El 8 de marzo pasado, como todos los años, se celebró el Día Internacional de la Mujer, anhelando la terminación definitiva de toda violencia, humillación y cosificación contra ella.
En Ecuador ese machismo solapado (que tildaba y discriminaba a aquellas solteras o valientes divorciadas) ha cambiado, y en gran medida gracias a las políticas de acción afirmativa incorporadas de manera transversal en nuestra legislación, para dar a la mujer esa verdadera igualdad real frente al hombre.
Una interesante y loable medida de acción afirmativa es la sancionada por el Consejo de Educación Superior, el cual sobre la base de la llamada “equidad y paridad de género” consagrada en la Constitución y la Ley Orgánica de Educación Superior, estableció que todos los procesos de elección de autoridades o representantes para los órganos de cogobierno en las universidades y escuelas politécnicas, para rector, vicerrector y demás autoridades académicas (decanos, directores de escuelas), deberán efectuarse respetando los principios constitucionales de “alternancia, paridad de género, igualdad de oportunidades y equidad”.
Esa resolución no ha quedado en letra muerta, puesto que en el proceso de evaluación al que han sido sometidas todas las universidades y escuelas politécnicas del país, llevado a cabo por la Senescyt y el Ceaaces, uno de los indicadores de ponderación que otorgaban la acreditación a las instituciones es justamente la “dirección de mujeres”, requisito que al no ser cumplido determinó que varias de dichas instituciones merecieran la calificación “B” u otras inferiores, y unas cuantas incluso se quedaron de año.
Este 2014, en la academia, será el año de la mujer, pues quienes pretendan la anhelada acreditación y pasar a la serie “A” deberán dejar el machismo a un lado y abrir las puertas para que ellas también ocupen los puestos de dirección.
En este mes, mi reconocimiento a todas las grandes damas que a través del esfuerzo y la dedicación se han superado, en especial a aquellas que en casa no han tenido el apoyo de sus parejas o han sido víctimas de violencia. Por ello, las instituciones de educación superior tienen la obligación no solo legal sino moral de implementar con urgencia la referida resolución, pues la academia no puede ser nunca cómplice de semejantes infamias.
