Austeridad

En 41 años de explotación petrolera, con ingresos petroleros sobre los $160.000 millones (más de la mitad de ellos ingresados durante 6 años y medio de la administración presente), no se ha erradicado la pobreza en Ecuador. ¿Saldremos de la pobreza con la explotación del Yasuní, que a $100 por barril equivale a $18.000 millones, recaudados en décadas de explotación (menos de $1.000 millones anuales), considerando nuestro déficit presupuestario de $6.366 millones, deuda total alrededor de $25.000 millones (incluyendo por lo menos $8.000 millones al IESS) y deudas por litigios internacionales, sentenciadas en principio y potenciales, por miles de millones de dólares?

¿Debe la ciudadanía sacrificarse, aceptando eliminaciones de subsidios, para que continúe el incontrolable gasto gubernamental, aún a costa de hipotecar nuestras últimas reservas petroleras en el Yasuní? ¿O debe exigir al Gobierno la aplicación de una política de austeridad?

La explotación del Yasuní no sacará al país de la pobreza ni resolverá la crisis económica por la que el Gobierno atraviesa, porque el problema es el gasto improductivo. Sacará al Gobierno, de forma temporal y parcial, de un apuro ocasionado por falta de dinero, pero sin cambio de política económica, con administración sin brújula, sometido al vaivén de las olas y expuesto, más que nunca en nuestra historia, al petróleo, este apuro continuará. El Yasuní no le alcanza ni para pagar la deuda.

El Gobierno pidió $3.600 millones a la comunidad internacional para no explotar el Yasuní, pero ha gastado alrededor de $1.000 millones en hacerse propaganda. Gastó decenas de millones de dólares para salvar al Yasuní y ahora gasta promoviendo su explotación; gastó $300 millones en una Constitución con derechos para la naturaleza y ahora gasta en publicidad para vulnerar esos derechos.

Consumió varios miles de millones de dólares recibidos en fondos de ahorros del gobierno anterior al iniciar su periodo en 2007; todos los ingresos por petróleo, a los más altos precios de la historia, impuestos récord y otros rubros, por más de $150.000 millones durante 6.5 años de administración; $25.000 millones de deuda total, incluyendo deuda a afiliados al IESS; $520 millones tomados del Banco Central, a pretexto de revaloración del oro, aunque ese dinero no pertenece al Estado, sino a cuentaahorristas, cuentacorrientistas y afiliados al IESS, que si exigen su devolución, el Gobierno no podría hacerlo porque, evidentemente, no tiene dinero disponible.
¿Y quiere más? No tenemos reservas naturales disponibles que no hayan sido vendidas a futuro, sólo reservas del Yasuní, que las venderán a futuro también. ¿Y después? ¡El diluvio!

Con austeridad, canalizando gastos correctamente, el Gobierno no necesitaría explotar el Yasuní ni eliminar subsidios para sobrevivir. Gobiernos pasados funcionaron con precios de petróleo mucho más bajos sin explotar el Yasuní, Parque Nacional desde 1979, declarado por Unesco parte de la Reserva Mundial de la Bioesfera en 1989. Austeridad no significa no invertir. Austeridad significa suspender el gasto inútil, como propaganda, festejos, viajes intreprovinciales e internacionales con numerosas comitivas, utilización de aviones, helicópteros y numerosos vehículos para comodidad del mandatario y sus colaboradores. En resumen, austeridad significa reducir el tamaño del Estado y sus costos improductivos.