El pan nuestro de cada día

Cuando en 1999, Hugo Chávez llega a la presidencia de Venezuela lleno de augurios y promesas, los precios del petróleo heredados de su predecesor Rafael Caldera, estaban por debajo de los 8 dólares el barril. Sin embargo, remontaron a finales de ese mismo año, alcanzando los 25 dólares, para mantenerse en una escala ascendente, por encima de los 20 dólares, desde el 2001 hasta el 2008, año cuando el barril de crudo toca techos históricos por encima de los 94 dólares. Es la época dorada del chavismo, con su apogeo a partir del 2005, caracterizada internamente, por las Misiones sociales en barrios y sectores populares, llevando asistencia médica, alimentos y repartiendo ayudas económicas, entre otros; así como, exportando la “revolución” a países como Ecuador, Bolivia y Nicaragua.

Con la caída de aquellos precios entre el 2008 y el 2010, en unos 30 dólares promedio, lo cual generó una crisis económica para el gobierno, no obstante seguir el crudo rebasando los 60 dólares y dispararse en el 2011 por encima de los 100, es cuando se empieza a hablar, específicamente, de “guerra económica”; aunque algunos años antes, en un contexto más amplio, ya Chávez había hecho referencia a la lucha del pueblo versus la oligarquía y la burguesía. Por supuesto, la palabra crisis no gustaba. Lo cierto, es que la expresión “guerra económica” se acuñó, y se utilizó como un argumento que permitía, además, echarle la culpa a la oposición política venezolana, empresarios incluidos.

A partir del 2013, cuando Nicolás Maduro sustituye a Chávez en la presidencia, y dada la nueva caída de los precios del petróleo que los lleva a 50 dólares en el 2015, la “guerra económica” se entronizó  en el discurso del gobierno, convirtiéndose en una constante que pasó de los libros de texto, donde la lucha de clases es una figura protagónica del materialismo histórico, a la Venezuela del siglo XXI, convertida en una guerra concreta, una de verdad; pero más bien del gobierno en contra del ramo empresarial-comercial, que de este último contra el pueblo.

Junto con el  Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, creado en el 2003, el gobierno ha constituido en todo este tiempo, con el fin de garantizar la seguridad alimentaria establecida en la Constitución, una serie de organismos: Mercal, Abasto Bicentenario, Instituto Nacional de Nutrición, Gran Misión Alimentación, Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), FUNDAPROAL, Sunagro, VENALCASA, Lacteos «Los Andes», la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), la Corporación de Abastecimientos y Servicios Agrícolas,(CASA), y la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (PDVAL), empresa estatal esta última, que protagonizó, en el 2010, un escándalo nacional al ser descubiertas miles de toneladas de alimentos, importados y subsidiados por ella, con fecha de caducidad ya expirada. Además, se decretó en el año 2016, la Gran Misión Abastecimiento Seguro, coordinada por el Ministro de la Defensa, General Padrino López, a quien quedaron subordinados todos los ministerios e instituciones del Estado. Se trata de una gran operación “para ganar la guerra no convencional y la guerra económica”, según palabras del propio Maduro, que atacará problemas característicos de la economía rentista como el acaparamiento, la especulación, el contrabando, el bajo rendimiento productivo y el sistema distributivo de los alimentos. Desde el 2008, ya existe una guía, dentro del Sistema Integral de Control Agroalimentario, que permite al gobierno conocer la ruta de distribución de todos los alimentos básicos al detalle y, desde el 2014, la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria, ya viene supervisando supermercados y panaderías.

A pesar de todo este aparataje con el cual el gobierno controla toda la cadena de distribución, en Venezuela sigue habiendo escasez de alimentos de la cesta básica, pues adquirirlos a los precios regulados se hace difícil, dadas las colas infinitas que se presentan, y que, por vía de los intermediarios informales, conocidos como “bachaqueros”, es decir, revendedores del mercado negro, ante los cuales las autoridades se hacen la vista gorda, resulta muy caro, pues tienen precios dolarizados.

Si la guerra contra Empresas Polar, escaseó la materia prima para hacer arepas, producto de consumo masivo del venezolano, elevando el precio de la harina de maíz; la guerra contra las panaderías, promete más escenarios de estrechez para los venezolanos, quienes, desde hace ya más de dos años, deben armarse de paciencia y hacer colas interminables, para comprar pan, principalmente la típica baguette o barra, de precio regulado, conocida en Venezuela como “canilla”. Ello, no obstante, las “panaderías socialistas” creadas por el gobierno dese el 2012.

El esquema se repite desde hace tiempo; el argumento es el mismo. El gobierno asegura que hay harina, pero que los panaderos prefieren hacer otros productos, como bollería, donde los precios están liberados y no venderle pan al pueblo.

Lo que sigue, todo el mundo lo conoce. Expoliarán algunas panaderías, las entregarán a los CLAP y cuando queden desmanteladas y no produzcan nada, le seguirán echando la culpa a la guerra económica. Qué importa si en el proceso, varias familias quedan desempleadas, y el pan nuestro de cada día, sigue sin aparecer.