Caperucita Roja y la Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público Privadas y Financiamiento Productivo.

Quito, octubre 8 de 2015

Caperucita Roja en su versión original, es una fábula mágica, bastante cruel, orientada  a dar una lección moral a jóvenes inocentes que entablan relaciones con desconocidos, y en el cual su protagonista finalmente paga la inocentada con su propia vida.

Ese deseo de libertad de experimentación y de inocencia con que se presenta a la dulce Caperucita en la fábula, sintonizan con el interés demostrado por sectores locales privados atraídos por las promesas aduladoras de una ley que puede generar efectivo rápido a las arcas públicas y pesar en un futuro no lejano a crédulos inocentes del sector privado.

Los esfuerzos que parecen bienintencionados por parte del equipo gubernamental encargado de los temas productivos y de atracción de inversión, me recuerdan la sabiduría de la abuela, incluyendo su indefensión y capacidad para protegerse por si misma de los arrebatos de un lobo feroz, que se asemejan a la línea de estructura ideológica y de acción de ciertos funcionarios de la Revolución Ciudadana, donde sus ideólogos jurídicos y económicos han pretendido imponernos el absurdo que solamente el Estado tiene derechos, mientras los privados solo obligaciones y deberes, especialmente cuando los intereses y desacuerdos de ambos se encuentran enfrentados en una misma mesa. Para muestra, un botón. Si no, hay que preguntarle al Director de Procuración Judicial del Banco Central del Ecuador, quien sostiene, que gracias a una resolución de la Junta Bancaria y a una cláusula de las escrituras de transferencia de activos firmada con los Bancos Liquidados y Administrados durante años por el mismo Estado a través de la Agencia de Garantía de Depósitos, el Banco Central se convirtió solamente en beneficiario de los activos de estos, y no asume de forma alguna como consecuencia de la transferencia de esos activos, obligación,  pasivo, ni responsabilidad propia de la cedente, por lo que no se podrá presentar ante el Banco Central del Ecuador reclamaciones civiles, financieras, tributarias, administrativas, etc.    Es decir, oficialmente, la posición del Banco Central es que las resoluciones de la Junta Bancaria y la cláusula de una escritura firmada entre instituciones del estado ecuatoriano, tiran al suelo conceptos y principios jurídicos establecidos en la Constitución, el Código Civil, la misma Ley Orgánica para el Cierre de la Crisis Bancaria de 1999 e ignoran obligaciones generadas mediante escrituras públicas y fideicomisos firmados  entre instituciones del estado y los inocentes que creyeron en la seguridad jurídica que dichos instrumentos suponían garantizar. Y en este gobierno, contra esas resoluciones y esos argumentos, es muy difícil y doloroso sobrevivir a una controversia.

La ministra Cely habla con mucho entusiasmo y seguridad sobre la benevolencia de los instrumentos que facilitarían la gestión privada de ciertas empresas públicas, así como de los beneficios e instrumentos que se garantizan a la participación de inversionistas privados nacionales y extranjeros.  Pero la cautela y perspicacia que debe presentarse como resultado de experiencias recientes bajo este gobierno, debería generar en el sector privado un cuestionamiento a la cabeza visible de este proyecto. Que y Quien garantiza que su entusiasmo no sea posteriormente manchado y violentado por Resoluciones emitidas por Consejos Consultivos, Juntas Bancarias, Juntas de Accionistas o decisiones e interpretaciones de Procuradores Judiciales de las mismas instituciones gubernamentales que jamás se atreverán, por lo menos en este gobierno que ha afianzado mayoría  en la Asamblea, en la Corte Constitucional, en el Consejo de la Judicatura y otras instituciones democráticas nacionales,  a reconocer los derechos del sector privado que se puedan interponer a los intereses inmediatos del gobierno.

El lobo, como en el cuento, puede fácilmente devorar a los buenos de esta historia. Dicen que a caballo palpado, nunca lo montes confiado.