La deuda en realidad es alrededor de $37.000 millones o alrededor del 40% del PIB ($93.700 millones) y no alrededor del 28 % del PIB como nos informan con cifras maquilladas, que no incluyen la deuda a entidades chinas reportadas en alrededor de $6.500 incluyendo $2.000 millones del crédito de Julio 2014 y que deben ser pagadas con petróleo; ni las deudas a Occidental ($2.400 millones) y Perenco ($400 millones) por concepto de juicios internacionales perdidos y que se encuentran en etapa de apelación desde hace un año; ni $502 millones por revalorización del oro, que constituye un asiento contable y no dinero líquido, tomado de los dueños de cuentas de ahorros, corrientes y afiliados al IESS; ni $650 millones a pagar el próximo año por concepto de los Bonos Global 2015. Estas deudas no deben ser excluidas sino contabilizadas, para mantener un buen manejo económico y no trasladar el problema al próximo año, mientras el endeudamiento continúa durante este año.
Motivados por esta crisis económica, el Gobierno pretende manejar todos los fondos existentes en el país, incluyendo los privados, y trata de obstruir el libre flujo de información con obstáculos para la prensa, comentaristas de materia económica y políticos del país, con los artículos 17 del Código Monetario, 322 del Código Integral Penal y 22 de la Ley de Comunicación.
Sin embargo, no debe existir blindaje de responsabilidad para nadie, menos para servidores públicos y los que manejan las riendas del Estado, incluyendo la Junta de Regulación. Ninguna excusa es válida ya que aquel que no puede soportar la presión de un cargo, debe aspirar a otro tipo de trabajo.
El dinero es de los depositantes, no del Gobierno, ni del Estado, ni de los bancos. El ahorro privado es privado, no es dinero del que un Gobierno puede disponer. La solución debería ser que el Estado compita con los bancos privados por intermedio de los bancos del Estado y estableciendo nuevos bancos estatales, para que los depositantes decidan donde colocar su dinero.
Si la Junta se reservase información a su discreción, los medios de comunicación no podrían verificar toda la información que llegase a su conocimiento y no podrían publicar más que la información que la Junta decidiese, caso contrario serían castigados. El flujo de información a los ciudadanos y a los participantes de los mercados nacionales e internacionales sería incompleto por motivo de regulación y no constituiría un mercado libre, por lo que se generaría mayor desconfianza en nuestro país, tasas de interés más altas en futuras emisiones de bonos (deuda) y menor inversión.
NOTAS:
CÓDIGO MONETARIO, ARTÍCULO 17
Con el objeto de precautelar la sostenibilidad monetaria, financiera, de seguros y valores, la Junta podrá calificar motivadamente como reservada la información relacionada con los ámbitos de su gestión, de conformidad con el procedimiento que establezca para el efecto.
CÓDIGO INTEGRAL PENAL, ARTÍCULO 322
Pánico Financiero
La persona que divulgue noticias falsas que causen alarma en la población y provoquen el retiro masivo de los depósitos de cualquier institución del sistema financiero y las de la economía popular y solidaria que realicen intermediación financiera, que pongan en peligro la estabilidad o provoquen el cierre definitivo de la institución, serán sancionados con pena privativa de libertad de 5 a 7 años.
Pánico Económico
Cárcel de 5 a 7 años para quien “publique, difunda o divulgue noticias falsas que causen daño a la economía nacional para alterar los precios de bienes o servicios con el fin de beneficiar a un sector, mercado o producto especifico”.
LEY DE COMUNICACIÓN, ARTÍCULO 22
Todas las personas tienen derecho a que la información de relevancia pública que reciben a través de los medios de comunicación sea verificada, contrastada, precisa y contextualizada. La verificación implica constatar que los hechos difundidos efectivamente hayan sucedido.
Fuente: El Comercio, 23 Julio 2014.
Señor Sagnay, este artículo es muy interesante y considero que debería ser conocido por muchos más ecuatorianos que los que tenemos esta oportunidad de entrar en este correo, por lo que le sugiero trate por todos los medios de hacerlo publicar en uno cualesquiera de los Diarios de la República para que sea la mayoría del pueblo ecuatoriano quienes se enteren de todas estas fechorías que se están haciendo con nuestros dineros….a Correa no se lo ha puesto para que sea …»intocable»….de esto no tiene nada….somos nosotros quienes lo estamos poniendo en ese pedestal y como tal….por lo que ya es momento de que muchas verdades más salgan a la luz de todos los ecuatorianos para sepan a quien están «soportando» en sus sabatinas y en otras actividades que realiza….y mucho más con la venia de todos sus aduladores desde la Asamblea y Ministerios hasta los pobres jueces, empleados públicos a quienes si no están de acuerdo con lo que él dice y manda….los bota.-
Concuerdo con usted, esto es muy grave, nos puede llevar a abusos de gran envergadura.
Expreso mi agradecimiento por los datos contenidos en este articulo, y deseo que sigan difundiendo valientemente informacion de este tipo, lamento mucho el que ahora el gobierno intente, mantener en el oscurantismo economico a la poblacion, ya que las leyes aprobadas propician eso.