Los venezolanos saben desde hace ya un tiempo, aunque algunos se dieron cuenta hace poco, que tienen el peor gobierno de todos los imaginables.
En el país hay hambre; miedo a morirse debido a la falta de medicamentos; una inflación que lidera cuatro continentes y un salario mínimo de 35 dólares mensuales que golpea despiadadamente a la mayoritaria clase obrera, así como a una gran parte de la clase media depauperada ya, a estas alturas. La corrupción y saqueo de las arcas públicas en todo lo que va de siglo no tiene parangón en la historia venezolana desde 1830 para acá.
Nos encontramos, sin lugar a dudas, en medio de una gravísima crisis política que no tiene precedentes en nuestro pasado democrático y la única salida de esa olla a presión, en que se ha convertido Venezuela, su única válvula de escape, al menos la más democrática y efectiva, es el Referéndum Revocatorio que contempla el artículo 72 de la Constitución actual; la mejor Constitución del mundo según lo aseguró, en vida, el presidente Chávez en repetidas ocasiones.
Pero, ¿de qué sirve tener la mejor Constitución del mundo, si a la hora de ejercer un derecho allí contemplado, el propio gobierno lo impide?
Está claro, que cuando la Constituyente del año 1999, chavista en su casi entera totalidad, introdujo la figura del Referéndum Revocatorio en la nueva Constitución, el panorama político no se veía desde la acera de enfrente, sino desde la propia. Eso quiere decir que la pérdida del poder se miraba como algo distante.
Recordemos que en aquel tiempo Chávez acababa de ganar la presidencia con una muy alta votación y los liderazgos de los tradicionales partidos políticos, ahora en la oposición, estaban desaparecidos o eran inexistentes. Por lo tanto, bajo aquel escenario, un referéndum revocatorio contra Chávez, si éste obtenía de nuevo la presidencia, como ocurrió en el año 2000, bajo el marco de la recién nacida Constitución de 1999, era imposible que la oposición lo ganase. Más bien, había que percibir el Revocatorio como un instrumento político de recuperación del poder, en caso de perderlo más adelante, pues las elecciones del 2006 aún estaban muy lejanas.
La historia ya la conocemos. Chávez no perdió él Referéndum Revocatorio del 2004, siendo reelecto presidente en las elecciones de diciembre del 2006, sin que se solicitase un referéndum revocatorio durante este segundo periodo, con lo cual se volvía a depositar los ojos sobre aquel, para mirarlo nuevamente como un mecanismo de reconquista del gobierno a corto plazo, si la reforma o enmienda de la norma constitucional que le impedía ir a una tercera elección presidencial seguida, para el 2012, no se ganaba.
Estamos en pleno mes de agosto, a solo cuatro meses y medio del final del año 2016, y ha trascurrido el ecuador del periodo presidencial de seis años de Nicolás Maduro. El referéndum revocatorio se vislumbra ahora como el mecanismo más inmediato y certero de la oposición para salir legalmente de este gobierno en particular y del chavismo en general. Desde la otra orilla se hace hasta lo imposible para frenarlo. Se despliegan campañas de propaganda en los medios acusando de fraude a la oposición que impulsó el “firmazo” y se tildan de falsas las firmas recogidas para cumplir con el requisito inconstitucional del 1% impuesto por el propio CNE. Se introducen demandas ante el TSJ para anular las rubricas ya recogidas y homologadas finalmente por el CNE. El CNE por su parte, habla de varias fases posteriores que deben cumplirse, mientras Maduro y otros representantes del oficialismo aseguran que no hay tiempo para hacerlo este año o niegan descaradamente que vaya a haber referéndum revocatorio alguno. La desesperación es grande pues saben que si pierden ahora mismo el poder, el revocatorio no les servirá a ellos para recobrarlo en el 2021.
De todas estas falacias intentando convencer a la ciudadanía de que no se puede hacer el referéndum para solicitar la revocatoria de Maduro este año, sobresale por parecer la de mayor fundamento jurídico, la de que quedan apenas escasos cinco meses, de los doce que da la Constitución para hacer el Revocatorio y poder llamar a elecciones inmediatamente. Es decir, que según esta teoría, ya han transcurrido siete meses del cuarto año del periodo presidencial que según la norma constitucional se inicia el 10 de enero.
El problema con dicho criterio, no obstante la letra constitucional que le sirve de apoyo, radica en que los hechos mismos la desmienten, pues Nicolás Maduro asumió su cargo como presidente electo el 19/4/2013, cuando fue juramentado a la carrera, después de ser declarado ganador de los comicios presidenciales realizados cinco días antes. Por ende, su periodo presidencial comenzó en dicha fecha patria y no el 10/1/2013. Distinto hubiera sido, si Chávez reelecto en octubre 2012, se hubiese juramentado ese 10/1/2013 y asumido el cargo de presidente para un nuevo periodo, como lo señala la mejor Constitución del mundo.
Pero la mejor constitución del mundo casi nunca se cumple por el gobierno, y de ahí la incoherente e inconstitucional sentencia de las Sala Constitucional del TSJ, del 9/1/2013, que creó la ficción de que Chávez era presidente en funciones, aun cuando no se hubiese juramentado, ni asumido el cargo en forma alguna el 10 de enero, o posteriormente.
Sin embargo, hay precedentes jurídicos para refutar dicha posición, pues la también sentencia del TSJ, del 16/5/2001, estableció claramente que la presidencia ganada por Chávez en las elecciones del 30/7/ 2000, comenzaba el 19/8/2000, cuando se cumplió el requisito de la toma de posesión del cargo, previa juramentación ante la Asamblea Nacional, no obstante la fecha del 10 de enero señalada en la mejor constitución del mundo.
Entonces, ¿En qué quedamos?, ¿Faltan cinco meses o faltan nueve para que se cumpla el cuarto año del gobierno de Maduro? , ¿Hay tiempo o no, para efectuar el revocatorio?
