Gobierno del Presidente Lucio Gutiérrez
En octubre de 2003, en el gobierno del Presidente Lucio Gutiérrez, el Congreso aprobó la Ley de Servicio Civil, Carrera Administrativa y Homologación Salarial; la mencionada Ley dice en su texto “que pretende corregir las distorsiones y la abismal disparidad en el salario de los burócratas”. Al menos, las buenas intenciones de esta ley, era “frenar los excesos de la burocracia dorada y mejorar la situación de una mayoría de servidores públicos que reciben modestas remuneraciones”. No obstante haberse aprobado, no se lo hizo con el sustento económico correspondiente a tal punto que después de más de un año -noviembre del 2004- los servidores públicos se declararon en huelga exigiendo que el Gobierno financie la homologación salarial. La ley establece, expresamente, que “la homologación se efectuará a partir del 1 de enero del 2005”.
En noviembre del 2004, la prensa señala: “Falta un mes y medio para aplicar la homologación y no se han definido escalas de sueldos ni financiamientos.
Trece meses después de su puesta en vigencia, la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público (la ley salarial) no se aplica debido a los desacuerdos y al incumplimiento de plazos de los servidores públicos, de la Presidencia de la República, del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de la Contraloría y de la Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneraciones (Senres)”.
“El ministro de Economía, Mauricio Yépez, admite que la pro forma del 2005 no contempla una asignación exclusiva para la homologación. El presidente de la República, coronel Lucio Gutiérrez, tampoco ha cumplido con los plazos. Según la ley salarial (disposición final segunda), el reglamento, que no existe, debió estar listo en un plazo de 90 días, desde su publicación (en el Registro Oficial, el 6 de octubre del 2003)”.
Además, “Mauricio Yépez, confirmó que el 2005 habrá un alza salarial para las Fuerzas Armadas y la Policía, que no están sujetos a la homologación salarial junto a los empleados judiciales, legislativos y maestros”.
En abril del 2005, Lucio Gutiérrez es depuesto y la Ley de Homologación Salarial se quedó en suspenso; como vimos, si bien es cierto la ley la promulgó Gutiérrez pero en un año seis meses de estar en vigencia no se hizo nada.
Gobierno del Presidente Alfredo Palacio
Un poco más de un año de gobierno del Presidente Palacio, es decir el mes de junio del 2006, el Presidente ordenó al Ministro de Economía y Finanzas que de cumplimiento a la ley de Homologación Salarial que no se había cumplido en el gobierno anterior. Para una mejor comprensión transcribo un boletín del Ministerio de Economía y Finanzas en donde explica el mecanismo para la aplicación de la citada ley:
“ECONOMÍA APLICA LEY DE HOMOLOGACIÓN SALARIAL
A FUERZAS ARMADAS
En un plazo de cinco años el Ministerio de Economía y Finanzas, implementará la homologación de salarios a las Fuerzas Armadas. Para el presente año, se aplicará la equiparación en el equivalente al 10% del costo total y, la diferencia se prorrateará en partes iguales entre el 2007 y 2010. En el año 2006 solo corresponde un incremento del 10% de las diferencias existentes entre los valores que actualmente perciben los miembros de Fuerzas Armadas y los correspondientes a las escalas referenciales vigentes de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de la Unificación y Homologación de la Remuneración del Sector Público (LOSCCA). El costo será cubierto con recursos corrientes del presupuesto del Gobierno Central y no con recursos petroleros.
La cartera de Economía recalcó, que la LOSCCA expedida el 6 de noviembre de 2003, propició la implementación de un sistema de remuneraciones unificadas en las instituciones del sector público, y a la vez, de un proceso de homologación de cinco años, entre 2005 y 2009, a fin de reducir las significativas diferencias de los sueldos que perciben los funcionarios de las instituciones públicas.
El ámbito de la aplicación de la referida ley excluye a los miembros de las Fuerzas Armadas, las que mantienen un sistema de remuneraciones establecido en una base de cálculo, ajustable periódicamente y vinculada al salario mínimo vital general que, después de la dolarización, quedó reducido a cuatro dólares. Bajo esta circunstancia, las remuneraciones del personal de Fuerzas Armadas han sufrido un rezago significativo respecto del resto de servidores públicos a los que se aplica el régimen establecido en la LOSCCA.
A fin de superar las diferencias existentes, las FF.AA. han diseñado un nuevo sistema que corre en paralelo con las escalas de remuneraciones mensuales unificadas y del nivel jerárquico superior, lo que significa un avance de gran relevancia en el objetivo de equiparar las remuneraciones de los servidores públicos sobre una base conceptual única.
Quito, 1 de junio de 2006”
Gobierno del Presidente Rafael Correa
El Decreto Ejecutivo número 881, suscrito por el presidente Rafael Correa, el 21 de enero del 2008. Este dispuso la homologación salarial para los uniformados de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, El Decreto 916 incluye al 881. Dispone: “Aplicar al personal en servicio activo y pasivo de la Policía, las disposiciones previstas en el Decreto Ejecutivo 881del 21 de enero de 2008 (en este se refería a la homologación salarial en las FF.AA.), para que la equiparación de sus remuneraciones se cumpla hasta el año 2009”. El artículo 4 del Decreto 916 precisa que el documento rige desde el 1 de enero de 2008 y que el Ministerio de Gobierno y Policía y el de Finanzas son los encargados de su ejecución.
Este Decreto no se cumplió en su totalidad porque se excluyó a cuatro grados: Mayor, Capitán, Suboficial Mayor y Suboficial Primero; la justificación, según las autoridades no se los consideró porque no había en el servicio público funciones que equiparen a los grados señalados.
Esta no inclusión de los cuatro grados señalados, fue un motivo perturbador al interior de las FF.AA. y de la Policía, al no haber sido considerados en la homologación se sentían perjudicados en su haberes, no era ningún secreto que había descontento al interior de las filas de los uniformados. Era tan evidente que después de casi dos años de vigencia del decreto mencionado, antes del 30 de septiembre de 2010, la prensa informa sobre dicha inconformidad, incluso el 28 de septiembre, familiares de militares activos y en servicio pasivo se reunieron en la plaza de la Recoleta, frente al Ministerio de Defensa a fin de protestar por el incumplimiento del decreto Ejecutivo 881.
Luego de los tristes sucesos del 30 de septiembre, el Presidente Correa decreto la homologación salarial de los cuatro grados que habían sido excluidos, el decreto establecía que debía ser retroactivo desde enero. Coincidencia o no esta decisión del ejecutivo se dio cumplimiento dos días después de la revuelta policial; desgraciadamente fue preciso que se den los hechos que enlutaron al país para que el gobierno de cumplimiento a un derecho legítimo de los uniformados.
Conclusión
En el gobierno del Presidente Lucio Gutiérrez se decretó la homologación salarial pero dicho decreto no se dio cumplimiento, se lo aprobó sin el debido financiamiento, sólo quedó en el papel.
En el Gobierno del Presidente Alfredo Palacio, se estableció el procedimiento de cómo se debía dar cumplimiento a la Ley de Homologación Salarial, iniciando con un porcentaje en su mandato y el resto debía concluir hasta el año 2010.
En el Gobierno del Presidente Rafael Correa, continuó con el cumplimiento de la ley, incluso dispuso que la homologación concluya el año 2009, es decir un año antes de lo previsto; desgraciadamente se excluyó a cuatro grados (dos de oficiales y dos de suboficiales), tanto de los militares y como de los policías. Esta exclusión fue uno de los detonantes de los sucesos acaecidos el 30 de septiembre de 2010.
Normalmente en nuestro país, los presidentes hacen alarde del cumplimiento de las leyes y los ciudadanos tenemos que aplaudirles y agradecerles. En el caso de la homologación salarial, el Presidente Correa, lo que ha hecho es cumplir con la ley que la retomó y estableció el procedimiento para que se cumpla el Presidente Palacio, siendo Ministro de Defensa el General Oswaldo Jarrín; de manera que las remuneraciones justa y bien merecidas de los uniformados no se debe a la generosidad del Presidente Correa, sino al fiel cumplimiento de la ley.
