Cuando Hugo Chávez fue electo Presidente en las elecciones del 6 de diciembre del 1998, lo acompañaban en el Poder Legislativo, 207 diputados y 54 senadores, electos semanas antes, el 8 de noviembre del mismo año, quienes conformaban el entonces Congreso Nacional.
Aunque el Movimiento V República obtuvo una votación que lo colocaba como la segunda fuerza parlamentaria, detrás de Acción Democrática, el conjunto de diputados y senadores de los partidos políticos tradicionales tenía una amplia mayoría, que superaba abiertamente cualquier pacto o coalición de las fuerzas políticas consideradas revolucionarias en aquel momento. Ello avizoraba un Chávez gobernando contra un Congreso en manos de la oposición. Una situación similar a la que enfrenta el actual gobierno de Nicolás Maduro, desde el 6 de diciembre pasado, cuando la oposición ganó abrumadoramente la Asamblea Nacional.
Todos debemos recordar, pues es historia reciente, lo ocurrido con aquel Congreso Nacional de efímera existencia. Instalado el 23 de enero del año 1999, fue abolido, al quedar reducido a una mera Comisión Delegada, en agosto de ese mismo año, por la Asamblea Nacional Constituyente electa el 25 de julio, bajo el argumento de que dicha Asamblea iba a legislar, dado su carácter de “poder originario”, mientras entraba en vigor la nueva Constitución.
Lo insólito de esa acción arbitraria y despótica, que asomaba lo que traía bajo la manga el nuevo gobierno de Chávez, más allá de que dicha Asamblea Constituyente nunca tuvo carácter de “poder originario” pues siempre fue un poder derivado, a la fuerza, de la Constitución de 1961, radicaba en la manipulación de aquella mentira para eliminar a un Congreso absolutamente legítimo, y deshacerse así de unos tribunos, electos con más votos que los que habían obtenido sus verdugos, es decir, los constituyentes, ya que en las elecciones parlamentarias de noviembre de 1998 votaron unos seis millones de personas, mientras que en las del 25 de julio de 1999, para escoger a los miembros de la Constituyente, sufragaron alrededor de cinco millones de ciudadanos.
Aquella Asamblea Constituyente ratificó, además, a Chávez en su cargo. Acto igualmente desconcertante, no pautado en ninguna ley, amén de discriminatorio, como si lo votos de los diputados no fuesen democráticos o valiesen menos que los del presidente. Y es que no puede entenderse, con cual fundamento, pues el jurídico no existe, los Constituyentes borraron al Parlamento y confirmaron al Ejecutivo. Su eficacia populista, sin embargo, motivó al presidente de Ecuador, Rafael Correa, a hacer lo mismo en el 2007, con su Constituyente, calcando el procedimiento al carbón.
En resumen, que Chávez no perdió tiempo alguno en ver si podía gobernar o no, con aquella oposición encaramada en un Poder Legislativo, necesario para sus planes y absolutista proyecto político. Simplemente eliminó, lo que para él era un obstáculo en el camino. Emulando así el Fujimorazo del 92 en Perú, pero con más refinamiento, pues no es lo mismo un Parlamento cerrado por una decisión presidencial, que por una Constituyente, que además proclama con orgullo, ser un poder originario, o sea, el pueblo mismo.
Han transcurrido diecisiete años y ningún poder del Estado, organismo o función importante dentro del gobierno, había vuelto a ser tocada por la oposición. Bastó que el 5 de enero pasado, se instalara la nueva Asamblea Nacional, de mayoría opositora, para que el gobierno de Nicolás Maduro le declarase la guerra utilizando todo tipo de recursos con desviación constitucional, y teniendo como ariete de derribo al Poder Judicial.
Así como ocurrió en el primer semestre del año 1999 y con una estrategia parecida, este gobierno empezó a calentar el ambiente político con declaraciones, frecuentes, en contra de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional, como lo hizo Chávez contra el Congreso Nacional, en su momento, amenazando con cerrarlo.
En la práctica, esto se ha traducido en la suspensión de tres diputados opositores electos en diciembre, para impedir la mayoría calificada; en el desconocimiento de sus funciones y actividades legislativas y parlamentarias, lo cual ha llevado a no presentarle a la Asamblea Nacional, el presupuesto del 2017, para su debida aprobación en forma de ley, poniéndose el Presidente Maduro al margen de la Constitución; e incluso, al negarle los recursos necesarios para el pago de sueldos y servicios de la Cámara, algo verdaderamente increíble en pleno siglo XXI. Recordemos que Dilma Rousseff, por algo similar, fue sacada de la presidencia de Brasil.
Hoy como ayer, la burla a la Constitución y al pueblo continúa. Un pueblo que votó por una Asamblea Nacional mayoritariamente opositora y que hoy ve, con estupor, como lo que el chavismo hizo a la entrada, lo vuelve a hacer, diecisiete años después, a la salida.
