Hasta no hace mucho los “golpes de estado” en América Latina se daban siempre contra el gobierno de turno. De un tiempo a esta parte, más o menos desde los años noventa del siglo pasado, con Hugo Chávez al frente, desarrollando y mejorando el prototipo que había dejado Alberto Fujimori, eso ha venido cambiando.
Antes eran golpes secos, en el silencio de la noche y con el único ruido de las bayonetas. Ahora se siguen dando, pero de una manera más sofisticada y lenta, con la Constitución en la mano; a plena luz del día, entre el ruido de los micrófonos y la palabra hueca de los funcionarios. No se dan desde afuera, sino más bien desde adentro, y ya no derrocan gobiernos, sino que por el contario, los apuntalan contra cualquier forma de oposición política, pues es el propio gobierno el que los planifica y ejecuta. La victima sigue siendo la democracia, aunque todo se haga en el nombre del pueblo.
La historia política de los últimos veinticinco años en nuestra América, es bastante ilustrativa al respecto, mostrando las maniobras para perpetuarse en el poder de varios mandatarios. La Constitución ha sido más un instrumento político al servicio de causas personalistas, que una ley superior sobre la que cimentar las estructuras del Estado. Ocurrió primero con Fujimori y la nueva constitución de 1993 que permitía la reelección inmediata a diferencia de la anterior. Y otra vez, en el año 1996, con la Ley de Interpretación Auténtica de la Constitución con la cual el propio Fujimori se autorizaba a ser reelecto nuevamente.
Más recientemente, en Ecuador, se eliminó a finales del año pasado la limitante de una sola reelección, permitiéndose la reelección indefinida a partir del 24 de mayo del 2017; lo que le daría chance al presidente Correa de cambiar su actual decisión de no presentarse a las próximas elecciones presidenciales de febrero 2017.
Algo similar ocurrió en Bolivia, donde la Asamblea Legislativa, por medio de una reforma insólita de la Constitución del año 2009, le dio una nueva oportunidad de reelección a Evo Morales, que le permitió presentarse, por tercera vez consecutiva, a las elecciones del 2014.
Igual sucedió en Nicaragua, donde el artículo 147 de la Constitución que le prohibía expresamente la reelección a Daniel Ortega en los comicios del 2011, fue suprimido por la Corte Suprema de aquel país, argumentando que dicho artículo era inconstitucional, no obstante ser parte de la Constitución, pues todos los todos los hombres son iguales. De no resultarle esto y no poder presentarse a dichas elecciones, Ortega tenía como alternativa lanzar a su esposa Rosario Murillo como candidata a la presidencia. Esta última, una modalidad de nepotismo o perpetuidad en el poder que ya se utilizó en la Argentina de los Kirchner y que también se asomó como posibilidad en el Perú de Ollanta Humala.
Curioso es el caso de Honduras donde en abril del 2015, fue derogada por su máximo tribunal, la norma constitucional que impedía la reelección presidencial, seis años después de que Manuel Zelaya fuera derrocado por intentarse reelegir a través de un referéndum popular.
Todo esto, sin contar algunas tentaciones que quedaron en el aire, como por ejemplo, la del presidente colombiano Álvaro Uribe, quien agotados los dos periodos que le daba la reforma constitucional del 2004, coqueteó con la idea de un tercer periodo que no estaba previsto en la carta magna, o la de la señora Fernández de Kirchner, quien no obstante tenerlo vedado por la Constitución de su país, estuvo desojando la margarita en el 2015, para decidir si se lanzaba o no a la aventura de un tercer periodo.
Ni que decir de Venezuela donde Chávez, con la excusa de la Constituyente de 1999, sustituye la Constitución vigente por otra, en la cual se alarga el mandato a seis años con reelección inmediata por una única vez, para reformarla posteriormente y permitir la reelección infinita, que solo su temprana muerte impidió.
Después del fallecimiento de Chávez, las violaciones a la Constitución han estado a la orden del día, siempre con la cooperación ilimitada del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral, controlados por el régimen. Bien para elevar a Nicolás Maduro a la Presidencia “de facto” de Venezuela, desde su antiguo cargo de Vicepresidente que expiraba el diez de enero del 2013; bien para desconocer el funcionamiento de la nueva Asamblea Nacional en manos de la oposición desde enero de este año; o igualmente, para impedir que el pueblo venezolano ejerza un derecho constitucional como lo es el Referéndum Revocatorio, que Maduro perdería indefectiblemente. Esto último ya prácticamente consumado con la decisión anticonstitucional y arbitraria que acaba de tomar el Consejo Nacional Electoral de posponerlo adrede, para el añ0 2017, lo que anularía la posibilidad de que una vez revocado Maduro, se llame a elecciones, pues los dos últimos años de gobierno serian presididos, de acuerdo con la Constitución, por el Vicepresidente en funciones; quien es nombrado por Maduro.
Qué duda cabe, que dese hace tiempo, en Venezuela se viene dando un golpe de estado continuado
