Defensa Institucional

El 25 de febrero de 2012, diario El Universo publicó un texto titulado “Correcciones y aclaraciones”, a pedido del entonces Ministro de Defensa Javier Ponce, en la cual se refería a la publicación del 13 de febrero de 2012, de ese mismo diario, titulada “Marinos frenan examen de Contraloría en Petroecuador”, que se relaciona con el examen especial que la Contraloría realizó sobre el pago de liquidaciones al personal de la Marina, elaborado en Petroecuador entre noviembre del 2007 y julio del 2010.

La publicación, pedida por Ponce, señala que la información hecha por El Universo “provoca una opinión equivocada y lastima el prestigio, profesionalismo y honra de dicho personal, (…); por tanto es improcedente y atentatorio a los derechos y garantías del personal militar”.

Continúa la publicación: “Considero que el personal de la Armada mantiene una línea recta de conducta, (…), simplemente exige que se transparenten sus actuaciones con hechos y pruebas, pero bajo un marco de respeto a la ley, observándose el debido proceso y sin persecuciones. Finalmente, con relación a las tendenciosas expresiones atinentes al patrocinio judicial que el Estado, a través del Ministerio de Defensa Nacional, ha contratado para la defensa de los procesos judiciales instaurados como consecuencia de actos derivados del ejercicio de funciones que el personal militar de la Fuerza Naval cumplió en Petroecuador, es preciso aclarar que dicho patrocinio tiene sustento legal en la Disposición General Vigésima de la Ley Orgánica del Servicio Público, que expresamente dispone: ‘Ante el inicio de una indagación previa o de una acción judicial o constitucional que tenga como causa el ejercicio de sus funciones, la máxima autoridad de la entidad correspondiente podrá disponer que esta asuma el patrocinio del servidor público procesado o enjuiciado, a través de los abogados de la institución, siempre y cuando no haya sido iniciada por la propia institución o por delito flagrante. De ser el caso podrán contratarse abogados externos para tal fin’. Consecuentemente, la contratación fue realizada cumpliendo procedimientos legales y reglamentarios que regulan la materia: art. 2 numeral 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública”.

El Ministerio de Defensa contrató al estudio jurídico Neidl & Asociados Cia. Ltda. por la bicoca de 630 mil dólares, para la defensa de los marinos que supuestamente habían recibido liquidaciones excesivas.

Ahora resulta que miembros de la Fuerza Pública están procesados por el supuesto delito de lesa humanidad a sabiendas que cumplieron estrictamente su deber, para preservar la seguridad e institucionalidad del Estado que estaban amenazadas por el grupo subversivo “Alfaro Vive Carajo”, quienes asaltaron, secuestraron, asesinaron y robaron armas del Estado, y que en sus públicas proclamas amenazaban tomarse el poder por las armas. Para este grupo de pundonorosos miembros de la Fuerza Pública, no hay defensa institucional.