Por la resistencia y las Leyes injustas

“Ay de aquellos que promulgan leyes injustas,
y con su injusticia organizan la opresión”… Isaías

No es de ahora esto de las leyes injustas. En general, las leyes son injustas, pues por norma obedecen a los intereses de quienes manipulan el poder. Todas las culturas históricas dan fe, en algún momento de su proceso de desarrollo, sobre la lucha de los pueblos por restablecer la justicia, y con ésta la paz y la armonía social. Semejante situación aboga, casi siempre, por una nueva legislación, que en contadas ocasiones responde favorablemente a este eufemismo cultural. Pues, la exigencia reclama más coherencia social y más sindéresis humana. En buena medida los momentos socio políticos revolucionarios son, en la práctica, extensión de tal aspiración. Aunque las dictaduras, las autocracias, aquí en Latinoamérica, se contentan con cambiar las constituciones a su antojo, que les permita promulgar las leyes de su apetencia política…

Quienes estamos de acuerdo con una democracia social de bienestar y libertad, estamos en contra de esa apetencia sinónimo de injusticia. Por eso, desde aquí proclamamos y promovemos la resistencia social a las leyes, decretos o actos que desde el aparato gubernamental y la legislatura inciden, voluntaria o involuntariamente, en minimizar, bloquear o desnaturalizar los derechos sociales de los ecuatorianos… Y la defensa abierta a favor de quienes sufren la persecución política por haber escogido una posición contraria al régimen. Valgan ciertas prioridades a tenerlas en cuenta:

1. La ley de comunicación que bloquea la plena libertad de expresión, pretendiendo el control del pensamiento;
2. Las acciones oficiales por ley, decretos o normativas que limitan la capacidad de gestión de las organizaciones sociales, en especial ONGs;
3. La penalización de las movilizaciones, protestas y plantones contra la defensa del derecho al trabajo, remuneraciones justas, servicios públicos de bajos costos;
4. Defensa del reparto de utilidades, sin disminución como pretende el gobierno, que, sin excepciones, por ley corresponden a trabajadores y empleados;
5. Toda ley de aguas que afecte negativamente al campesinado indígena, contra su población y su vida agraria, es injusta;
6. Ante la incapacidad gubernamental de un desarrollo productivo nacional, que genere ocupación para los miles y miles de informales, no hay que permitir el alza a los pasajes del transporte colectivo, que afecta a obreros, estudiantes y empleados;
7. La ley de Educación Superior atenta contra el derecho a la libre educación, y al escogitaje también libre respecto a la oferta de enseñanza aprendizaje del mercado;
8. No a los cambios, reformas, o enmiendas a la Constitución sin consulta popular plebiscitaria. Pues la pretensión es pretextar ciertas fallas de la Constitución, recién a los 6 años, observadas por el ejecutivo para remendarla a su manera en la Asamblea y perennizarse en el poder.

Hacer resistencia a todos los descabellados planteamientos gubernamentales de esta patología política del socialismo del siglo XXI, que no pasa de ser un circo zoológico mal armado, es obligación de todos quienes nos sentimos vulnerados en nuestros derechos. Que se entienda, además, que la resistencia a los actos gubernamentales que vulneran estos derechos sociales e individuales, no es violencia para debilitar la estabilidad del Estado, sino deber para el mantenimiento en vivo de la democracia. Mas bien la violencia está en la ley, la norma, el reglamento, el acto gubernamental injusto. Consecuente con la declaración de Derechos de 1789, el Acta constitucional de Francia de junio de 1793, aclara en su Art. 33 “La resistencia a la opresión es consecuencia de los demás derechos del hombre” y en su Art. 35 “Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo…la insurrección es el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes”.

Cuando la razón y la honestidad superan los posicionismos partidistas entonces afloran los caminos de la justicia… Así lo entendieron Agustín de Hipona y Tomás de Aquino al promover la necesidad de resistir a toda ley injusta. Más tarde gritaría, y con mucha fuerza, Mazzini, “ El derecho de no ser reprimido es un derecho sagrado, imprescriptible”. Para Vicente Rocafuerte, incluso, toda acción desde el poder que margina o bloquea la vigencia de los derechos sociales amerita la desobediencia civil y la resistencia de la comunidad involucrada. Pero si alguien quiere escuchar una voz más cerca de estos tiempos, aquí está la de Juan XXIII, desde su Encíclica Paz en la tierra: “Leyes contrarias a los derechos humanos fundamentales no son válidas y pueden ser desobedecidas”. Así lo entendió también Gandhi en la India y derrotó al imperio inglés, al resistir a sus leyes coloniales injustas.

Que nadie olvide entonces. Hay que desobedecer y resistir civilmente toda normativa o ley que, dictada desde cualquier poder del Estado, pretenda o promueva la negación de nuestros derechos sociales o individuales. No hay que permitir que ningún tipo de miedo o temor, venga de donde venga, paralice la defensa de la justicia, que es la defensa de la democracia… Vale tener presente que la fuerza del opresor es antes que nada la debilidad del oprimido.