Los líos de ECAPAG

¿Quiere saber qué sucede en ECAPAG?

A finales de la década de 1980, el servicio de agua potable y el de alcantarillado eran prestados por dos empresas estatales. EPAP-G, la Empresa Provincial de Agua Potable del Guayas; y la Empresa Municipal de Alcantarillado de Guayaquil (EMAG). La empresa provincial era la encargada de satisfacer las necesidades de agua potable. Las necesidades de alcantarillado eran manejadas por separado a nivel cantonal. Ni EPAP-G ni EMAG cumplieron sus obligaciones legales, y así lo consideró el ex presidente de la república Sixto Durán – Ballén en el año 1994, que promulgó el Decreto Ley de Emergencia No. 8, publicado en el Registro Oficial No. 508 (19. Agosto. 1994), conteniendo la Ley de Creación de la Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (ECAPAG), fusionando agua potable y alcantarillado en un solo ente.

Según un análisis financiero efectuado a las cuentas de la empresa de agua potable, con fecha de corte 30 de junio de 1994, del total de ingresos proyectados se tienen que destinar 71% para sufragar el gasto de sueldos a empleados y trabajadores. En una empresa aprovisionadora de agua potable, con el 29% restante no alcanzaba ni para los caramelos. La empresa encargada de proveer agua potable y alcantarillado, por esos tiempos, ya estaba asfixiada por el enorme pasivo laboral que representada una pesada nómina.

La contratación colectiva fue elevadamente costosa para las dos empresas. Con 585 empleados y trabajadores, organizados en cinco sindicatos y un comité de empresa, todos con un altísimo nivel de antigüedad laboral, ya EPAP-G ni EMAG eran una comunidad de trabajo, sino entes creados solamente para pagar sueldos. Como la disminución de personal suponía el pago de elevadas liquidaciones, las empresas no tenían recursos para ello, y continuaban en el círculo vicioso de pagar una pesadísima nómina, ofreciendo al usuario un mal servicio.

Creada la nueva empresa, ¿qué sucedió con los empleados de EPAP-G y EMAG? El artículo 3 de la ley de creación de ECAPAG ordenó a la nueva empresa asumir las obligaciones legales o contractuales que a ese momento tenían EPAP-G y la EMAG, con su personal, debiendo establecer las indemnizaciones para el personal que deba ser excluido de ECAPAG. Pero esto no pudo ser posible dada la abigarrada carga económica que implicaban liquidar por despido intempestivo a tanto empleado. Esto se tradujo juicios que enfrentaron al directorio de la empresa, al Municipio de Guayaquil, (con León Febres Cordero a la cabeza, quien fue alcalde desde el año 1992 hasta el 2000) y los ex empleados demandantes.

Los juicios se entablaron ante los juzgados laborales y entre victorias judiciales y liquidaciones ordenadas en sentencia, ECAPAG salió adelante, pero no hubiese sido posible sin la Ley No. 121, publicada en el suplemento del Registro Oficial No. 378 (7. Agosto. 1998). Ya caído Abdalá Bucaram Ortiz de la presidencia de la república, en épocas del interino Fabián Alarcón Rivera, y con Heinz Moeller Freile como presidente del H. Congreso Nacional, se promulga esta ley que permitió al Estado asumir las deudas internas y externas de ECAPAG, y adicionalmente, reformó los contratos colectivos que las extintas EPAP-G y EMAG habían firmado con sus respectivas nóminas. Aquí es donde salta la liebre.

Esta ley fue atacada ante el Tribunal Constitucional por los ex empleados de EPAP-G y EMAG, en el año de 1998. Y el Tribunal Constitucional declaró la constitucionalidad de esa Ley No. 121, permitiendo que las indemnizaciones se ajusten a lo dispuesto en esa normativa.

Trece años después los ex trabajadores de EPAP-G y EMAG y su audaz abogado, reeditan el reclamo laboral, pero empaquetado con argumentos constitucionales en acción de protección. ¿Puede hoy revisarse una resolución con más de una década de firmeza? Ahora, como dijimos líneas arriba, al referirnos cuando salta la liebre: ¿Pudo una ley posterior modificar cláusulas de un contrato colectivo anterior? En sociedades civilizadas, gobernadas por leyes y sanas costumbres (cosa que no es el Ecuador), son los jueces los que deben resolver estas preguntas que generan conflictos entre ciudadanos. Con travesuras ocurridas en la sala de sorteos de Guayaquil; jueces ocasionales gritones; jueces titulares que reculan; Cortes ad hoc cerveceras, ¿no está nuestro aparato de justicia pasando ahora por el mayor de sus descréditos?