El presidente de la Asamblea Nacional acaba de decir que no acataran sentencias del Tribunal Supremo que violen la Constitución de la República. Se refiere a decisiones inconstitucionales que interfieran con las atribuciones propias del Poder Legislativo o que afecten su funcionamiento. Como declaración nos parece al menos valiente, pues es primera vez que se produce.
Ahora bien, cómo se llevará a la práctica ese desacato, lo desconocemos. Lo único seguro es que será una fuente generadora de más conflictos y enfrentamientos con el gobierno del señor Maduro. De hecho, no nos extrañaría que algún diputado o el propio Ramos Allup, fuesen a parar a la cárcel por “incumplimiento” de alguna decisión judicial.
La primera prueba de fuego la tendremos en el Decreto presidencial N° 6225, aún calientito, recortando la facultad de censurar a los ministros que le otorga la Constitución a la Asamblea Nacional, mediante una moción, y que aunque no es una sentencia, sino un acto de la administración completamente inconstitucional, no tenemos dudas de que se convertirá en sentencia, tan pronto se lo pidan al TSJ. ¿Qué hará entonces la Asamblea Nacional?, pronto lo sabremos.
Lo cierto del caso, es que en estos tres últimos años, por no alargar el asunto a los diecisiete que lleva el chavismo en el poder, se han producido varias decisiones de la Sala Constitucional del TSJ, tanto contra el sistema presidencial de gobierno, como contra los derechos electorales y políticos de los ciudadanos, que son groseramente inconstitucionales, sin que hasta ahora haya ocurrido algo. Ni siquiera una declaración de corte similar a la del presidente de la Asamblea Nacional
Pero dentro de este contexto, lo que llama la atención de manera preocupante, no es ya, que ninguno de los líderes de la oposición se haya negado, hasta ahora, a acatar o a obedecer alguna de esas decisiones u ordenanzas del gobierno, abrumadoramente anticonstitucionales, sino por el contrario, que sin tan siquiera ponerlas en duda, hayan en algunos casos, salido a la palestra pública a darles cumplimiento. Tal como ocurre, ahora mismo, con las resoluciones del CNE relativas al Referendo Revocatorio, insultantemente inconstitucionales, a las que en vez de oponerse y desconocerse, se les ha dado cumplimiento inmediato, sin rechistar, por parte de la oposición.
En días recientes, el señor Henrique Capriles dio unas declaraciones sobre el “firmazo” que supongo a muchos los habrán dejado perplejos. Resulta ahora, que de los 2.5 millones de firmas recogidas para el Revocatorio, solo se entregaron 1.850.000 de dichas firmas, debido a que no había suficiente personal para apoyar la logística de ordenarlas, guardarlas en cajas y transportarlas a la sede del CNE y no se quería perder mucho tiempo en dicho objetivo. Pero lo más importante de todo, es que las firmas recogidas no sirven para convocar propiamente el Revocatorio, sino para activar el inicio del proceso. Un requisito inventado por el CNE, según dijo Capriles, que no está en la Constitución, y que se satisfacía con un 1% del padrón electoral, o sea, casi doscientas mil firmas, pero que con el “ firmazo” se convirtieron en 2.5 millones, “un éxito rotundo”.
Lo que cabe preguntarse es como se sentirán quienes firmaron sin saber eso y creyendo que sus firmas, todas, serían utilizadas para convocar el Revocatorio y no para satisfacer un requisito caprichoso e inconstitucional del CNE. Lo peor de todo, es que esas firmas no servirán para nada, pues ni siquiera podrán sumarse o contarse como parte de los casi 4 millones de firmas que tendrán que recogerse, próximamente, para cumplir con el requisito del 20%, que si está contemplado en el Artículo 72 de la Constitución, y que si cumplirán con el cometido de convocar el Revocatorio. Entonces ¿para que se hizo el “firmazo” y se molestó a la ciudadanía haciéndole perder el tiempo en algo que es visiblemente inconstitucional y, sobretodo, innecesario?, ¿para dar la imagen de que somos buenos ciudadanos, respetuosos de las resoluciones y de las leyes?.
Pero además, el señor Capriles en sus declaraciones, se hizo eco de lo que algunos expertos constitucionalistas de la oposición, han venido pregonando en las últimas semanas, al asegurar que ya han transcurrido cuatro meses del cuarto año del periodo presidencial que se inició el 10 de enero del 2013, y que, por lo tanto, quedan ocho meses para ejercer el Revocatorio contra Maduro, y se produzca un cambio presidencial mediante elecciones, pues de lo contrario, aun perdiendo Maduro el Referendo, si éste se da después del cuarto año, como lo ya explicamos en un artículo anterior, el vicepresidente en funciones terminaría el periodo presidencial por los dos años restantes. Es decir, que si le hacemos caso a esta interpretación de los especialistas y de Capriles, hemos perdido cuatro meses sin saber por qué. Y como dicen los abogados, a confesión de parte relevo de pruebas.
Aceptar que hemos perdido cuatro meses no es lo más grave de esta sumisa posición, que motivó a Diosdado Cabello a declarar, con el cinismo acostumbrado, que pareciera que la oposición no quiere Revocatorio por que se ha tardado cuatro meses en comenzar a recoger las firmas.
Lo más grave, en nuestra opinión, es que asumiendo esa posición complaciente, estaríamos dándole la razón y reconociendo, en todas sus partes, la absurda e inconstitucional sentencia de las Sala Constitucional del TSJ, del 9/1/2013, que permitió que el señor Maduro siendo vicepresidente de un gobierno que culminaba al día siguiente, continuase siendo vicepresidente del nuevo gobierno que se iniciaba el 10 de enero del 2013, sin que el presidente electo Hugo Chávez, se juramentase como Presidente en funciones y asumiese el cargo. Y esto es inadmisible bajo cualquier punto de vista pues la única verdad existente, es que el ciudadano Chávez Frías nunca se juramentó, ni siquiera después del 10 de enero, como lo permitía incoherentemente la sentencia, ni jamás asumió el cargo de presidente, por lo que no podía haber un vicepresidente en el nuevo gobierno, sin que hubiese un presidente en ejercicio que lo designase.
La verdad, la única verdad posible, es que Nicolás Maduro asumió su cargo como presidente electo el 19 de abril del 2013, por lo que la mitad de su periodo presidencial se produjo el 19 de abril de este año y no el 10 de enero pasado, y que antes de eso fue un funcionario de facto, con base en una sentencia del TSJ que no fue más que un burdo golpe de estado a la Constitución.
No se puede seguir desinformado a la gente, ni mucho menos engañándola o manipulándola como si fueran títeres.
