En 41 años de explotación petrolera, con ingresos petroleros sobre los $160.000 millones (más de la mitad de ellos ingresados durante 6 años y medio de la administración presente), no se ha erradicado la pobreza en Ecuador. ¿Saldremos de la pobreza con la explotación del Yasuní, que a $100 por barril equivale a $18.000 millones, recaudados en décadas de explotación (menos de $1.000 millones anuales), considerando nuestro déficit presupuestario de $6.366 millones, deuda total alrededor de $25.000 millones (incluyendo por lo menos $8.000 millones al IESS) y deudas por litigios internacionales, sentenciadas en principio y potenciales, por miles de millones de dólares?

¿Debe la ciudadanía sacrificarse, aceptando eliminaciones de subsidios, para que continúe el incontrolable gasto gubernamental, aún a costa de hipotecar nuestras últimas reservas petroleras en el Yasuní? ¿O debe exigir al Gobierno la aplicación de una política de austeridad?