Las últimas acciones tomadas por la Asamblea Nacional hace apenas unos días, han sido sin lugar a dudas, las más esperadas y las más populares de todas, en los seis meses que tiene funcionando el parlamento venezolano en manos de la oposición. Por primera vez, en todo ese tiempo, la Asamblea contraataca.
Nos referimos, principalmente, a la decisión de dejar sin efecto los espurios nombramientos de varios magistrados del TSJ, efectuados por la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional anterior, en el mes de diciembre pasado, en pleno asueto navideño, cuando el periodo ordinario de sesiones de la Cámara ya había culminado y en vísperas de instalarse una, recién electa, y de juramentarse su nueva directiva. Una medida de auto revisión de sus propias decisiones, para corregir vicios o errores, como lo es, por ejemplo, el que muchos de esos magistrados no llenasen requisitos mínimos académicos o de experiencia, para ocupar el cargo, o que fuesen fichas de partido, o sea, miembros del PSUV, al momento de su designación. Requisitos,incumplidos, que exige la ley y que al pasarse por alto, hacían que los nombramientos de aquellos magistrados fuesen fraudulentos.
Independientemente, de si la Asamblea Nacional tiene o no facultades para revocar sus propias decisiones y anular en consecuencia los nombramientos de actuales magistrados del TSJ, asunto que no sería objeto de un artículo como éste, debemos recordar que existe ya un precedente en esta materia, de junio del año 2004, cuando la bancada del otrora MVR, aplicando expresas disposiciones del Reglamento Interno de la Cámara, las cuales no han sido modificadas en dicho particular, revocó la designación del magistrado Franklin Arrieche, por haber dado falsa información para el momento de aceptar su postulación para el cargo. Situación similar a la de varios de los magistrados designados en diciembre pasado por la Comisión Delegada.
Sin embargo, hay una pequeña diferencia que no deja de ser importante, no obstante el vicio de inflar el curriculum vitae, que estaría presente en ambos casos, y es que mientras hubo que esperar dos años desde el momento mismo de su nombramiento para que la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, le pasará factura al magistrado Arrieche, sin que el TSJ se pronunciara al respecto; en el caso de los actuales magistrados apenas han transcurrido seis meses, y que, además, una sentencia premonitoria del TSJ, de fecha 1 de marzo de este año 2016, le prohíbe a esta nueva Asamblea Nacional, revocar o anular el proceso de designación de los magistrados. Es decir, que esta Asamblea ha venido actuando contra viento y marea
No menos importantes son las otras dos decisiones de la Asamblea Nacional. Nos referimos, en primer lugar, a la de restituir en sus curules a los 3 diputados electos por Amazonas, que fueron suspendidos por una sentencia temporal, sin pies ni cabeza, que los alejó de sus funciones, dentro de un procedimiento de nulidad de elecciones en aquella entidad federal, fundamentado en grabaciones que carecen de legalidad, y cuyo único propósito era reducir el número de diputados electos de la oposición e impedir así la mayoría calificada. Una reincorporación que es la consecuencia lógica de la anulación del nombramiento irregular de los magistrados en diciembre pasado.
La otra, fue la decisión de la Asamblea Nacional de no autorizar una prórroga al Decreto presidencial que el 13 de mayo pasado, declaró la emergencia económica, por segunda vez, y le añadió un estado de excepción, por si acaso.
Técnicamente, al concluir los sesenta días que duraba el Decreto, concluye igualmente el estado de excepción y de emergencia económica, o al menos los poderes especiales que la situación de emergencia ameritaba, por lo que el Comando cívico militar, para el Abastecimiento Soberano con poderes extraordinarios, creado dentro del marco de la Gran Misión Abastecimiento Soberano, deberá actuar dentro de la ley, no obstante el lenguaje genérico e impreciso del Decreto Nº 2.367, que alienta la aplicación de medidas que desde ya se pueden catalogar de inconstitucionales.
La subordinación de todo el aparato productivo a un esquema militar comandado por el Ministro de la Defensa, no creemos, por otra parte, que signifique la militarización del país; pues el país se encuentra militarizado desde el año 1999, sino más bien la formalización de esa circunstancia y la oficialización de un estado de excepción permanente, que ya no requiere de nuevos decretos.
La gente en la calle, esperaba muchos cambios, algunos imposibles, viniendo de la nueva Asamblea Nacional. Y esperaba todas esa medidas, cansada ya de que el gobierno, a través del Tribunal Supremo de Justicia, siguiera desconociendo la actividad legislativa de los nuevos diputados, declarándola inconstitucional cada vez que se le antojaba. Pero aún espera otras, como por ejemplo, la repatriación, por promulgación de ley, de los capitales sacados de Venezuela o la revisión de la adulterada decisión de la Asamblea que nombró en diciembre del 2014 a la Fiscal y al Defensor del Pueblo, sin tener una mayoría calificada, como lo exige el Artículo 279 de la Constitución. Mayoría que ahora si le exige el gobierno y el TSJ a la Asamblea Nacional para el caso de que se tengan que designar otros representantes del Poder Ciudadano.
Estamos seguros que estas acciones de la Asamblea no van ser respetadas por el gobierno y que el TSJ sacará de su chistera una sentencia que ratificará la de marzo pasado y anulará, a su vez, el acto de revisión parlamentaria por el cual se invalidó la elección, a dedo, de 13 miembros del TSJ, así como de varios de sus suplentes.
Pero ya nada será lo mismo; y eso, lo sabe el gobierno.
