Administrar es gobernar la economía de una persona o entidad. Es decir, planificar, dirigir y controlar sus recursos y procesos para obtener el mejor resultado posible. Con esto podemos inferir que el mal administrador es aquel que hace exactamente todo lo opuesto a lo ya descrito.
Se dice que por lo general los Estados son malos administradores de empresas y varios lo han demostrado con sonados ejemplos.
La pregunta es: ¿por qué pasa esto? Y la razón puede ser que los directivos y colaboradores de compañías en manos del Estado no las sienten como propias, quizás porque se consideran cubiertos por el manto del servidor público, sin mencionar las prebendas de las que gozan y cuyo pago saben está asegurado, independientemente de la eficiencia en su trabajo, pues simplemente deben cumplir el horario mínimo establecido. Hay honrosas excepciones, pero esas justamente ratifican la regla.
Una compañía estatal que genere pérdidas seguirá funcionando y operando siempre que el Gobierno le asigne los fondos necesarios para mantenerla, sin considerar como factor determinante para su subsistencia, los resultados que genere.
De estos casos hemos escuchado algunos, como el de TAME, empresa con pérdidas cuantiosas, que si estuviera en el sector privado, hace algún tiempo hubiera cerrado sus puertas. Lo mismo ocurre con los canales de TV incautados, entre otras.
Con lo dicho, la medida más sana y coherente sería vender al sector privado las empresas que por su naturaleza no deben estar en manos del poder público. Incluso resulta peligroso que el Estado se vuelva competidor de empresas privadas, donde el centavo cuenta y sus resultados dependen de una gestión y servicio eficiente. Esto sin hablar del mal uso que puede darles, considerando la supremacía de su poder. Recordemos que la propia Constitución prohíbe y sanciona el “abuso de posición de dominio en el mercado y otras prácticas de competencia desleal”
¡Zapatero a su zapato! El Estado debe dedicarse a servir, a precautelar los intereses del país y a buscar su bienestar .
