Las razones de la consulta popular

Aparentemente  las consultas  populares, denominadas  así  porque se originan  desde la voluntad del pueblo, significarían,  en la práctica, un deterioro  para la estabilidad de una democracia.  Al menos esto es lo que puedo percibir  a través de un llamado de atención de un lector  sobre   mi comentario “ La otra cara de la moneda”, publicado este 6 de mayo. Recibo algunos correos  por cada  artículo  que entrego al público. Unos a favor y otros en contra. Para mi todos son importantes. Pero, desgraciadamente, no puedo contestar todos, aunque de algunos, eso sí, me valgo, para contrastar  mis siguientes entregas.

En este caso, el autor del  correo, considera que  no hay necesidad de consultas populares ¿Por qué?  Pues, insiste en  que ya el pueblo eligió a sus representantes  en la Asamblea para que, justamente, estos  deliberen sobre los problemas que se suscitan  en la ciudadanía y  respondan  con las soluciones  idóneas.  Además  deja aclarado   que “ la democracia  no es perfecta pero es el mejor  sistema  vigente en la mayoría de los países…”, y que ésta se fortalece si  un candidato  pueda ser elegido  una y mil veces…

¿Seguro?.  Pero irse alejando de su imperfección  es clave  para, aunque a pasos cortos,  ir  ampliando  su validez y legitimidad.  La Constitución  es, justamente,  el instrumento jurídico, sine qua non,  para  promover,  con su práctica,  tal evento.  A mayor  contenido  constitucional, libertario y de justicia,  mayores opciones  de bienestar creativo para las grandes mayorías.  La Constitución  entraña, por eso,  mediante  la definición de cada artículo, protección y seguridad  para  cada individuo  en particular y  la sociedad, en tanto comunidad o colectivo social.  Semejante  situación solo puede darse, de manera coherente  en función de la democracia,  con plena  independencia  de los poderes que integran un Estado, tal cual lo  expresa la Constitución.  Lo contrario conlleva autoritarismo del poder  y malversación política  de la democracia, al negar, de facto, el Estado de derecho.

Las consultas populares son  convocatorias del pueblo, en plenitud de derecho,  COMO ÚNICO SOBERANO, entiéndase bien UNICO SOBERANO,  para salvaguardar la estabilidad de la democracia  al detectarse errores, falencias , deslices  o  exabruptos del poder… El Art. 104 de la Constitución ecuatoriana dice, taxativamente,  en su párrafo 4to, “La ciudadanía podrá  solicitar la convocatoria  a consulta popular sobre cualquier asunto” y, además,  con vinculación  a su texto, el Art. 105  expresa “las personas en goce de los derechos políticos  podrán revocar el mandato a las autoridades de elección popular”.  Y el  Art. 106, en su tercer párrafo, concreta que “El pronunciamiento popular será de obligatorio  e inmediato cumplimiento”.

Está claro, entonces, que nada ni nadie puede objetar  que el pueblo  se proyecte en la democracia, profundizándola en su esencia  de libertades,  a través de su propia voz.  Los funcionarios públicos,  como autoridades  pagadas  con el erario fiscal (DINERO DEL PUEBLO) tienen solo la opción de obedecer  el mandato popular.  De no cumplir con la Constitución, en cuanto a libertades, justicia y bienestar , tal cual está definida en la misma,  o actuar anticonstitucionalmente, deben ser revocados. No hay otra alternativa.  

¿Afectan estos sucesos a la democracia? Por supuesto. Pero  exclusivamente para bien… En beneficio de su perfección.  ¿O hay que permitir,  por ejemplo,  que la alternabilidad  constitucional   del cargo presidencial,  se la deje de lado  por el capricho del mandatario  que, creyéndose enviado de los dioses,   quiere seguir en él, indefinidamente? ¿O es que algún artículo  oculto de la Constitución dice que este cargo es vitalicio?  Contra este desprecio  por los derechos  constitucionales del pueblo hay  que, entonces, exigir, una CONSULTA POPULAR, para que el propio pueblo  defina, si  prefiere la  democracia  o  un canallesco autoritarismo… En Latinoamérica los ejemplos  contra la democracia  se multiplican día a día…

¿Qué hacer con  los gobiernos corruptos  del partido de los Trabajadores de Brasil  que, con el dinero robado  a sus mismas empresas nacionales, como Petrobras,  financian sus campañas  políticas, para seguir robando? Lula y Dilma Rousself, deben ser enjuiciados.  ¿Y la gestión de lavado de dinero de Roxana Baldetti, ex vicepresidenta de Guatemala en colusión con, Juan Carlos Monzón, su ex Secretario particular? ¿Y  la actividad  del gobierno fascista  de Venezuela, Maduro y Cabello de por medio,   que encarcela a sus opositores y los descalifica  como candidatos por exigir una sociedad  en democracia?¿ Y  la impunidad  de  los narco gobiernos del PRI mexicano, hoy con Peña Nieto de líder,  para con los criminales culpables de miles y miles de asesinados,  desaparecidos, secuestrados, mercadeados en el tráfico de órganos y prostitución?

¿Es que, por lo tanto, parar toda esta basura,  a través de acciones que la propia Constitución ampara y dicta, tal es  una consulta popular  o juicio desde el Congreso,  perjudica, deteriora, debilita a la democracia? ¿Justificación por ingenuidad?  ¿Cómo así, si no es por la ilegitimidad  del poder, con que denigran y pisotean la democracia, estos tiranuelos pueden  permitirse tanto  despotismo y prepotencia? Insistimos… Las consultas populares son  convocatorias del pueblo, en plenitud de derecho,  COMO ÚNICO SOBERANO, entiéndase bien UNICO SOBERANO,  para salvaguardar la estabilidad de la democracia  al detectarse errores, falencias , deslices  o  exabruptos del poder…