Falta de Control

La semana pasada, en un medio de comunicación denunciaron el terrible caso de una joven que fue asesinada en el Suburbio de Guayaquil. Su madre presentó la denuncia por el delito del que fue víctima su hija de 26 años, señalando como posible sospechoso a la pareja de la joven quien presuntamente le habría sacado un “seguro de vida” por cien mil dólares, figurando él, como su principal beneficiario.

Durante las investigaciones, la madre se entera de la existencia de ésta póliza y de que su hija, días antes de morir la habría cambiado a ella como única beneficiaria. La madre, ya enterada de dicha póliza, solicita a la Compañía de Seguros que le cancele los valores de indemnización según lo estipulado en el contrato; para su “sorpresa”, la respuesta que recibe por parte de la aseguradora es la siguiente: “para realizar el trámite respectivo de indemnización de la asegurada de la referencia enviada por usted, requerimos se nos envíe el pedido de desestimación emitido por el fiscal responsable de la indagación y orden de archivo emitido por el Juez Penal”.

Este terrible hecho se perpetró hace 19 meses; la desesperación de una madre ante la denegación de justicia por el asesinato de su hija, la hizo acudir a la prensa ya que hasta la fecha la fiscalía no tiene a ningún detenido por éste delito.

Ahora, lo que realmente sorprende es el hecho de que una compañía de Seguros solicite por escrito a una madre que desista de investigar quien asesinó a su hija, y que logre como sea que el Juez archive la causa, para cancelarle lo que por derecho le corresponde; esto no tiene ningún fundamento jurídico.

Recordemos que el asesinato es un delito de acción pública, que lo ejerce de forma exclusiva, excluyente y de oficio el ministerio público, motivo por el cual resulta improcedente que cualquier ciudadano inste al estado ecuatoriano a no investigar un acto criminal.

Más allá de la injusticia y la audacia, se vuelve una necesidad imperiosa que la Superintendencia de Bancos y Seguros se fraccione; y se instituya un ente exclusivo de control que regule y sancione las actuaciones de “ciertos seguros”, pues al parecer el Superintendente y la Junta Bancaria tienen “tanto trabajo” controlando a los bancos, que no se alcanzan a controlar a los seguros.