Las palabras disonantes del General

“Es ciertamente un grave mal para un gobierno que aspira los honores de la más genuina democracia, sostener una fuerza armada para contener los extravíos de la ambición…” Vicente Rocafuerte Bejarano

Este  criterio del primer presidente  nacional a inicios del siglo XIX hablan de un malestar y una esperanza… Declarado Ecuador  como una república lograda en una férrea lucha por sus libertades,  eso de que fuerzas militares  tenían  que proteger  su  gestión civil  democrática  no hablaba bien de la madurez  política  existente. Este era un malestar. ¿Es que llegaría el momento en que la sociedad ecuatoriana  podría subsistir  sin  la recurrencia  a las armas, en una sociedad  políticamente estable y en armonía social, en la vivencia de un estado de derecho estrictamente civil? Para Rocafuerte era cuestión de tiempo, pues “los extravíos de la ambición”  serían superados por  el propio desarrollo ciudadano… Esta era la esperanza! Desgraciadamente,  a  dos siglos  del  proceso socio político vivido hasta hoy,  el malestar  ha tomado la delantera en Ecuador dejando  marginada la esperanza!  

Como que es falta de todo sentido histórico, en estos comienzos del siglo XXI, seguir pretendiendo recurrir  a la intervención  de los uniformados,  para saldar  ajustes  de la sociedad civil. ¿No es bastante  con que  todavía  hasta  el llamado a  elecciones y su proceso sean vigilados y controlados por militares? ¿Es que, acaso, los civiles nos hemos declarado, por alguna razón desconocida  o traumas del pasado, incapaces  de vigilar nuestras libertades? ¿Por qué todo esto?  Pues que llama la atención, que  por  los decires, que  van y vienen por Internet,  respecto a  que  los militares “han retirado o están por retirar  su apoyo al gobierno”, el  Ministerio de Defensa  Nacional se tome la molestia de informar, a través de su ministro, que “estas declaraciones son irresponsables” y  que se busca “manipular a la voluntad popular”,  y  también  (¡no faltaba más!),  que espera  “que los responsables sean juzgados por la ley”.

Si  tan antojadiza declaración  puede  aceptársela  de un ministro  que  cree que al hacerlo defiende  a “su” presidente, no  parece ser idéntica situación para  el jefe del Comando Conjunto, General  Luis Garzón. ¿Por qué entrar en el juego politiquero del ministro, apoyando dicha declaración,  que  busca, él sí, manipular  la voluntad ciudadana, dando a entender,  solapadamente, sobre un apoyo militar…? ¿De que otra manera entender  esto  de que  el gobierno y las FF.AA.  han estado  siempre en “sintonía”, y que en su beneficio “En este periodo hemos hecho inversiones 6 veces mayores que los anteriores periodos”?. ¿Es que algo ganó la república, la democracia  declarando que “las Fuerzas Armadas  son responsables y profesionales”, e insistir que  velan por la democracia y apoyan las libertades del pueblo? ¿Acaso alguna información en las redes ha tratado a los militares de irresponsables y de no profesionales? ¿Qué tiene que ver la inversión en las FF.AA.  con  su respeto total  a la Constitución y al pueblo ecuatoriano como único soberano?  

El que se diga  en las redes  que  los militares le  han quitado, le quitan o le quitarán su apoyo a Correa y su gobierno,  nada tiene que ver  con los principios  constitucionales  que rigen para el aparato militar. Pues, ¿cómo le quitarán un apoyo que las Fuerzas Armadas, como institución, jamás pueden darle a ningún gobierno? ¿O es que no  es entendible, comprensible que “Las Fuerzas Armadas y la policía Nacional  son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos” (Art.158) y que deben “cumplir su misión con estricta sujeción al poder civil y a la Constitución”? (Art.159).

Aunque Correa o cualquier gobernante de turno  pretenda  la sujeción, en sus manos, de todas las funciones  e instituciones del Estado, incluidos por extensión  política las libertades  y los derechos ciudadanos, tal cual está sucediendo, no hay que  olvidar que la palabra de la Constitución está sobre  cualquier  ley, norma o reglamento!. Mas aún…  Sobre cualquier decisión arbitraria o no, desde la función ejecutiva, legislativa o judicial, que esté encaminada a violentar la razón expresa constitucional. Pues, tal cual recalca EL ART. 424,

“LA CONSTITUCIÓN ES LA NORMA SUPREMA Y PREVALECE SOBRE CUALQUIER OTRA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO. LAS NORMAS Y LOS ACTOS  DEL PODER PÚBLICO DEBERÁN MANTENER CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES, EN CASO CONTRARIO CARECERÁN DE EFICACIA JURÍDICA”