Hace un par de “sabatinas” escuché al Presidente ser muy enfático al asegurar que no permitirá que se burle la Constitución, haciendo referencia a la Consulta Popular realizada en 2011, donde los ecuatorianos decidieron que se separe el poder financiero y el poder mediático de cualquier clase de poder económico.
Se denunció la existencia de ventas simuladas para evadir la ley y en pantallas gigantes citó el Art. 312 y la disposición transitoria Vigesimonovena de la Constitución, que rezan lo siguiente: “Las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas privadas de comunicación de carácter nacional, sus directores y principales accionistas, no podrán ser titulares, directa ni indirectamente, de acciones y participaciones, en empresas ajenas a la actividad financiera o comunicacional, según el caso… Se prohíbe la participación en el control del capital, la inversión o el patrimonio de los medios de comunicación social, a entidades o grupos financieros, sus representantes legales, miembros de su directorio y accionistas.” Vigesimonovena: “Las acciones y participaciones que posean las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas de comunicación privadas de carácter nacional, sus directores y principales accionistas, en empresas distintas al sector en que participan, se enajenarán en el plazo de un año contado a partir de la aprobación de esta reforma en referendo.”
Es un secreto a voces el hecho de que pocas instituciones financieras cumplieron con el citado mandato constitucional, y que algunas burlando la ley, traspasaron sus empresas “ajenas a la actividad financiera” a compañías extranjeras en paraísos fiscales donde ellos mismos son los dueños, y algunos más audaces simplemente otorgaron una “declaración juramentada”, manifestando que no tienen ningún vínculo con empresas ajenas a la actividad financiera, a sabiendas de que eso es un delito llamado perjurio.
Los organismos de control como las Superintendencias de Bancos y de Control de Poder de Mercado, que son los encargados de regular esta disposición, tienen la obligación legal y moral de sancionar las ventas simuladas y perjurios con todo el rigor de la ley, no discriminando solo a los más grandes sino también a los pequeños, pues la ley es para todos por igual.
