21 noviembre, 2024

Oídos sordos

No hagamos caso a consejos insensatos pues su consecuencia y resultados serán caóticos para cualquier situación en nuestras vidas. Gastar más de lo que ganamos es imprudencia. Soportar nuestros gastos a base de deudas es irresponsabilidad. Arropémonos hasta donde nos den las sábanas.

Si queremos invertir, que sea con el respaldo de un plan de negocio que determine el retorno de lo invertido mediante ingresos reales.

Lo ideal, por prudencia financiera, es generar ahorro como prevención a épocas complicadas.

En Ecuador se hizo un presupuesto fiscal muy dependiente y sensible a los ingresos por venta de petróleo, así como a los impuestos y aranceles provenientes de un marco impositivo exagerado. Una caída en el precio del petróleo, como la actual, ha ocasionado un déficit presupuestario importante para nuestro país, que ahora demanda cubrirlo con financiamiento externo.

El país necesita ingresos frescos, por eso las autoridades deben iniciar lo antes posible conversaciones con el sector productivo y exportador, para preguntar y entender sus necesidades específicas.

Ellos, más que nadie, saben exactamente qué necesitan para lograr competitividad internacional, que redundará en mantenimiento de plazas de trabajo y crecimiento, junto con nuevos ingresos.

Es tiempo de escuchar estas necesidades y tomar acciones correctivas inmediatas, sin considerar bandera política, ni tendencia ideológica; sin vanidad y falso orgullo, solo y únicamente por el bien del Ecuador.

Somos un país generador de riqueza, que demanda ser bien administrada; mientras continuemos produciéndola, hay solución.

Ordenemos las finanzas con planes de corto, mediano y largo plazo para generar credibilidad en los organismos de financiamiento externo e inversionistas, que tan desesperadamente necesita nuestra afectada economía.

Cuando escuchen recomendaciones sin sentido, como la de vivir a base de la tarjeta de crédito, recuerden que a palabras necias, oídos sordos.

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La discriminación

El pasado jueves 28 de febrero de 2013, fue un día histórico en el
reconocimiento de los derechos fundamentales que tenemos los ecuatorianos,
y que causó un precedente jurisprudencial importantísimo para todas aquellas
personas que padecen alguna discapacidad.

Un Juez de Guayaquil aceptó la acción constitucional de protección, planteada
por la Defensoría del Pueblo, en contra de dos compañías de seguros de salud
que “presuntamente” habrían negado la cobertura a un niño con síndrome de
Down.

Pese a que los demandados argumentaron que aún no existe una normativa
secundaria como un reglamento, para poder aceptar en sus seguros a
personas con discapacidad, la Constitución es clara cuando dispone que los
derechos y garantías serán de directa e inmediata aplicación y que “no podrá
alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento.”

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