general es desempeñado por el doctor Arturo Larrea Jijón, quien a la sazón es hermano del señor Alfredo Larrea Jijón, beneficiario del cheque por quinientos mil dólares emitido por Cervecería Nacional CN S. A.
Resulta que el pasado jueves 3 de febrero de 2011, la Corte Constitucional ad hoc sentenció las acciones extraordinarias de protección que involucraban ciertas demandas laborales de ex trabajadores de Cervecería Nacional CN S. A. La cuantía del asunto laboral con los ex empleados ascendía a más de noventa millones novecientos mil dólares, según reporta diario Expreso en su edición del viernes 4 de febrero. Siendo el máximo órgano de administración de justicia constitucional, sobre los fallos de la Corte Constitucional ad hoc sólo queda la misericordia divina. En la Tierra, los ex empleados ya no tienen a quien más acudir. Gran ahorro para Cervecería Nacional CN S. A.
Coincidencia o no, el asambleísta provincial por Los Ríos, Tito Galo Lara Yépez (de los registros de Sociedad Patriótica), en ejercicio de su deber y atribución especificada en el Art. 110.4 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se ha paseado por los medios de comunicación exhibiendo copia del cheque emitido por Cervecería Nacional CN S. A. a favor del señor Alfredo Larrea Jijón, hermano de Arturo, secretario de la Corte Constitucional ad hoc. La trama de esta coincidencia es resumida por el asambleísta Lara como si los hermanos Larra Jijón habrían sido el medio para el gran ahorro de Cervecería Nacional. Claro, lo protege su inmunidad parlamentaria del Art. 128 de la constitución montecristense.
Para darle más vueltas a este laberinto, resulta que Alfredo, hermano de Arturo (doctor en jurisprudencia, por cierto), no tiene título profesional. Esto no es limitante para que Alfredo pueda cobrar honorarios por gestión de uno o varios negocios ajenos. Lo permite el Código Civil en el Art. 2020. Pero lo que sí llama la atención a cualquiera es que el lunes 7 de febrero, Alfredo Larrea Jijón exhibió ante las cámaras de Teleamazonas un contrato de servicios profesionales (en materias constitucionales, vale decir) que él ha firmado con Cervecería Nacional CN S. A. por un monto superior al millón de dólares. Los asuntos constitucionales de Cervecería Nacional los maneja el señor Alfredo Larrea Jijón, hermano del secretario general de la Corte Constitucional ad hoc.
¿Qué vio Cervecería Nacional CN S. A. en el señor Alfredo Larrea Jijón para contratarlo por un honorario fabulosamente millonario? ¿Profundidad en el conocimiento constitucional, o llegada directa y efectiva al pleno de la corte ad hoc?
Lara ha hecho su trabajo como asambleísta. Alfredo tiene mucho que explicar. Habrá que ver si Arturo soporta la presión que el escándalo va reportando. La Corte Constitucional ad hoc ya se comienza a sacudir para que no le salpiquen más, pidiendo a fiscales que examinen lo que deban. ¿Y la Cervecería Nacional?… ¡Arriba mi Pilsener!
Según entiendo, en el fallo de la Corte Constitucional (que hasta hoy no ha sido publicado en el Registro Oficial), no se establece que la Cervecería no deba pagar, sino que es un asunto que debe ventilarse en la vía regular, sin acudir al atajo ni al mal uso de la acción de protección para presionar el pago, en el que en forma inaudita se establecieron varias medidas cautelares asfixiantes, para extrangular a la empresa, y sin entrar a discutir lo de fondo, impedirle seguir funcionando a menos que pague de inmediato. Las medidas cautelares se aplican para evitar un daño inminente, que no se pueda reclamar en un proceso regular, y no se deben aplicar en forma simultánea para que desborden lo que está en disputa. Por ejemplo, un acreedor de US$ 10.000 no puede pedir retención de esa cifra en diez bancos distintos, pues el valor retenido (US$ 100.000) superaría a lo adeudado… y eso es lo que han hecho los empleados de la Cervecería.
Buen articulo, lo unico que no comparto son las ùltimas tres palabras…creo que por lo menos deberia haberlas puesto entre comillas y no entre signos de admiraciòn. En fin lo admirable es que en la cara del pueblo ecuatoriano se permita el cohecho, el robo y la injusticia. Se deberia meter presos a los involucrados en la corte y a los representantes legales de la Cerveceria Nacional, finalmente pagarle a los ex trabajadores que ganaron ese dinero con trabajo y no para que repose en las cuentas de accionistas irresponsables y oligarcas.
Bien detallado su artículo. Muchas gracias.
La trampa está a la vista. No hay que poseer un PhD. en inteligencia para darse cuenta de la superchería.
Desde el día en que aparecieron los famosos pativideos, comprendimos que este país no tendría futuro en manos de esos cacos.
El descaro y la putrefacción ambiente ya no tienen nombre. El país se hunde en las arenas movedizas de la corrupción; y sin ninguna esperanza, de algún día ser rescatado.
Hemos tocado el fondo, hemos retrocedido como sociedad, y como país civilizado. Lo poco de estado de derecho que nos quedaba ha sido secuestrado por una partida de oportunistas y de muertos de hambre, que jamás habían trabajado lo suficiente en sus vidas, y que vieron en la toma del Poder la oportunidad dorada de hacerse millonarios de la noche a la mañana, a costilla de los mas humildes y de los sin voces.
Por supuesto ya saldrán los defensores de la infamia, para decirnos que esos abogados del diablo han cobrado por su trabajo sucio de despojar de justicia laboral a los ex empleados de la Cervecería Nacional.
Y, ¿esos son los corruptos que tienen en sus manos el destino de millones de ecuatorianos que deberán pronunciarse por una sarta de diez preguntas mal estructuradas, maliciosas e infames?
A propósito Correa no ha dicho ni pío al respecto….
donde se especializo Alfredo L. J. en derecho constitucional? seguramente su tesis de grado fue sobre derecho constitucional y saco once sobre diez, sera?