Las políticas de lucha contra la producción de droga en Latinoamérica por parte de
los Estados Unidos han fracasado rotundamente. El fracaso ha alcanzado niveles
tan categóricos, que han sido los países de Latinoamérica quienes han aportado
masivamente con los caídos en la lucha de una industria administrada por corruptos
sedientos de dinero y poder, de vendedores de armas, y de viciosos adinerados en
los países de mayor ingresos económicos del norte de nuestro continente.
En la década del ochenta, Colombia experimentó las indescriptibles perversidades
y la violencia a la que son proclives quienes utilizan el vicio del oro blanco para
lograr fortuna y poder ilimitados. Colombia, hasta la fecha, sigue salpicada por
los destructivos efectos del accionar de grandes mafiosos que infiltraron todos
los estamentos de esa sociedad; desde las más ilustres familias dominantes en las
altas esferas sociales y económicas, funcionarios públicos, militares, policiales,
guerrilleros que aprendieron de este negocio para mantener su desprestigiada lucha
política fuera de los cánones aceptados por la ley, hasta agazapados miembros de la
clase política que han dominado y ejercido poder desde aquella siniestra década de
la historia colombiana.
Pero no solo Colombia ha visto a su poderosa clase gobernante involucrada en las
tentaciones del mal llamado dinero fácil; Nicaragua, Cuba, Panamá, México, Ecuador,
Bolivia, Venezuela, Perú y otros tantos países de Latinoamérica han aportado
poderosos ciudadanos dedicados a la política, administración de justicia y fuerzas
armadas a la cadena y rutas del narcotráfico internacional.
El costoso Plan Colombia no logró conquistar la cima del éxito pretendido por
sus idearios, Colombia sigue hasta la fecha siendo el principal suplidor de cocaína
a los Estados Unidos, y por el contrario, el Plan parió una cantidad exorbitante
de ciudadanos colombianos desplazados, además de lastimar a campesinos y
ciudadanos ecuatorianos residentes de la frontera norte y ajenos a la plaga que ha
puesto de rodillas a la sociedad colombiana.
México es la nueva gran víctima de los siniestros tentáculos del poderoso negocio
del narcotráfico que se alimenta y alcanza características de obesidad gracias a
las hambrientas narices y mal usados dólares de aquellos pudientes viciosos que
prefieren envestirse de una posición de ignorancia e inocencia; cuando son ellos los
verdaderos financistas del gran verdugo de nuestra región.
Es este el principio que las leyes internacionales contra las drogas debe considerar.
Es necesario reprimir enérgica y hasta inmisericordemente la demanda, y
entiéndase así, el financiamiento del narcotráfico. Cada vez que un vicioso paga por
los placeres que les produce la intoxicación con cocaína, está aportando a la compra
de armas, al incremento de la corrupción y al empoderamiento de los carteles
internacionales de narcotraficantes.
Pero los Estados Unidos de las últimas décadas se ha convertido en un país
de ciudadanos que prefieren ser entretenidos que informados, un país con un
excesivo número de ciudadanos que adora portar armas, y que reniega y se opone
a medidas estrictas de su control. Un país donde entre los grupos de mayor poder
se encuentra la Asociación Nacional del Rifle, y donde la industria de armamentos
es cada vez más exitosa. Estados Unidos junto a Canadá, de acuerdo a los últimos
reportes anuales de drogas emitido por la Oficina de la Naciones Unidas para
Drogas y Crímenes, encabeza junto a Europa el listado de mayores consumidores y
demandantes de cocaína.
Las leyes que persiguen la producción y la distribución de las drogas prohibidas,
son insuficientes si no persiguen con igual indulgencia a quien en última instancia
financia económicamente esta poderosa industria. Con el paso del tiempo y el
fracaso de las políticas implementadas para combatir este mal, se ha hecho más
obvia la necesidad de exterminar la demanda de los usuarios en los grandes
mercados demandantes, al igual que implementar un estricto control sobre la venta
de armas.
Bolivia y Perú constan en el último reporte citado como los dos países de
mayor crecimiento en la producción de cocaína para abastecer el mercado
norteamericano. Ecuador por su ubicación estratégica está siendo afectado como
ruta de distribución, incrementando la inseguridad ciudadana y la corrupción que la
logística ilegal de la distribución de la droga naturalmente acompaña.
Creo que es un tema que los candidatos presidenciales, incluido el candidato
Presidente, nos deben permitir conocer a los votantes. Es necesario que sepamos
sobre sus planes para enfrentar el crecimiento del siniestro reino del oro blanco y
de los crímenes que deriva su negocio.
Muy cierto todo lo que ud. expone en este artículo, ante esta cruda realidad en donde no habrá control eficaz no cree Señor Domínguez que mejor sería legalizar el consumo, como lo diría hace casi 20 años un expresidente de nuesro país que seguramente conocía que esto sería incontrolable en el futuro, y de esa manera se acabaría toda la ruta de violencia que acarrea el tráfico, tránsito, corrupción en todas las esferas, etc. Podría exponerlo en un próximo artículo que complemente documentadamente el que acabamos de leer con tan buena exposición?
No hay que mezclar las drogas con la tenencia de armas! Meter al NRA aqui, es hacer una ensalada. Que tiene que ver el derecho a defenderse con armas y el consumo de drogas? La leyenda negra en contra del NRA se desvanece cuando nos enteramos que el país del mundo con más armas per-capita se llama Suiza!