Aunque dice nuestra Constitución que toda persona es inocente mientras no se
pruebe lo contrario, existe una máxima en derecho que dice que: “a confesión
de parte, relevo de prueba”.
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define al “confeso”
como la persona “que ha confesado su delito o culpa”; y el Diccionario Jurídico
de Cabanellas lo describe como el “reo que ha reconocido o relatado su delito”.
Hace 3 semanas los ecuatorianos fuimos testigos de como un funcionario
gubernamental confesaba públicamente “la falsificación de su título profesional
de economista”, para posteriormente irse a Miami. Ante estos penosos
acontecimientos el Presidente de la República, la Cancillería y a la Embajada
del Ecuador en Washington, gestionaron la revocatoria de la visa del ex
funcionario por la “presunta falsificación” de la que “confesó ser autor”.
La consecuencia de confesar un delito, fue que la Fiscalía solicitó a la Corte
Nacional de Justicia, una orden de prisión preventiva.
Lo loable: la actitud del Presidente Rafael Correa y de algunos de sus
colaboradores, de exigir públicamente que el “presunto infractor” regrese al
país a dar la cara ante las Cortes de justicia, para que lo juzguen “por el delito
del que es confeso”.
Lo preocupante: la falta de control por parte de las autoridades ante estas
flagrantes violaciones a la ley, de adjudicarse títulos que no se ostentan, lo cual
constituye un delito de usurpación; aparte de la falsificación de instrumentos
públicos o privados y el uso doloso de los mismos, que también constituyen
delitos.
Lo urgente: que la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación (SENESCYT), empiece una intensa campaña
de control en la función pública y revise la legalidad y la veracidad de los
títulos académicos, así como afanosamente ha iniciado este proceso con
las Universidades de todo el país, para exigir la tan anhelada “excelencia”.
Comencemos casa adentro, abandonado la “discriminación y la vanidad”, para
demostrar al país que todos somos iguales ante la Ley, tal como lo pregona
nuestra constitución.
