Carta abierta al Sr. Presidente Rafael Correa Delgado

DENUNCIA DE ABUSOS BCE Y CORRUPCION BANCA CERRADA

Señor Presidente,

Hemos meditado mucho respecto a la publicación o no de la presente carta, más resolvimos  hacerlo al agotar primero todos los recursos disponibles, y  al recordar las vivencias personales compartidas en las aulas de la U. Católica con el compañero Rafael Correa Delgado, hoy Presidente Constitucional de la República, para quien era prioridad defender y comprometerse con causas justas, asumiendo riesgos impredecibles, en la convicción y vehemencia de quienes luchan por ideales superiores.

El 7 de enero del 2002, CAPUANO S.A, Gustavo Domínguez Moreira  y socios promotores del proyecto inmobiliario Torres del Norte en la ciudad de Guayaquil, con la sola intención de ayudar a recuperar acreencias a Banco del Azuay en Saneamiento y bajo su expreso requerimiento como accionista del proyecto, firmamos un convenio de pago con Filanbanco en Liquidacion, Filanbanco Internacional Bank Limited y 9 de los denominados  Bancos en Saneamiento, quienes tenían acreencias con Filanbanco. Como resultado de este  convenio, las acreencias quedaron CANCELADAS, y a su vez Filanbanco aplicaba el pago de las obligaciones de CAPUANO S.A. por la suma de $ 3´322.403,30 dólares por lo que transfirió a favor del Banco del Azuay en Saneamiento la totalidad de las garantías hipotecarias y las obligaciones crediticias.

Acto seguido, en enero 17 de 2003, CAPUANO S.A. constituye un Fideicomiso mercantil y transfiere a favor de banco del Azuay en Saneamiento 70 bienes inmuebles, constituyendo un patrimonio autónomo cuyo avalúo era de 3´000.000 de dólares aproximadamente, de acuerdo al avalúo realizado por el mismo Banco del Azuay en Saneamiento. Monto que cubría en exceso la totalidad de las acreencias adeudadas. El citado banco, al recibir nuestro aporte inmobiliario, se subrogaba legalmente en el pago de las acreencias originales y se obligaba a la liberación de hipotecas que correspondían a nuestros clientes.

Hasta la fecha, ninguna de las obligaciones precedentemente citadas se han cumplido,  y al exigir de nuestra parte el cumplimiento de las mismas, adquiridas en Fideicomiso por el citado acreedor bancario, Banco del Azuay en Saneamiento, a la fecha BCE, y exigiendo también la liberación de hipotecas que nos correspondían contractualmente, se nos han cerrado todas las puertas, se nos niega atención y nadie asume lo que todos saben,  que los bienes inmuebles por nosotros transferidos para el pago de nuestras obligaciones han sido dispuestos y/o rematados en valores irrisorios sin la contrapartida contable correspondiente, lo cual no es de nuestra responsabilidad. Actuando así los administradores públicos a espaldas del interés legítimo del estado ecuatoriano por ellos representado y en absoluto perjuicio para nuestros intereses.

Funcionarios actuales del BCE requeridos llegaron a afirmar dejando constancia escrita, que “El BCE se subrogó en derechos de la banca cerrada más no en las obligaciones”, temeraria declaración, realizada por funcionarios de nivel, ignorando el concepto civil de las obligaciones, pretendiendo desconocer el objeto de la Fiducia y sus efectos legales, así como las responsabilidades civiles, penales y pecuniarias previstas en la norma suprema como sanción a los malos funcionarios públicos  por sus actos u omisiones, que incluyen de parte del estado el derecho de repetición pecuniaria.

Ante la reiterada secuencia de atropellos, postergaciones, silencio administrativo e inmotivadas respuestas jurídicas del BCE, decidimos ejercer los derechos contemplados  en la Ley Orgánica para  el Cierre de la Crisis Bancaria de 1999,  a fin de aplicar la corrección de errores de fondo y de forma contra los deudores de buena fe no vinculados, que promovía un justo trato, y que malos manejos administrativos internos y posibles  actos de corrupción de quienes ejercieron funciones deliberantes en la hoy desaparecida AGD dilapidaron bienes y posiblemente se beneficiaron  de ellos,  disponiendo de los mismos con avalúos irrisorios para rematar y adjudicarse garantías reales a precio de gallina enferma.

No se presentaron los informes auditados que exigía la ley que creó la AGD,  respecto al destino de los recursos, porque de hacerlo ponían en evidencia la corruptela campante,  cuyos efectos es nuestro drama personal, que va para más de 12 años sin solución a la fecha, sin que autoridad alguna revise imparcialmente nuestra legitima situación jurídica, reconozca el Debido Proceso, y nuestro constitucional derecho a la defensa, con auditorias idóneas que ratificaran que nuestras obligaciones adeudadas, fueron ya cubiertas con la trasferencia fiduciaria de 70 bienes inmuebles a la banca pública, la misma que por el contrario desconoció sus obligaciones, incumplió contratos adquiridos por escritura publica y ahora pretende cobrarnos vía coactiva el triple de la deuda, consumando un nuevo  e ilegal despojo, cuyo accionar pretende ocultar y desconocer las practicas dilapidadoras de quienes administraron y dispusieron de los inmuebles trasferidos sin beneficio de inventario.

Nuestra denuncia, también fue presentada a la Presidencia de la República, cuyo Secretario General mediante oficio PR-SGPR-2015-2716-O nos informó textualmente “ (…) su comunicación ha sido remitida para conocimiento y análisis del gerente general del Banco Central del Ecuador, Mateo Villalba – hoy fuera del cargo, cuyo despacho responderá según corresponda dentro de lo legal y factible”. A pesar de esto, han trascurrido más de 50 días desde entonces, mientras seguimos siendo víctimas del inexplicable mutismo de la gerencia del BCE, y del estado de indefensión a la que pretende someternos el Juez Primero de Coactiva (E) Ab. R.M., quien no solamente ignora la contundencia de alegatos y las incuestionables pruebas a nuestro favor,  este desconoce incluso informes técnicos del mismo BCE, que entre otros incluyen la confirmación de que las contabilizaciones 1) Del convenio de pago se realizó con valores errados y 970 días posterior a la suscripción del mismo; 2) Que la contabilización del fideicomiso de 70 bienes avaluados en $3´000.000 cuyo único beneficiario era el Banco del Azuay en Saneamiento y que se elevó a escritura pública en enero de 2003, se la realizó 2.538 días (más de 7 años) después de la constitución del mismo y registrada por un valor de $230.680,50; es decir, aproximadamente por un monto 1.300% inferior al valor de lo aportado. Fideicomiso ahora administrado por el mismo BCE, y en el que en la actualidad solamente existen 3 bienes. Adicionalmente,  hemos presentado  en el forjado proceso coactivo todas las pruebas e incumplimientos a los contratos y al fideicomiso firmado con las respectivas instituciones bancarias a esa fecha ya parte del sector público, pero el mencionado Juez las desconoce, intimidando a nuestros abogados mediante providencias con amenazas de hacerlos suspender en el ejercicio profesional por el simple hecho de exigir se cumpla el debido proceso y las garantías constitucionales a la legítima defensa.

Reiteramos respetuosamente señor Presidente nuestra solicitud de instruir una intervención directa en este viciado proceso, que nos ha afectado en lo moral , en lo anímico, en lo legal y económico,  y que son prácticas de un caduco país que no deben volver, donde la inseguridad jurídica  y los abusos de malos funcionarios del sector público son los principales enemigos de la inversión honesta, del sector privado, y del propio estado ecuatoriano.

Atentamente,

Capuano S.A.
RUC 0991286985001

Ec. Gustavo Domínguez M
C.I. 0908130958

Ing. Ana María Samán S
C.I. 0904593027