En mayo del año pasado, en Guatemala, la indignación popular llegó al extremo de obligar a la vicepresidenta en funciones Roxana Baldetti a tener que renunciar. Meses más tarde, lo haría el presidente Otto Pérez Molina, arrastrado, también, por las acusaciones de corrupción en su contra y la ola de protestas callejeras pidiendo justicia.
Actualmente, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, vive una situación similar, que la tiene contra las cuerdas prácticamente desde su reelección en el 2014, por los señalamientos de corrupción que afectan igualmente a al expresidente Lula da Silva, poniendo en entredicho su imagen, así como su legado político.
Ambos países aunque diferentes en muchos aspectos, pero con una historia política de gobiernos durante los cuales la corrupción y el abandono de las clases populares, con muy contadas excepciones, han marcado la pauta; se asemejan, sin embargo, en que poseen una ciudadanía, un pueblo, que ha sido capaz de reaccionar de modo similar, en algún momento de este comienzo de siglo, frente a los desmanes de sus gobernantes de turno.
Además, algo que ha ocurrido por igual, en esos dos países, es la toma de conciencia de la frustración, por parte del pueblo, a la que ha estado sometido durante mucho tiempo. La gente se cansó, después de aguantar año tras año, tanta desigualdad social, abusos y engaños de su clase dirigente, a la que llegaron a creer y en algunos casos hasta adorar, como si de dioses humanizados se tratase. Otra cosa es que cambien los actores y la historia se repita. Y es que el pueblo siempre vuelve.
Pensando en la situación venezolana, pareciera que las afinidades y semejanzas con los casos de Guatemala y de Brasil, principalmente con este último, son muchas, pero que a pesar de ello, la reacción de los venezolanos no es la misma, ni siquiera parecida. La pregunta que habría que hacerse, entonces, es ¿por qué no, aquí en Venezuela? Es que acaso ¿es muy diferente un guatemalteco o un brasileño de un venezolano?, o son escenarios distintos los de Brasil y Venezuela, y por eso la gente no responde de la misma manera.
Una cosa es cierta, tanto en los casos de Brasil como de Guatemala, hubo investigaciones formales de los organismos del Estado que trascendieron de alguna manera a la opinión pública, antes de que las protestas populares llegaran a las calles. En el país centroamericano participó, incluso, un organismo adscrito a Naciones Unida. Se trata de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), creada en diciembre del año 2006, mediante un acuerdo firmado entre el gobierno guatemalteco y la ONU, con el propósito de asistir al Ministerio Público y a la Policía Nacional de Guatemala en su lucha contra el crimen organizado.
En Venezuela, por el contrario, y pudiera haber aquí una nota diferenciadora, no se tiene conocimiento de investigación oficial alguna contra ningún alto funcionario del gobierno; mucho menos que involucre al presidente, al vicepresidente o tan siquiera a un ministro; por lo que cualquier comentario o denuncia por los medios sobre corrupción no deja de ser un chisme. Claro que cualquiera pudiera pensar, que tal vez las instituciones sean más independientes en Brasil y en Guatemala que en nuestro país, y que por eso, allí si se abren investigaciones que en la Venezuela actual son imposibles.
Pero las coincidencias para hacer la analogía siguen ahí. En las manifestaciones populares de Guatemala, por ejemplo, había niños con pancartas, en las que se leía “No se puede comprar leche por muchos impuestos”. En nuestro país ocurre lo mismo, tampoco se puede comprar leche; pero no por los impuestos, sino porque escasea y la que se consigue está a precios de estraperlo. En Brasil, subieron las tarifas del transporte público en el 2013 y la propia Dilma tuvo que intervenir para dejarlas sin efecto, asustada por la contundencia del rechazo popular que veía, al mismo tiempo, como se gastaban sus impuestos en obras para el mundial de futbol pasado y las olimpiadas de este año, que la mayoría de los brasileños consideraban suntuosas e innecesarias. En nuestro país no solo se han elevado las tarifas del transporte público, sino de los servicios en general, no obstante las deficiencias e irregularidades con que se prestan y no pasa nada.
Sin ir tan lejos, pudiéramos hacer, incluso, una comparación de historia patria reciente. Se tiene como cierto, de un tiempo a esta parte, que el siempre rememorado “caracazo” del año 1989, fue generado por las medidas económicas neoliberales anunciadas por Carlos Andrés Pérez, de entre las cuales la subida del coste del transporte, consecuencia del aumento de la gasolina veinticinco céntimos el litro, sirvió para encender la chispa en la ciudad de Guarenas que detonó la explosión social cuyas consecuencias lamentables de muertes y saqueos, todos conocemos.
Pero si esa tesis fuese verdad, porque no ocurre lo mismo ahora, cuando el gobierno de Maduro tiene ya tres años y no solo tres semanas como tenía el de Carlos Andrés Pérez; y no únicamente los pasajes, sino la gasolina y el costo de la vida, en general, han subido exponencialmente. En medio, además, de una grave crisis socioeconómica, en que el salario nominal de un trabajador, equivalente a menos de veinticuatro dólares, no le alcanza ni para ir al mercado.
De ahí, la pregunta con la que iniciamos este articulo ¿por qué no, aquí en Venezuela?
