Era lógico suponer que la Constitución Bolivariana aplaudida en su momento por propios y extraños, contaría, con el correr de los años, con la defensa y férreo apoyo de sus partidarios; no solo de los chavistas, sino también de quienes sin serlo, apoyaron la constituyente, como la gran panacea, antes y después del año 1999, pero muy principalmente, de los constituyentes que la redactaron y aprobaron como si de las “Doce tablas de la Ley” se tratase, hazaña de la que aún se sienten orgullosos. Claro está que fue Chávez, padre político de la misma, su mayor paladín, quien la llegó a calificar en agosto del 2003 como «una constitución modelo», «la mejor del mundo», con el perdón de las demás constituciones.
La mejor constitución del mundo ha resultado tan irrespetada por Chávez, Maduro y sus acólitos, que hemos sido testigos en estos tiempos, aunque sea por necesidad estratégica, de ver a la oposición saliendo en su defensa. El cambio de constitución, pues no se puede calificar de manera diferente, que se quiso hacer en diciembre del 2007 con el referendo, y que resultó frustrado por el voto popular, es un buen ejemplo de ello.
El origen mismo de la Constitución Bolivariana, puede decirse que ya es en sí mismo una “fe de erratas”. Se trata de un nacimiento lleno de correcciones, borrones y enmendaduras. Como se recordará, entre la versión originalmente sancionada por la Asamblea Nacional Constituyente el 19/11/99 y la que se editó para su divulgación y consecuente aprobación refrendaria por el pueblo el 15/12/99 había diferencias de texto. También tenía modificaciones la versión que apareció en la Gaceta Oficial el 30/12/99 y nada digamos de las más de doscientas correcciones de «ultima hora», que se le hicieron, por haberse incurrido en «errores de gramática, sintaxis y estilo», en dicho texto, en la versión final publicada el 24/3/00 y que fueron verdaderas enmiendas que tocaron materias de fondo en algunos de sus artículos.
Los cambios fueron de tal magnitud que después de un año el TSJ vino finalmente a decidir que la versión del 30/12/99 era la auténtica. Lo cual tampoco era cierto, tal como lo refirieron los periodistas Álvarez y Gómez en «Todos los cambios no fueron de estilo» (eluniversal.com, 11/12/2000) en una entrevista al presidente de la Comisión de Estilo de la Asamblea Nacional Constituyente donde éste declaró: «El texto que votó la población estaba errado desde que lo divulgó el Consejo Nacional Electoral. Es que se publicó un texto que no fue el entregado por la Comisión de Estilo que yo coordinaba».
Otra pequeña modificación digna de ser reseñada, fue la que se le hizo al texto del art. 72, el del referéndum revocatorio, a través de una normativa de carácter sublegal del CNE, primero, y posteriormente, de una sentencia del TSJ, de octubre del 2003, tema al que ya nos referimos en un artículo anterior y que, sin duda, ayudó a ganar el referendo a Chávez en el 2004.
Lo mismo ocurrió con aquella celebre sentencia de mayo del 2001 según la cual, aun cuando Chávez, ganador de las elecciones de julio del año 2000, dentro del marco de la nueva Constitución Bolivariana, había sido juramentado como Presidente el 19 de agosto de ese mismo año, su periodo concluía el 10 de enero del 2007, fecha en la cual debía comenzar el próximo período presidencial, esto último conforme lo dispone el artículo 231 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es decir, que a Chávez se le dieron seis meses más de presidencia, una ñapa sin fundamento alguno, al no finalizar su mandato de seis años, el día 19 de agosto del 2006, como era lógico suponer, sino el 10/1/2007.
Decisión aquella de la Sala Constitucional del TSJ, que no ayuda a entender como el periodo presidencial de Nicolás Maduro, quien se juramentó el 19 de abril del 2013, pudo comenzar el 10 de enero de ese año, a los efectos de calcular cuando empieza la mitad de su periodo y, por ende, el tiempo de inicio para convocar el referendo revocatorio; lapso como aseguran algunos de la oposición y todos los del oficialismo, ya lleva casi cinco meses corriendo. Ambos casos, el de Chávez y Maduro, tienen en común que como presidentes electos se juramentaron en fechas diferentes a la establecida por la Constitución de 1999, esto es, después del 10 de enero, y sin embargo, en el primer caso el TSJ confirmó que la presidencia de Chávez del 2002 comenzó el 19 de agosto de ese año, mientras que en el caso de Maduro, no obstante haberse juramentado el 19 de abril del 2013, se dice que su periodo presidencial ya se había iniciado el 10 de enero de ese mismo año. ¿En qué quedamos entonces?
De modo tal que con estos antecedentes y prácticas habituales, no es difícil entender lo que ha venido ocurriendo en los últimos tres años con las decisiones del TSJ, para justificar y sostener a Nicolás Maduro en el gobierno, que más que interpretaciones del texto constitucional, ha realizado verdaderas alteraciones del mismo, sin importarle la ruptura del estado de derecho y de la lógica más elemental.
Pero tal vez todo se explique, porque aun siendo la nuestra la mejor Constitución del mundo no es, sin embargo perfecta, como el propio Chávez se encargó de aclararlo en su oportunidad con gran clarividencia. Según Chávez, tenía detalles que habría que «corregir» pues no era perfecta, y la perfección era enemiga de lo bueno. O lo que es lo mismo, no es la mejor porque es perfecta, sino porque precisamente siendo imperfecta, era buena para el chavismo.
