Veto al Código de la Democracia

En nuestro país, para quienes escribimos o, mejor dicho, para quienes todavía tenemos el privilegio de expresarnos libremente, no hacerlo sobre temas de coyuntura se convierte en una empresa imposible.

Hago esta pequeña reflexión porque tenía la positiva intención de redactar una nota fresca, alejada de la tediosa realidad que nos oprime pero, al enterarme sobre la entrada en vigencia del veto presidencial al mal llamado Código de la Democracia, no puedo hacer otra cosa que tratar de explicar esta descarada, insolente y grosera agresión a derechos fundamentales como el de información y expresión, directamente relacionados a nuestro derecho de elegir en un ambiente democrático.

Parece una tomadura de pelo a todo el país, hecha con el descaro propio del que se siente intocable por el inmenso poder que ostenta, aquel que ha renunciado, ensimismado en su ego, a la obligación de responder no solo a sus mandantes, sino además a la historia.

Este veto deja ver sus deplorables intensiones básicamente en tres temas principales

1. La fórmula de asignación de escaños, mediante la que se aprueba a su vez una fórmula que favorece la representación de mayorías y con la cual este Gobierno revolucionario repite descaradamente lo que tantas veces y con tanta vehemencia criticó al sistema electoral ecuatoriano.
2. La restricción de la cobertura periodística en tiempo de campaña.
3. Y, por último, pero estrechamente ligado al punto anterior, la enorme permisividad para la publicidad estatal.

El texto del veto expresa:

«Art. 203. Durante la campaña electoral se prohíbe la publicidad o propaganda de las instituciones del Estado, en todos los niveles de Gobierno, salvo las excepciones que se detallan a continuación:

1. Que la difusión se refiera a información de programas o proyectos que estén ejecutándose o que por la oportunidad deban ejecutarse en dicho período.

2. Cuando se requiera en las obras públicas, informar a la ciudadanía sobre cierres o habilitación de vías u obras alternas; o lugares alternos;

3. En situaciones de emergencia, catástrofes naturales, cuando se requiera informar a la ciudadanía sobre medidas de seguridad, evacuación, cierre o habilitación de vías alternas.

4. Cuando se requiera informar temas de importancia nacional tales como: campañas de prevención, vacunación, salud pública, inicio o suspensión de períodos de clases, seguridad ciudadana, u otras de naturaleza similar.

Además, se prohíbe durante la campaña electoral la contratación y difusión de propaganda y publicidad por parte de sujetos de derecho privado referente al proceso electoral en prensa, radio, televisión, vallas publicitarias y cualquier otro medio de comunicación social.

Los medios de comunicación social se abstendrán de hacer promoción directa o indirecta, ya sea a través de reportajes especiales o cualquier otra forma de mensaje, que tienda a incidir a favor o en contra de determinado candidato, postulado, opciones, preferencias electorales o tesis política.

El Consejo Nacional Electoral ordenará al medio de comunicación social la suspensión inmediata de la publicidad o propaganda que no cumpla con las excepciones previstas en el presente artículo, sin necesidad de notificación previa al anunciante, o, de ser el caso podrá disponer al anunciante la modificación de la publicidad o propaganda, sin perjuicio del juzgamiento de conformidad con esta Ley».

Esta joyita jurídica, ya vigente, es la argolla que terminará de oprimir la garganta de la prensa libre, algo tan propio en regímenes no democráticos, pues el simple hecho de que un medio no pueda hacer reportajes, incurriendo en lo que definen como promoción directa o indirecta, sobre candidato alguno significa, en la práctica, que se les prohíbe publicar cualquier cosa, buena o mala, sobre este o aquel candidato, postura o tendencia política.

Es decir, que los ecuatorianos no podremos informarnos sobre el perfil, la vida, los principios, las ambiciones, los logros, los errores, los triunfos o los fracasos de ningún candidato, lo que significa que nos están obligando a votar a ciegas o a buscar formas menos idóneas de analizar nuestro voto, lo que resulta casi imposible.

Sin embargo, la misma norma es muy permisiva en cuanto a la información (PUBLICIDAD) estatal que, a través de los enlaces (CADENAS) nacionales, el Gobierno generosamente nos ofrece, pues la intención del veto va mucho más allá de la intención de la norma como tal, existen prohibiciones, claro, escritas para guardar apariencia de justicia, equidad o igualdad de condiciones, pero no es necesario leer entre líneas para descubrir que cualquier enlace, de los muchísimos que aparecerán en tiempos de campaña, serán interpretados por el Consejo Nacional Electoral como información de programas o proyectos del Gobierno que se encuentran ejecutando; vamos a ver una multiplicación de cierres y habilitaciones de las muchas vías y obras revolucionarias. Cualquier lluvia o crecida de río será calificada como catástrofe nacional y se informará de lo bien y rápido que el presidente actúa, etc., etc., etc.

En tales condiciones, siendo el actual presidente futuro candidato, ¿qué pasaría si alguno o varios medios de comunicación, cumpliendo con su enorme labor de informar, realizara algún tipo de reportaje sobre casos de corrupción del Gobierno?

Según lo que claramente se entiende, tal reportaje afectaría negativamente la imagen del candidato-presidente, incidiendo, en consecuencia, en contra de sus posibilidades. ¿Existirá algún medio que, en defensa de los derechos fundamentales de los ecuatorianos, se atreva a violentar esta norma, exponiéndose a ser juzgado y sancionado por un organismo que a todas luces se encuentra influenciado por quien actualmente ejerce todos los poderes?

También, como señalaba María Paula Romo, se puso en juego la «credibilidad» de la bancada del Movimiento País, pues, al dar paso al veto, quedaron insubsistentes los acuerdos a los que llegaron en la Asamblea, contribuyendo, aún más, al clima de desconfianza que impide la construcción de acuerdos sobre otros proyectos legislativos.

¿Es todo esto justo? ¿Es todo esto democrático? Para los que tenían alguna duda que estamos en un régimen de facto, los invito a repasar y analizar este veto. Existen hechos tan graves que es imposible quedarnos como meros testigos: este es uno de ellos. Los ecuatorianos no podemos seguir permitiendo que nos restrinjan nuestras libertades cada vez más, sin vergüenza alguna y con clarísimas intenciones de perpetuarse en el poder. Es hora de actuar, es hora de protestar, es hora de defender la Democracia.