(Viene…) A ello se sumaba la deuda del Estado a los bancos y las exigencias gubernamentales por más dinero. Y, finalmente, el estallido de la guerra europea, que condujo a las naciones a decretar la inconvertibilidad para proteger sus reservas de oro.
De manera que en el Ecuador la sobre emisión de billetes se volvió inevitable y una realidad el «curso forzoso» que, según los más destacados tratadistas, al decir de Estrada, se impone cuando precisamente se presentan esas condiciones difíciles, como es la guerra.
Añadía Estrada que en nuestro país se suponía que el respaldo oro sólo cubre los billetes, desconociéndose el hecho de que también cubre a los depósitos bancarios. Razones que explicaban, por tanto, que para 1914 el respaldo oro haya equivalido únicamente al 20 % respecto de las obligaciones de los bancos por billetes y depósitos.
Pero quien tuvo la mayor influencia contra la inconvertibilidad fue Luis Napoleón Dillon («La Crisis Económico Financiera del Ecuador»), comerciante e industrial progresista.
Dillon consideró acertada la ley monetaria de 1898, que estableció el patrón-oro (se aplicó desde 1900) y fijó el valor del Cóndor (10 sucres) equiparándolo a la libra esterlina y el del Sucre en 24 peniques (hasta entonces valía 48). Pero reconoció que la aparente normalidad cambiaria estalló en 1914, al conocerse «la existencia de crecidas emisiones clandestinas».
Dillon acusó de ellas directamente al poderoso Banco Comercial y Agrícola de Guayaquil (insinuado por N. Clemente Ponce), la cabeza visible de la dominación bancaria, de la que eran cómplices los gobiernos. Se refería a los gobiernos del liberalismo post-alfarista, reconocidos como «plutocráticos».
Dillon negaba, además, actuación «patriótica» a los bancos en los difíciles días de 1910 o bajo la problemática Revolución de Esmeraldas y tildaba de especuladores a los bancos de emisión. Exigió, entonces, la más severa intervención del Estado y la creación de un Banco Central destinado a liquidar los abusos bancarios.
CAPITULO V: La fundación del Banco Central del Ecuador y su significado histórico a los 75 años
La Revolución Juliana
El golpe de estado que los jóvenes oficiales de la Liga Militar ejecutaron el 9 de julio de 1925, conocido como “Revolución Juliana”, fue la primera intervención institucional (no “caudillista”) del Ejército para la conducción del Estado.
Dos políticas decisivas para la vida futura del país nacieron con dicha Revolución y marcaron, de este modo, la superación de la conducción estatal característica del siglo XIX:
• La imposición de los intereses nacionales en materia monetario-financiera, contra la hegemonía de los intereses privados;
• La institucionalización de la “cuestión social” ecuatoriana como política de Estado y no únicamente como política de gobierno.
La Revolución Juliana expresó una reacción nacional contra lo que entonces se consideró como dominio de la “bancocracia”, consolidado por los que fueron calificados como gobiernos liberales “plutocráticos” (1912-1925).
En aquella época, los grandes bancos privados de emisión dominaron las finanzas del país, no sólo porque de sus créditos dependía el desarrollo empresarial, sino porque también el propio Estado se hallaba sujeto, como deudor, a la determinante influencia económica y política de los banqueros.
Los historiadores recuerdan constantemente que el Banco Comercial y Agrícola de Guayaquil fue el mayor acreedor del Estado y que su Gerente General, Francisco Urbina Jado, era un consultor obligado en materia de leyes económicas, decisiones monetario-financieras gubernamentales, candidaturas políticas y nombramientos de altos funcionarios.
Quienes han defendido a los bancos y banqueros de aquella época, han argumentado que las “sobre emisiones” monetarias, sin respaldo legal, técnicamente no eran mayores y, en todo caso, de serlas, se debían a las exigencias de dinero que se habían hecho desde el Estado, crónicamente ineficaz para imponer una administración recta y eficiente, por cuanto sus funciones son, ante todo, “políticas”.
Quienes han atacado a esos mismos bancos y banqueros han sostenido que ellos no se sujetaron al encaje legal del primer patrón-oro, que presionaron y obtuvieron en su beneficio la “Ley Moratoria” de 1914, que también lograron la suspensión definitiva del patrón oro en 1917, lo cual disparó el descontrol de las emisiones inorgánicas y que todo ello produjo jugosas ganancias para la bancocracia, en detrimento del Estado, convertido en simple eslabón de sus intereses.
Como el grueso de la actividad bancaria se concentró en Guayaquil, la polémica se ha revestido con tintes regionalistas, presentándose como defensa de la costa y ataque al centralismo serrano o como defensa del centralismo contra la corrupción bancaria costeña.
Continuará…
