El Ecuador que necesitamos

A partir del  próximo gobierno y después de 10 años botados  a la basura, un Ecuador  libre de temores y lleno de libertades, sujeto a una sociedad de seguridad social en justicia, es más que posible… Es necesario!  Para eso es vital estar convencidos, antes que nada, que la próxima administración de la cosa pública, es un entendimiento y práctica de salvataje socio político. Es un rescate de la república que exige sanear cada función del estado, hoy degradadas por la arbitrariedad y la corrupción. No es otra cosa, entonces, que una situación de conveniencia  socio política (un gobierno de transición) en que, sin marginar la visión ideológica, pueda  definirse  un estado de derecho, en que la democracia deba promoverse, en tanto estabilidad y proyecto.

¿ Olvidar que han sido 10 años de indefensión social? Diez años de ausencia de justicia… Diez años de ausencia de libertades… Diez años de ausencia de derechos… Mejor dicho…Diez años de ilegitimidad del poder gubernamental… Diez años de malversación de las finanzas públicas… Diez años de criminalización de las garantías sociales… Solo desprecio!. Contra su pueblo, sus valores, sus sueños…  ¿Se equivoca, acaso, Albert Camus, cuando dice que “en el desprecio está implicado ya el camino del fascismo”?. Por eso, ni perdón ni olvido para los aventureros fascistoides, que hoy detentan, ilegítimamente, el poder!

Pero, si hablamos de democracia y un estado de derecho, tienen que determinarse, ciertos sucesos, por exigencia para la recuperación social factible.

1. Restablecimiento de las instituciones  fundamentales del estado, en su autonomía e independencia de poderes, tal  sucede con las funciones legislativa, judicial y ejecutiva.

2. Reforma de la Constitución política del  estado en lo concerniente a  directrices que, en la práctica, atentan contra los mismos derechos sociales e individuales que, supuestamente, la carta magna garantiza.

3. Eliminación del presidencialismo, cuyas gestiones desde la decisión  ejecutiva solo han cumplido un mando administrativo arbitrario, personalista y autoritario… Semejante situación  convierte sus funciones en una dictadura civil que contradice, totalmente, la esencia del estado de derecho. Pone, además, en riesgo continuo el cumplimiento de las garantías constitucionales, al desconocer así al pueblo como el único soberano nacional.

4. Recuperación en  definición y contenido,  del ejercicio jurídico social, de los organismos de control estatal, en cuanto a su operatividad real y legítima, sean  entre otros, Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, lejos del manoseo político de la arbitrariedad gubernamental.

5. El  nuevo orden jurídico administrativo a entrar en vigencia, obliga: a)  la eliminación del Consejo de Participación ciudadana y control social, cuya presencia es una aberración jurídica a favor de la   concentración del autoritarismo presidencial, mediante la designación de autoridades fundamentales en el accionar democrático nacional.  Procuraduría general, Defensoría del pueblo, Defensoría pública, Fiscalía general, Contraloría del estado, Consejo Nacional Electoral, Tribunal contencioso electoral, Consejo de la Judicatura hoy, por esta aberración, títeres de la autocracia presidencial, deben ser reorganizados, democráticamente, con reconocimiento de su autonomía e independencia; b) eliminación de la ley orgánica de Comunicación, por atentar contra los derechos ciudadanos en cuanto a coartar la libertad de expresión y el libre ejercicio profesional del periodismo, convirtiéndose en mordaza contra la opinión crítica e independiente, mediante la Superintendencia de Información y Comunicación (Supercom), verdadera policía inquisitorial que, igualmente, tiene que  desaparecer.

6. Defensa, en la práctica, de las culturas nativas,  en su aceptación socio jurídica como NACIONES originarias, de acuerdo al derecho internacional  en vigencia, con respeto de sus lenguas, su valores ancestrales, sus territorios, su justicia…

7. Fin de la industria empresarial extrativista, perjudicial hasta hoy  a la ecología nacional y destructora de los bosques y la biodiversidad en territorios indígenas y deterioro de las fuentes de agua, vital para la supervivencia de sus pueblos.

8. Reorganizar el sistema diplomático nacional, con cargos estables y funcionarios de carrera, conocedores de la realidad y derecho internacionales, al margen de toda relación familiar y de presta nombre con el gobierno.

9. Revisión de todas las leyes, normas, reglamentos, códigos que atentan contra los derechos humanos, en libertad y en justicia,  en cuanto a la salud, vivienda, dieta alimentaria, educación, ocupación laboral, seguridad social, libertades ciudadanas.

10. Generar  una producción, en términos de nuestra realidad urbano rural, promoviendo una  inversión crediticia nacional al pequeño y mediano productor, de costo mínimo y plazos flexibles, de acuerdo al movimiento nacional y extranjero de los mercados.

11. Reconocimiento de la informalidad ocupacional, fuente cierta de ingresos para más del 50% de la PEA, como fuerza social con capacidad de crédito y promoción de desarrollo, que sigue en aumento por la ausencia de una industria nacional  sin  crecimiento, con dificultades, incluso, para un mañana.

12. Fiscalización, enjuiciamiento y castigo a los funcionarios del gobierno que fenece culpables de violar la Constitución, promover con sus acciones  la corrupción administrativa, jurídica y financiera, obstaculizar la justicia  al  dar paso a la impunidad…

El Ecuador que necesitamos exige, por lo tanto, a quienes obtengan la victoria en las elecciones próximas, sindéresis política entre su honestidad ciudadana, la realidad social deteriorada que vive el país y el proyecto global de bienestar indispensable para un desarrollo nacional sustentable.