“ Se reconoce y garantiza… a los pueblos y nacionalidades indígenas…no ser desplazados de sus tierras ancestrales… con inclusión del derecho a recuperar, promover y proteger los lugares rituales y sagrados, así como plantas, animales, minerales y ecosistemas dentro de sus territorios”. Art. 57, Nos 11 y 12 Constitución nacional vigente.
No es de ahora eso de promover la desintegración social indígena. Son muchos, muchos años que las culturas nativas de nuestra América, luego de iniciada la vida republicana, han tenido que soportar en bien de una supervivencia casi siempre maltrecha y deteriorada. Tierras, lenguas, valores sociales, conductas tradicionales, educación ancestral han sido los referentes por la lucha diaria de mantener su heredad. En realidad, los pueblos originarios aun haciendo presencia, son solo los sobrevivientes de un etnocidio programado… Es que, aquí, en Latinoamérica, el indio al que los gobiernos respaldan es el indio muerto, el indio de museo, el indio que sirve de obsesión casi morbosa al turista… El indio vivo es alguien que pide respeto, lucha contra la confiscación de sus tierras, exige libertades y derechos. ¿Peligroso? ¿Proyecto de terrorista?
¿No es que los 200.000 indios mayas de Guatemala, sacrificados por orden gubernamental entre 1960 y 1990, aun claman con una factura social y política impaga? ¿Qué decir de la explotación permanente de los 15 millones de indios, hombres, mujeres y niños de México, arrastrados a la miseria por el tráfico de drogas, la prostitución organizada, el comercio de órganos, el servicio doméstico y la mano de obra barata aprovechada por los grandes finqueros? ¿No es que en Chile, en plena democracia y con una socialista en la presidencia, los pueblos Mapuche siguen sin ser reconocidos como tales, de acuerdo a los “Derechos de los Pueblos Indígenas” aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en septiembre del 2007? Este no reconocimiento, está claro, es simplemente un etnocidio a largo plazo, al no permitir que vivan, por autodeterminación, en sus territorios, con sus leyes y tradiciones.
Lo que hoy pasa aquí, en Ecuador, tiene idéntico rostro a lo antes indicado. El gobierno actual vistió con las camisas bordadas y poncho indio con sombrero de paño, y hasta recibió el bastón de mando y la limpieza de purificación de las comunidades indígenas. Pero cada vez que ha podido, y con cualquier pretexto criminaliza la protesta indígena, persigue el reclamo por el manejo del agua, el cultivo de sus tierras, el cuidado de sus ambientes, la educación, salud e higiene de sus hijos destruyendo sus casas y atropellando sus familias. Y como los que reclaman son los “culpables”, estos culpables han terminado enjuiciados y en la cárcel…Para la CONAIE cerca de 700 casos, en estos 10 años de Correa, han tenido que ver con juicios a indígenas por optar, con resistencia y movilizaciones, ante el abuso del poder gubernamental.
Lo de este diciembre en Morona Santiago, que está dejando muertos y heridos, e insiste en la persecución de los nativos, no es más que otro avance contra los pueblos indígenas. Se trata de la defensa del gobierno de la empresa minera china Explocobres S.A. (EXSA), concesionaria a 25 años para explotación de cobre a cielo abierto, que, destruyendo bosques e infectando las aguas necesarias para la subsistencia de indios shuar, pretende abusar por su padrinazgo en altas esferas. ¿Es que en verdad es la defensa, la seguridad social, con cantidad de militares armados, de una inversión extranjera, correctamente convenida? ¿O es la defensa de un convenio ilegal e inconstitucional, pero de amarre que entrega soberanía nacional, para seguir enamorando las posibilidades crediticias con el gobierno chino? PUES DE HECHO, LA EXPLOTACIÓN MINERA EN DICHA ZONA ES ILEGAL Y ANTICONSTITUCIONAL.
El lugar, las hectáreas en manos de la empresa china, es territorio shuar ancestral y su reclamo tiene que ver, justamente, en que al no ser tomados en cuenta para el convenio de explotación, este no procede. ¿Qué dice la Constitución? Además de todas las garantías y protecciones ya indicadas los numerales 16 y 17 del Art. 57 aclaran que los pueblos indígenas aludidos deben “participar… en la definición de las políticas públicas que les conciernan, así como en el diseño y la decisión de sus prioridades en los planes y proyectos del Estado”. Pero, especialmente, “Ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos”. Semejante diálogo, dicen la CONAIE y COFENAIE, jamás ha existido. Parte grave, muy grave de esta arbitrariedad del gobierno es permitir la extracción mineral a cielo abierto, algo totalmente antitécnico y anti ecológico, que pone en peligro de extinción a los pueblos residentes del área y aledaños, según explicación de Acción Ecológica.
Pedimos desde esta columna la intervención de los organismos internacionales, para ver si así entra en calma la arbitrariedad gubernamental. Pero también la intervención de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia en cuanto a que se oiga su voz respecto a la inmoralidad, inconstitucionalidad e ilegitimidad con que actúa la presidencia nacional en este intento de etnocidio en Morona Santiago…
