El Doctor Pablo Albán acusador de los Generales y Coroneles que supuestamente han cometido crímenes de lesa humanidad, hace declaraciones en una entrevista publicada el sábado 14 de noviembre en el diario digital La Republica.
Entre otras declaraciones, se refiere al certificado médico emitido por uno de los facultativos del Hospital Militar y que da fe del quebranto de la salud de uno de los acusados, “…debía nombrase peritos independientes para que le hagan una evaluación médica”. Eso es lo que se ha pedido en el proceso de investigación, porque los peritos nombrados por la fiscalía, no eran especialistas en las cuestiones militares y emitieron informes sesgados, un fragmento del documento: “Que en seno del Gobierno del Presidente León Febres Cordero se montó una estructura institucional represiva en la cual se articularon la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el poder judicial y otros órganos judiciales de alto nivel. Esta estructura fue encargada de instrumentar un plan sistemático de apremios ilegales, secuestros, torturas y desaparición forzada de personas sin que hasta el momento haya sido posible instalar un debate público conducente a juzgar y condenar a responsables políticos y ejecutores materiales”. Sigue el informe con aseveraciones infamantes: “Que los medios de comunicación cumplieron una función preponderante en la legitimación social de terrorismo de Estado”. “Que resulta evidente que el terrorismo de Estado perpetrado en el Ecuador contó con el apoyo de las élites económicas y políticas que, o bien, contaban con acceso privilegiado a los espacios mediáticos o, directamente, participaban de la propiedad de las empresas periodísticas, radiofónicas y televisivas”. ¡Terrible!
El Doctor Albán se refiere al “imaginario colectivo de las Fuerzas Armadas”, que establecen que las “actividades subversivas son organizaciones extremadamente peligrosas e individuos extremadamente peligrosos” y que los subversivos eran menos de 200 y “No constituían una amenaza real”. Esto es simplemente insólito, así se inició la subversión en Colombia y llevan 50 años de dolor y muerte, igual en el Perú en tiempos de Sendero Luminoso, una subversión demencial. El Estado Islámico (EI), creció sin que nos demos cuenta, ahora es una amenaza para el mundo entero. ¿Qué tal los atentados en Paris?
En otra respuesta Albán, señala: “…De ahí esta invitación que le ha hecho el Fiscal al jefe del Comando Conjunto a reconocer las faltas y pedir perdón, que yo creo que es lo que corresponde a los hombres de honor”. Si se ha dicho que la acusación no es institucional, que no se refiere a las FF.AA., sino a unos cuantos miembros, sería una incongruencia demandar a las FF.AA. que pidan perdón.
Aprovecho para recordar que la exJueza Nacional Lucy Blasio que llevó el caso, en la audiencia de formulación de cargos, manifestó que en las FF.AA. “se ha organizado una empresa militar del crimen”.
Con las temerarias acusaciones señaladas, a las claras, lo que se pretende es descalificar y condenar a militares que cumplieron con sus responsabilidades y menoscabar el prestigio y el honor de las FF.AA.
Al cáncer hay que extirparlo de raìz. Por lo tanto màs allà de hablar de crìmenes de lesa humanidad, hay que eliminar las plagas.
LO QUE HICIERON LOS MILITARES ESTUVO MUY BIEN PORQUE LA VIOLENCIA SE DEBE COMBATIR CON MAS VIOLENCIA. LO QUE NO ME EXPLICO PORQUE LOS MILITARES NO ACTUAN ANTE EL TERRORISTA ECONOMICO DE CORREA QUE ESTA MINANDO Y ACABANDO CON EL PAIS. QUE CHANCHULLOS OCULTAN
La Lucy Blasio cuando jueza le puso al comecheques 3 mesesitos de carcel, cuando el peculado tenia como pena mínima 8 años!
Codigo Penal: Art. 257.- (Sustituido el inciso primero por el Art. 17 de la Ley 2001-47, R.O. 422, 28-IX-2001).- Serán reprimidos con reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años los servidores de los organismos y entidades del sector público y toda persona encargada de un servicio publico, que, en beneficio propio o de terceros, hubiere abusado de dineros públicos o privados, de efectos que los representen, piezas, títulos, documentos, bienes muebles o inmuebles que estuvieren en su poder en virtud o razón de su cargo, ya consista el abuso en desfalco, disposición arbitraria o cualquier otra forma semejante. La pena será de reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años si la infracción se refiere a fondos destinados a la defensa nacional.