¿Meritocracia en ascensos militares?

No se puede, al menos en nuestro país, hacer graciosos ascensos violando la Constitución y las leyes que rigen la carrera militar. Por lo tanto, sólo el fiel cumplimiento de leyes y reglamentos militares garantizan a todo militar digno que alcanzará todos los grados de su carrera sólo por la vía del profesionalismo severo. Nada de adulos, compadrazgos ni amiguismos; únicamente méritos, respeto, disciplina, trabajo, justicia y como objetivo central, cimentar una sólida jerarquía y la formación de una institución de sólidos valores cívicos, morales y espirituales, al servicio, sobre todo, de los caros intereses populares.

En nuestro país, los ejércitos libertarios estaban jerarquizados y los ascensos eran otorgados por méritos de guerra. Ya creadas las nuevas repúblicas, las luchas continuaron, pero para captar el poder político, los gobernantes, en su mayoría, fueron militares, con el grado de General.

A inicios de siglo XX se inicia la verdadera profesionalización militar  en el gobierno del Presidente Alfaro. En varias constituciones fue preciso que conste que sólo el Ejecutivo tenía la potestad de otorgar grados militares ya que aparecían Coroneles y Generales “proclamados” por las “montoneras alfaristas”. “A estos ‘coroneles-hacendados’ se los calificaba popularmente como ‘coroneles gritados’, tanto para destacar el hecho de que el rango les había sido conferido por sus propias tropas, al grito de ¡Viva mi coronel!, como para diferenciarlos de los ‘coroneles graduados’; es decir, de aquellos que habían recibido su grado de las autoridades correspondientes”. (Núñez 1995).

Nuestras Fuerzas Armadas, al correr de los tiempos, han alcanzado un alto grado de profesionalismo, regidas por leyes específicas como señala la Constitución vigente, en su artículo 160: “los miembros de Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional estarán sujetos a las leyes específicas que regulen sus derechos y obligaciones, y su sistema de ascensos y promociones con base en méritos…”.

“Hoy, la carrera de las armas, en casi todos los países de la región, ya no se hacen en los campos de batalla, sino en las academias militares y en el ejercicio de funciones tecnoburocráticas. Los ascensos no son resultado de acciones heroicas o de favores clientelísticos otorgados por un omnímodo jefe, sino que provienen de estudios, méritos y disciplina que resumen en el concepto de antigüedad. Ahora es una limpia hoja de servicios, la única que le garantiza a un oficial la posibilidad de avanzar en el estricto escalón militar. Como consecuencia de este profundo cambio que ha experimentado la vida militar latinoamericana, se han constituido fuerzas armadas profesionales e institucionalizadas que son hoy las que prevalecen en la mayor parte de los países de América Latina”. (Hurtado Osvaldo. Cordes 1988).

No es aconsejable entonces seguir el ejemplo de Venezuela donde el poder político intervino en ascensos, al margen de leyes y reglamentos militares. Miren cómo pasó: el 4 de febrero de 1992 (4F), en Venezuela, el Tcrnl. Hugo Chávez Frías  lideró una cruenta intentona golpista para derrocar el gobierno de Carlos Andrés Pérez, el golpe fracasó y Chávez fue detenido y condenado a dos años de prisión. El 27 noviembre (27N), de ese mismo año, un grupo de militares protagonizó otro intento de golpe, que también fracasó; entre sus demandas se hallaba la puesta en libertad de Chávez. En mayo de 1993, el Parlamento destituyó a Carlos Andrés Pérez y su sucesor, Rafael Caldera, decretó la amnistía de Hugo Chávez. Chávez y muchos de los militares que lo acompañaron en la intentona golpista del 4F y del 27N fueron dados de baja de las filas militares.

Una vez liberado, Chávez inició una meteórica carrera política, ganó las elecciones y asumió la presidencia en 1999. Sus antiguos compañeros de las fallidas aventuras golpistas asumieron cargos importantes en la administración del Estado.

Hace un poco más de 2 años, en una ceremonia castrense, el heredero de Hugo Chávez, Nicolás Maduro, decretó el insólito ascenso de oficiales golpistas que participaron el 4F y el 27N, a los que llamó “combatientes patriotas”. Sin mediar ningún requisito legal, anunció que el Teniente  Diosdado Cabello, en aquel entonces Presidente de la Asamblea Nacional, pasaba a ser Capitán; el Tcrnl. Francisco Arias Cárdenas, gobernador de Zulia, Coronel; y el Capitán de Navío Ramón Rodríguez Chacín, gobernador de Guárico, Contralmirante. El ahora “Contralmirante”, Ramón Rodriguez Chacín, fue señalado en el 2009 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros por colaborar con los insurgentes colombianos de las FARC en el tráfico de drogas.

En nuestra Marina, el caso del CPNV Lenín Sánchez Miño, se ha hecho público, se conoce que no reúne los requisitos para ser declarado idóneo para su ascenso a Contraalmirante. Pero, de concretarse su ascenso, no sólo que sería atentatoria a las leyes y reglamentos militares, sino que sentaría precedentes funestos para las Fuerzas Armadas.