Si hay algo cierto en la Venezuela de hoy, es que su situación política se vuelve cada vez más angustiosa y preocupante. Las declaraciones recientes del Consejo Nacional Electoral, a través de uno de sus Rectores, afirmando que la convocatoria para las elecciones de gobernadores, ya en mora, queda suspendida debido al proceso de renovación delos partidos políticos a cumplirse en los próximos días, son una muestra de ello.
Más aun, cuando días antes, otro de sus rectores había manifestado la posibilidad de convocar a dichas elecciones regionales mientras se realizaba la actualización de los partidos políticos que no hubiesen obtenido un equivalente al uno por ciento de la votación total habida en el último proceso comicial de diciembre 2015, cuando se renovó la Asamblea Nacional. Ninguno de los dos anuncios, es bueno para la oposición.
El problema radica en las condiciones y requisitos, similares a los solicitados por el CNE para el Referéndum Revocatorio el año pasado, que hacen imposible su cabal cumplimiento, poniendo en riesgo la existencia de la gran mayoría de las organizaciones políticas de la oposición venezolana; solo se salvaría la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la cual está en tela de juicio después de que representantes del gobierno solicitaron al CNE su no reconocimiento como partido político; petición que ya amenazaron con formalizar ante el TSJ.
Entre dichos requisitos se encuentra el manoseado y perverso mecanismo de control político, típico de los totalitarismos, de recoger firmas, en este caso de la militancia, las cuales deben ser ratificadas personalmente por ante las oficinas que el CNE indique, en fechas y horarios restringidos, con las penurias y padecimientos que ello supone. Posteriormente vendrá el proceso de cotejo, ratificación e impugnación de dichas firmas, con la consiguiente aparición de “falsificaciones”, duplicidades o repetición de firmas, que el CNE encontrará, con toda seguridad, en los listados presentados por cada organización política, como ya ocurrió en procesos anteriores
Todo eso, aunado al temor que indudablemente tiene la gente, ante la posibilidad de publicidad de sus datos personales, tal como les pasó a quienes suscribieron la solicitud de referéndum, del año 2004, para revocar al entonces presidente Chávez de su cargo, con la denominada “lista Tascón”, la cual les condenó a sufrir las consecuencias de discriminación y señalamiento público, como si fuesen parias, por parte del régimen, que les dificultó, incluso a las personas firmantes, la búsqueda de empleo en determinados sectores y empresas.
Para ponerlo en blanco y negro, la situación es la siguiente. Si partidos históricos como Acción Democrática, Copei y algunos más nuevos como Primero Justicia o Un Nuevo Tiempo, todos de la oposición, no logran relegitimarse, esto es, conseguir que unas cien mil personas en su conjunto, al menos en doce estados del país, les firmen las planillas de membrecía, que luego las ratifiquen ante el CNE y que finalmente no haya objeciones u observaciones por parte del organismo electoral, entonces no habrá elecciones regionales, ni municipales, ni presidenciales con la participación de dichas organizaciones políticas. Solo participarían, de convocarse las mismas, el PSUV, partido de gobierno y la MUD, si el CNE o el TSJ no se lo impiden. En caso contrario, de lograr aquellos partidos políticos u otro cualquiera, dicha renovación, las elecciones, de ser convocadas, se efectuarían para el segundo semestre del año en curso.
De modo que el panorama no es alentador, sobre todo, si tomamos en cuenta el comportamiento del gobierno en el caso del Revocatorio, durante el año pasado, al requerir un 1% de firmas, no establecidas en la Constitución, en todos los estados del país, como condición previa para solicitar el referéndum revocatorio. Firmas que no obstante ser recogidas, fueron posteriormente procesadas por el CNE, con los resultados ya conocidos de que muchas de ellas fueron consideradas fraudulentas por dicho organismo electoral. Ello, unido a la inacción y negligencia de la dirigencia opositora nos llevó a relegar dicho revocatorio contra Maduro al olvido; no obstante haber tiempo, por ser el 19 de abril próximo, como lo hemos venido repitiendo, la fecha tope del cuarto año, establecido en la Constitución, para realizarlo.
El futuro político de la democracia en Venezuela, ya ennegrecido por la muerte del Revocatorio, se encuentra ahora mismo en veremos, en lo que a la elección delos 23 gobernadores se refiere, dada la posibilidad de que no haya comicios, lo cual favorece al gobierno, o bien de que ninguno de los partidos políticos de la oposición pueda competir, en el caso de que haya convocatoria. Algo que curiosamente, a finales del año pasado, el gobierno se negaba a hacer utilizando argumentos insulsos, pero que ahora mismo pudiera empeñarse en realizar, con todo a su favor, incluida la jugarreta de inhabilitar a la MUD, y aun a riesgo de que la comunidad internacional acuse a Maduro de dictador o a su gobierno de no democrático.
Total, para decirlo en criollo, ¿qué es una raya más pa´ un tigre?
