Hace algunos días leía en un medio de comunicación escrito un interesante artículo titulado “Su vida privada es pública”, el cual pone sobre el tapete el debate de cuán privada es su vida cuando los ciudadanos suben su información al internet.
La nota periodística refleja que “la nueva foto en Facebook, el nuevo tuit,” o “el nuevo video en YouTube”, una vez publicados le pertenecen al público, lo cual puede atentar contra el derecho a la privacidad que todos los ecuatorianos tenemos.
Ahora, cuando un adulto exhibe públicamente una foto suya o de sus amigos mayores de edad, podríamos asumir que éste acto fue perpetrado a entera voluntad de la partes; pero, cuando lo que se publica es la imagen de un niño, la cosa cambia, pues ese hecho implica la violación de un derecho.
Dice el Código de la Niñez y Adolescencia, que los niños y adolescentes tienen derecho a que se respete su intimidad, privacidad, honra, reputación e imagen, razón por la cual la ley prohíbe la publicación o exhibición de imágenes de menores de edad sin la autorización expresa de sus representantes.
Las sanciones para quienes irrespeten la intimidad y “la vida privada” de un menor, van desde las amonestaciones y multas, hasta la adopción de las medidas administrativas necesarias para proteger el derecho amenazado y restituir el derecho violado; agravándose la sanción cuando junto al menor consta la imputación de un vicio como cigarrillos, drogas o alcohol.
Este derecho no es una novedad, pues el año pasado ya los ecuatorianos fuimos testigos de cómo el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, ejerció acciones legales para denunciar la publicación de imágenes de menores de edad en un medio de comunicación, aún con la autorización de sus progenitores, pues según la ley, por estos actos se puede denunciar inclusive a los parientes.
Si usted padre de familia, navegando un día por la red se encuentra con la penosa noticia de que “alguien” ha publicado en su “página o Facebook”, alguna imagen de su hijo menor de edad sin su autorización, recuerde que puede denunciarlo ante la Junta Cantonal de Protección de Derechos de su jurisdicción, la cual sancionará al agresor e impondrá las medidas cautelares pertinentes, para la reparación de los derechos violentados del niño.
