El 2017 comienza, al menos en Venezuela, de manera muy parecida al 2016, cuando la Asamblea Nacional, en manos de los partidos de oposición, por primera vez en los últimos dieciocho años, nombraba una nueva junta directiva e iniciaba un nuevo periodo legislativo pletórico de promesas dirigidas principalmente a buscar una solución político-constitucional a la crisis humanitaria e institucional del país.
Un año después, el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, diputado Julio Borges, se estrena con un discurso menos directo que el de su predecesor Henry Ramos Allup, pero repleto de alegorías y simbolismos históricos, dirigido principalmente al sector militar, lleno de buenos augurios que presagian un futuro esperanzador para los venezolanos, siempre que haya elecciones este año para todos los cargos elegibles, incluida la presidencia del país. En resumen, un toque de diana a los militares, para que apoyen un adelanto de las elecciones presidenciales y legislativas, que permita una salida democrática al régimen actual, además de una solución práctica, sin tener que esperar dos largos años, a todo un país.
Ahora bien, ¿ha cambiado algo en estos doce meses que haga más viable la propuesta de Borges? ¿Porque habría de aceptar el régimen un ofrecimiento así, faltando dos años para las elecciones presidenciales y habiendo probado que puede gobernar al margen de la Constitución, sin Poder Legislativo y haciendo prácticamente lo que le viene en gana?
Como reforzamiento del discurso golpista, calificó ya el oficialismo a los pronunciamientos del nuevo presidente de la Asamblea Nacional. Lo único pues, que cabe esperar del gobierno es la continuación de su guerra total contra la oposición, a sabiendas de que mientras tenga el control del resto de los poderes públicos, de los recursos de la nación y de los cuarteles, podrá mantener frente a los organismos internacionales ese discurso cínico de gobierno electo popularmente; amuleto de la democracia que cual protección divina, aleja a los malos espíritus de la oposición,
Por lo tanto, la respuesta es no; no ha cambiado nada en todo ese tiempo, al menos en lo fundamental. Y lo fundamental no es más que la necesidad por parte de la oposición de consenso político.
De nada sirve que la gran mayoría de los venezolanos deseen la salida de Maduro, si no hay referéndum revocatorio o elecciones. Pensar, por lo mismo, que una declaratoria de abandono del cargo, de conformidad con el Artículo 234 de la Constitución de Venezuela, por parte de la Asamblea Nacional, como se está proponiendo ahora, sin que haya un acuerdo político que incluya a sectores del oficialismo, militares y demás fuerzas vivas del país, va a hacer que Maduro se marche del gobierno, es lo mismo que creer que Carlos Andrés Pérez fue defenestrado de la Presidencia en 1993 por el caso del Sierra Nevada, o que el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, más recientemente, en septiembre del 2015, fue llevado ante la justicia por mero incumplimiento de la ley. La verdad es que habría que ser bien ingenuo, para creer que en política las cosas se dan de esa manera tan sencilla, sin un acuerdo entre los protagonistas del poder que permita la aplicación de la ley. Así de crudo es esto.
Si durante el 2016 perdimos el tiempo hablando de referéndum revocatorio, de enmienda constitucional, de constituyente, de responsabilidad política e incluso de renuncia; volver ahora con que, para llamar a elecciones es necesario decretar el abandono de Maduro de su cargo de Presidente es más de lo mismo y lo único que muestra es la falta de estrategia o, en todo caso, la duda de cómo actuar desde la Asamblea Nacional para inducir o precipitar la salida de este gobierno
Todas las transformaciones constitucionales efectuadas en América Latina desde los noventa para acá, se han dado dentro de un ambiente de consenso y conveniencia política, donde el presidente de turno contaba con el visto bueno de su propia tolda política, de las instituciones, así como de una buena o no tan mala posición en las mediciones de opinión. Por eso fracasó, por ejemplo, la intentona de reforma constitucional para la reelección de Zelaya en Honduras, hace unos años atrás. Si no hubo los apoyos necesarios para el revocatorio, ni de la propia oposición entera, menos los habrá para poner en práctica una declaratoria de ese tipo, que por lo demás, tampoco cumple jurídicamente con los elementos de tipicidad requeridos.
Para el momento en que escribo este artículo la Asamblea Nacional está aprobando el abandono del cargo de Nicolás Maduro. Pensamos que ocurrirá lo de siempre y que el Tribunal Supremo de Justicia actuando en calidad de agente del régimen sentenciará la nulidad del tal acto legislativo con los mismos espurios argumentos de siempre, esto es, que la Asamblea se encuentra en desacato, que todas sus actuaciones son ilegales, que no hay motivos para justificar el abandono del cargo presidencial, etc, Pero en la práctica, el enfrentamiento entre gobierno y Asamblea arreciará y sin contar con los apoyos políticos necesarios, Maduro no acatará tal decisión, calificándola, sin lugar a dudas, como un golpe de estado, con todas sus consecuencias.
Lamentablemente, la oposición sigue en el mismo laberinto de hace un año; ni encuentra la salida, ni quien le ayude a encontrarla. Aunque en esta ocasión la cuerda podría reventar, y no precisamente por la parte mas delgada.
